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Esta semana quedó en evidencia que, por encima del petróleo, el carbón o el oro, el recurso más valioso en manos del Estado se llama espectro radioeléctrico: las ondas electromagnéticas presentes en el ambiente que hacen posibles las telecomunicaciones. Y, en especial, la telefonía móvil.
Por eso no son de extrañar los frecuentes pulsos de poder entre los operadores móviles que integran la industria (diez en total, que generan ingresos anuales por cerca de $20 billones) y el Gobierno, en este caso el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), encargado de regular su uso.
El episodio más reciente se dio esta semana, justo cuando la cartera anunció las condiciones bajo las cuales renovará las licencias de uso del espectro que vienen utilizando desde 1994 Claro y Movistar, los operadores líderes. Cuando la industria apenas estaba asimilando los $4,13 billones que deberán cancelar para continuar explotando los 40 megahertz (MHz) asignados a cada compañía hace 20 años, Une, su competidor, se pronunció.
Por medio de una carta, Marc Eichmann, su presidente, expresó la intención de la compañía en participar en un eventual proceso de asignación del recurso que, en teoría, se debería devolver al Estado. Su intención es quedarse con una porción del espectro en la banda de 850 MHz, que facilitaría su cubrimiento de la tecnología 4G (fue el pionero en el país) en zonas apartadas.
Sin embargo, el ejecutivo reconoce que su petición está sujeta a las interpretaciones jurídicas: “Hay conceptos que sostienen que dicha renovación se podía realizar automáticamente. Nosotros creemos que, según el contrato original, la concesión se acaba tras la prórroga de 10 años firmada en 2004. Por ley, el espectro que retorna a manos del Estado debe asignarse de nuevo en un proceso de selección objetiva”.
La compañía con sede en Medellín accedió a la industria en 2010, cuando, a través de una subasta, se hizo con 50 MHz en la banda de 2.500 MHz, por lo cual tuvo que pagar $80.000 millones. Si bien eso le ha permitido extender redes a más de una docena de ciudades, enfrenta un gran reto: esa banda es perfecta para transmitir datos de alta complejidad (como videos en alta definición o imágenes diagnósticas), pero requiere amplias inversiones para garantizar cobertura. Caso contrario si contaran con espectro en bandas bajas (entre 700 y 900 MHz).
Aunque el Ministerio de las TIC tiene planeado realizar una subasta de 90 MHz en la banda de 700 MHz para el segundo semestre, Une prefirió actuar con antelación. “En una entrevista con un medio internacional, el ministro Molano dijo que no había interesados en participar en ese proceso, cuando hace dos años, en compañía del alcalde de Medellín, lo confirmamos. A nosotros nos afecta no tener espectro en bandas bajas porque no podemos ofrecer servicios de voz en el mercado”, expresó Eichmann. El Espectador no pudo confirmar la veracidad de esa declaraciones.
Pero otra interpretación desestima su petición. La Ley 1341 de 2009, que desde entonces rige al sector, creó un régimen de transición para los contratos firmados en 1994 que contemplan la reversión de infraestructura. Bajo aquel esquema, el Gobierno está obligado a garantizar el cubrimiento del servicio (las cifras oficiales revelan que Claro y Movistar concentran el 81,71% del mercado) mediante la renovación de su licencia de uso del espectro por el mismo período de la concesión original: 10 años prorrogables por un período similar.
De hecho, analistas que pidieron la reserva de su nombre aseguraron que Une podría salir perjudicado con su estrategia: “Son los menos indicados para hacer esa petición. Como están en un proceso de fusión con Tigo, quedarían con 105 MHz de espectro, violando así el tope de 85 MHz. Son ellos quienes tendrían que devolverlo y lo harán con el más barato, el que hoy está en poder de Tigo, transfiriéndole de paso todo el detrimento patrimonial al Estado”.
dmayorga@elespectador.com