La urgencia de la subasta 4G

Un análisis de la OCDE criticando la concentración en el sector puso en evidencia la importancia de realizar la asignación del espectro, con la que se llevaría banda ancha a las clases bajas.

Según la CAF, la actual infraestructura de telecomunicaciones de Colombia se encuentra en un nivel medio dentro de la región. / 123rf
Según la CAF, la actual infraestructura de telecomunicaciones de Colombia se encuentra en un nivel medio dentro de la región. / 123rf

La paciencia comienza a agotarse en el sector de la telefonía móvil. Cuatro meses y una semana después de que el Gobierno anunciara la publicación de las condiciones para que los operadores participen en la subasta de asignación de 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico, la más grande en la historia del país, el mutismo se ha profundizado.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), las entidades que tienen a su cargo el proyecto, el silencio es absoluto: se dice que hay un borrador de la resolución con la que se definirían las fórmulas de participación, pero no se ha confirmado. Y como es de suponerse, los rumores sobre cambios de forma al modelo revelado (que la puja de Claro, el operador dominante, se restrinja a las bandas altas) pululan en el ambiente.

Y para añadirle mayor presión a todo este proceso, que podría significarle al Estado ingresos de $480.000 millones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó la semana pasada un informe en el que manifiesta su preocupación por las cargas en el sector que dificultan la libre competencia: “La concentración en la industria de la telefonía móvil es una de las más altas del mundo, con un impacto adverso en el precio del servicio, lo que genera medidas que tienden a incrementar la competencia entre los operadores”.

Este desequilibrio también fue registrado en un análisis de Fedesarrollo publicado el año pasado, según el cual el costo para los colombianos asciende a US$2.600 millones al año. “Está comprobado matemáticamente el alto grado de concentración de mercado de Claro. De hecho, se encuentra establecido en la ley”, comenta el senador Jorge Enrique Robledo, haciendo referencia a la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en 2009, que lo declara como operador dominante (el propio Ministerio TIC registró en el tercer trimestre de 2012 que la compañía abarca el 61,52% de los usuarios).

Es por esto que la subasta de espectro, con la que se busca masificar la tecnología LTE (mejor conocida como 4G, que permite mayor velocidad de navegación por internet y descarga de contenidos), adquiere un matiz de urgencia. Porque, además de equilibrar las cargas en la industria, es necesaria para fortalecer la penetración de banda ancha en las clases menos adineradas.

Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) sobre la infraestructura de telecomunicaciones en la región, sitúa a la colombiana en un nivel medio, con una penetración general de 95,39% (en países más avanzados, como Uruguay o Argentina, el índice asciende a 133,68%) y de apenas 2,57% de la banda ancha en las clases bajas. “El desarrollo regional se ha caracterizado por un estado avanzado de difusión de las telecomunicaciones móviles, desarrollo medio en la telefonía fija e internet y estado embrionario de banda ancha”, destaca.

“El Gobierno no ha sido capaz de diseñar una subasta que resuelva el problema de la concentración. El poder de Carlos Slim (propietario de Claro) en la industria es descomunal y el presidente Juan Manuel Santos no está dispuesto a ponerle el cascabel a ese gato. Y si no lo hace, no se presentarán más oferentes interesados en participar”, destacó Robledo, quien espera radicar este semestre un proyecto de ley antimonopolio para la telefonía móvil.