Venta de Isagén comprometería expansión del sistema eléctrico

Este miércoles se efectuará la subasta de la participación del Estado en la generadora de energía con un solo oferente.

Este miércoles se llevará a cabo la venta de la participación del Estado (57,6 %) en Isagén. En un extraño proceso de subasta, en la que solamente habrá un oferente, el fondo de inversión canadiense Brookfield se quedará con la mayoría accionaria de la tercera generadora del país y el único activo estatal en el sector eléctrico.

Pese a que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que sí era posible efectuar el proceso a pesar de que solo una firma pujara, el exmagistrado del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo —quien hizo parte de la Sala Plena que detuvo el proceso de licitación para el tercer canal por haber un único interesado—, aseguró que esta misma razón animó al alto tribunal a frenar dicho proceso.

“En aquella oportunidad, buena parte de la reflexiones del Consejo de Estado se formularon acerca de la inexistencia de normas legales que en forma específica regularan el procedimiento de subasta y que autorizaran la adjudicación con un solo y único oferente, y por esa razón la norma o la disposición puramente administrativa o reglamentaria que contenía el pliego de condiciones para autorizar esa clase de adjudicación fue suspendida y después fue anulada”, explicó.

Aunque para Fajardo ese mismo principio debería ser aplicado para impedir el proceso que se lleva a cabo hoy, con contundencia el Gobierno ha insistido en la importancia, y por lo tanto irreversibilidad, de la operación.

Otra de las voces que se manifestaron ayer fue la de la Procuraduría, que alertó porque “si el Gobierno insiste en vender Isagén en las actuales condiciones, se perderían más de dos billones de pesos, que representan 0,46 dólares menos que se pagará por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno en el año 2013”.

El telón de fondo de la enajenación del activo eléctrico, sin embargo, no es menos importante. Si bien los $6,4 billones que pagaría el fondo canadiense por Isagén se utilizarán en poner a punto la infraestructura, el monto exigido por el presidente Juan Manuel Santos por este activo no es un capricho o un “regalo” a los inversionistas extranjeros, sino una consecuencia del desprestigio del que ahora goza el sector eléctrico, tras las últimas decisiones para sortear el fenómeno de El Niño.

Uno de los representantes de un reconocido grupo de inversión, que pidió no ser citado, manifestó que Isagén está siendo vendida en un precio irracional, pues aunque construir un megavatio de hidroeléctrica cuesta entre US$2 millones y US$3 millones, el Gobierno pidió entre US$1 millón y US$1,5 millones.

“Los bancos no quieren exposición al sector eléctrico, los inversionistas dicen que las reglas ya no son estables. Hay un enorme ruido alrededor de la regulación (para el sector eléctrico) en Colombia, que antes era del mismo nivel de la de Estados Unidos”. De acuerdo con el inversionista, aun cuando se quisiera aumentar el precio de la generadora, las condiciones actuales del mercado eléctrico harían menos atractivo para un foráneo apostar por Isagén, entonces un mal se está compensando con otro.

Entre tanto, los rumores que se han ido sumando al posible aumento de las tarifas de la energía fueron desementidos por tres expertos consultados por este diario, quienes además consideran que la soberanía energética no se perdería, como han expresado opositores a la venta.

Según José Arturo Quirós, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, el que Isagén cambie de manos “no va a tener ningún impacto para el sector eléctrico, porque está muy bien regulado. Hay una Superintendencia de Servicios Públicos encargada de vigilar las firmas. Las experiencias de los últimos 23 años son que el capital privado ha trabajado muy bien en este sector”.

Este principio tiene mucho sentido para los expertos, si se tiene en cuenta que Isagén no puede ni podrá vender por debajo ni por encima de los precios del mercado y, como se ha demostrado hasta ahora, la empresa ha aprovechado el rentable negocio de vender energía.

No obstante, lo que sí perdería Colombia es un instrumento para el desarrollo de nuevas fuentes de energía y la expansión del sistema eléctrico pues, además de la apuesta de Emgesa con la hidroeléctrica de El Quimbo, las empresas privadas han preferido maximizar sus ganancias que desarrollar nuevos proyectos de infraestructura eléctrica.

“El cambio climático puede generar mayores sequías y todo esto afecta la generación, el país necesita diversificación de fuentes de energía e Isagén es un instrumento gracias al que se estaban desarrollando plantas eólicas, la geotermia (tienen un proyecto en estado de prefactibilidad en Nariño) y esto se puede perder porque las firmas tienen unos objetivos distintos”, aseguró Germán Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional.

Las dificultades sociales y ambientales para construir grandes hidroeléctricas han hecho que las empresas del sector, a nivel mundial, revalúen su estrategia y se enfoquen en el desarrollo de proyectos mucho más pequeños y rentables y descarten los desarrollos e investigación de nuevas fuentes de energía, que es una de las fortalezas de Isagén.

Un sondeo realizado en ElEspectador.com, en el que más de tres mil personas habían participado al cierre de esta edición, dejó en evidencia la oposición de la ciudadanía a esta operación. Mientras cerca del 91% de los participantes respondieron No a que se llevara a cabo la subasta con un solo oferente, tan solo 4 % dijeron que Sí. A pesar de las voces de rechazo, la enajenación es prácticamente un hecho. No hay otra opción que confiar en que los $6,4 billones que generará la venta sean suficientes para impulsar un programa que cuesta $35 billones y del que hasta ahora solo hay planos. Como dice el ministro Cárdenas (ver columna), preparémonos para pensar en el futuro.