“Vaca” para la infraestructura

Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación. /Cortesía DNP

En el Plan Nacional de Desarrollo del año 2010 el Gobierno creó una figura llamada contratos plan con el fin de contar con una herramienta para optimizar las fuentes de inversión entre la Nación y los gobiernos territoriales, es decir, las gobernaciones y las alcaldías.

Dos años más tarde, dichos ‘acuerdos’ se pusieron en marcha con siete pilotos, contratos en nueve departamentos del país que involucraron 272 municipios en la iniciativa y una inversión de $12,6 billones, el 78% de esos recursos fueron de inversión nacional y una contrapartida de 22% de las regiones. Hasta ahí ya todo estaba escrito.

Entonces llegó la hoja de ruta 2014-2018 y allí se estableció la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan, que manejará recursos por más de $11 billones y garantizará la ejecución de obras de desarrollo prioritario en más de 400 municipios del país. ¿En qué? El Gobierno ha dicho que la baja conectividad vial es el principal factor de rezago económico en el país y aumenta las brechas regionales. Ese es el nicho.

Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, revela en conversación con El Espectador los avances de estos acuerdos y los proyectos a ejecutar en los próximos años.

¿De qué sirven los contratos plan?

En estos momentos de estrechez fiscal, el contrato plan es una herramienta para hacer más eficiente el gasto público, es decir, hacer rendir más la plata haciendo más con lo mismo. Con estos contratos podemos hacer una “vaca” de recursos entre la Nación, las regalías y alcaldes y gobernadores para las obras de alto impacto que es necesario hacer en cada departamento.

¿Cómo se maneja en este caso la destinación de recursos?

La manera como funciona es que el Gobierno Nacional se compromete a aportar el 60% de esta bolsa, o “vaca”, y los entes territoriales el 40% restante del total de los recursos.

¿Qué prioridades tienen estos contratos?

La prioridad es el cierre de brechas en cada departamento, porque en Colombia siempre ha habido un debate sobre la desigualdad entre regiones y departamentos. Ya tenemos contratos exitosos con Nariño, enfocados en zonas como el litoral pacífico y la frontera con el Ecuador, con componentes importantes, como inclusión social y productiva.

¿El balón está en el campo de alcaldes y gobernadores para el desarrollo de estos contratos?

Sin duda ellos son los que tienen que querer y es importante que lo soliciten, como lo han hecho tres departamentos recientemente: Cesar, Norte de Santander y Amazonas. Estos nuevos planes se suman a los siete ya existentes, y cuando realicemos la articulación de fuentes podremos tener en esta bolsa cerca de $3 billones para mejorar la calidad en inversión pública.

¿Cuáles son los proyectos específicos para estos tres departamentos?

Cada uno es diferente, pero tenemos enfoque en salud, acueducto y alcantarillado, vías y potenciales turísticos.

¿Cómo se blindan los contratos contra la corrupción?

Se trabaja con un seguimiento de entes de control y Planeación en este tipo de obras, y estamos trabajando en algunas iniciativas de gran importancia. Una de ellas es la estandarización de proyectos con una estructuración de pliegos que colaboren en la maximización de los recursos con un buen rendimiento.

¿De dónde salió este modelo de distribución de recursos?

Perú y Chile han querido aprender de nuestras experiencias en este modelo que originariamente es francés. Colombia fue el primer país en la región en implementarlo y estos países ven éxito en nuestra labor.

¿Qué viene para estos planes?

Una reglamentación en la que resaltemos que es realista en lo fiscal, reformista en su articulado y nos permitirá avanzar positivamente.

sdgonzalez@elespectador.com