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No ha pasado el suficiente tiempo como para olvidar esos años en los que los colombianos madrugaban para ver correr a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. El malestar de aquellos ciudadanos, que disfrutaban ver a uno de los suyos en esta competencia, podría ser mayor si se enteraran de que Colombia pudo comprar la F1 si no fuera por lo que nos cuesta la corrupción: los US$4.000 millones del sobrecosto de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) se acerca bastante a los US$4.400 millones que pagó Liberty Media para quedarse con este negocio (el viernes pasado el Consejo Mundial de Automovilismo dio luz a esta operación). Eso valió la Fórmula 1. Y este es tan sólo un ejemplo de todo lo que pudo hacer el país si no cargara el lastre de estas malas prácticas.
El dinero que se pierde por corrupción no es nada despreciable: de acuerdo con la investigación de la ONG Transparencia Internacional, Colombia es el país 37 de 168 en donde hay más corrupción. Además, el Fondo Monetario Internacional advierte que el costo anual de las malas prácticas es de cerca del 4 % del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de $40 billones. Debido a la magnitud de los recursos perdidos, es inevitable pensar en las implicaciones sobre la economía colombiana si esos recursos realmente se ejecutaran en el gasto público.
El profesor de economía de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter explica que “es complicado determinar cuánto representaría en términos de crecimiento económico un billón de pesos adicional de gasto público, producto de menos corrupción. Es mejor analizar todo lo que se puede hacer con esos recursos: carreteras, escuelas, hospitales, menos impuestos, etc.”.
Los $40 billones, por ejemplo, es el 90 % de lo que el Gobierno recaudó por concepto de IVA en 2015, y es más de seis veces lo que espera aumentar los ingresos de la nación la recién reforma tributaria. También alcanza para hacer tres veces el metro de Bogotá, y financiar por los próximos 100 años el programa Ser Pilo Paga. Además, se podría financiar un nuevo programa de carretas 4G del mismo calibre que el que se está ejecutando en este momento.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, comenta que “con la corrupción no sólo se pierden recursos que se pueden destinar a la inversión social, sino que también implica que se deberá recuperar ese dinero a través de los ciudadanos vía impuestos. Asimismo, es un fenómeno que perjudica la confianza de los ciudadanos, lo cual desmotiva el pago de tributos”.
Mac Master también se refiere al reciente escándalo de Odebrecht, en el cual se conoció que la empresa pagó sobornos por US$11 millones esperando recibir ganancias vía contratos adjudicados del orden de los US$50 millones: “Este tipo de casos lo que hacen es estigmatizar a un sector en el que no todos son corruptos. Una empresa constructora extranjera podría pensarlo dos veces antes de entrar a Colombia por este tipo de escándalos, que no necesariamente refleja la situación de esta actividad. Lo que podría afectar la inversión”.
Por su parte, José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, señala que “las mismas calificadoras de riesgo indicaron que uno de los principales problemas de Colombia es el gasto público, pues es muy ineficiente y la mayoría se va en gastos burocráticos. Es un problema serio que tiene repercusiones en los bolsillos de los colombianos: los $6 billones que recaudará la reforma tributaria es menos de lo que suman los siete casos grandes de hallazgos fiscales que la Contraloría está investigando en este momento. Y eso que no se sabe mucho de los escándalos en las regiones y pequeños municipios. Es una lástima, porque ese dinero que se pierde debería ser invertido en la educación, y sobre todo en una que sea intensiva en valores éticos”.
El agudizamiento de la percepción de corrupción de los colombianos por casos como el de Odebrecht motivó a algunos políticos como la senadora y precandidata presidencial Claudia López a impulsar una “firmatón” para realizar una consulta popular en la cual se busca tomar una serie de medidas ante el problema de las malas prácticas en Colombia. Por ejemplo, se propone limitar a tres períodos el tiempo permitido de los congresistas, y que éstos presenten su declaración de renta antes y después de terminar su labor ante el Estado. Mientras tanto, sólo falta esperar si los juicios de casos como Reficar y Odebrecht terminan en una devolución de recursos que podrían servir para el beneficio de los colombianos. O, si darse un lujo se trata, para comprar a la Fórmula 1.