El Gobierno radicó el martes pasado un nuevo proyecto de ley de primer empleo. Una iniciativa que busca revivir incentivos de la ley de empleo juvenil de 2010 que fueron mitigados por las dos anteriores reformas tributarias, para que las empresas contraten a jóvenes sin experiencia.
El Espectador habló con el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien reconoció que uno de los incentivos de este proyecto de ley puede afectar el ingreso de las cajas de compensación, pues propone, en el caso de jóvenes sin experiencia, subsidiar el pago de 4 % que las empresas tienen que hacer a estos organismos.
El funcionario también le contó a este diario sobre el plan de trabajo para la reforma pensional, las dificultades que se vienen sobre la negociación del salario mínimo de 2016 y advirtió que tiene solicitudes de despidos masivos de tres empresas. Además indicó que el censo sindical que se realizará busca detectar la ilegalidad de este sector y que puede ser el punto de partida para hacer cambios de fondo.
¿Qué se logró con ley anterior de primer empleo?
Se logró un porcentaje menor de desempleo juvenil. En el 2010 la tasa de desocupación estaba en 20,2 % y hoy está en 15,4 %. Sin embargo, todavía es muy alto, pues quiere decir que de cada dos colombianos que están buscando empleo, uno está en la edad entre los 18 y 28 años. Y es una situación mucho peor entre las mujeres jóvenes, que tienen un indicador de 20,9 %. Por esto es que lanzamos una nueva ley de primer empleo. La meta para 2018 es bajar la tasa de desempleo entre jóvenes al 13,9 %, que es el promedio mundial de desempleo juvenil.
¿Qué tiene de nuevo esta nueva ley?
En este proyecto de ley proponemos que el requisito de la libreta militar deje de ser una barrera para que los jóvenes puedan acceder a un empleo. Por esto bajamos la edad de servicio militar de 28 a 24 años. Una iniciativa que irá acompañada de una programa de plan de pagos de las deudas por remisos, lo que contempla una condonación de hasta el 80 %. Esto es uno de los pilares de la nueva ley, pues hay actualmente 580 mil jóvenes sin solucionar su situación militar.
¿Y qué estímulos habrá para la generación de trabajo?
Las compañías que contraten jóvenes no tendrán que pagar sobre éstos el aporte del 4 % que tienen que hacer a las cajas de compensación. También se brindará una serie de incentivos de emprendimiento, como la eliminación del pago de los registros mercantiles en las nuevas empresas que contraten personal joven. Y se dará un capital semilla si son iniciativas enfocadas al campo. Asimismo, se buscará promover la contratación en el sector público, para esto se ofrecerán prácticas laborales remuneradas.
¿El subsidio del 4 % no afectaría el ingreso de las cajas de compensación?
Evidentemente el ingreso de las cajas de compensación se verá afectado. Sin embargo, consideramos que este es el mejor programa de responsabilidad social empresarial que puede haber, pues es un compromiso de las cajas en función del empleo, pero a su vez se trata de un estímulo para que las compañías contraten a jóvenes.
Queda poco por quitar en términos de seguir dándole estímulos a las empresas para que contraten a trabajadores jóvenes, ¿cómo garantizar que esta ley no pierda atractivo para que en cuatro años no haya necesidad de crear un nueva, y que no se corra el riesgo de no tener con que incentivar a las compañías?
Esta ley la ubicamos en el marco de la de 2010, y no quisimos hablar de exenciones pues sabemos que se viene una reforma tributaria el próximo año. Esperamos que a mediados del próximo ya se conozcan los detalles del cambio fiscal que se viene para que esta nueva ley de primer empleo incorpore alguno de esos elementos.
¿Hay coordinación de ambos ministerios?
Plena. Por eso es que el ministro de Hacienda nos dijo que no se comprometía a dar exenciones y de estímulos porque lo que se está discutiendo una estructura tributaria de fondo. Pero sí estamos rescatando el tema de rentas que se logró en 2010.
Los analistas laborales consideran que la nueva ley de primer empleo no ataca el problema de raíz, que es la falta de comunicación entre las entidades educativas y las empresas. ¿Cómo piensan hacer frente a esta situación?
Tienen razón los que consideran que la formación en la educación superior tiene que estar dirigida al empleo. Por eso trabajamos para que se lograra pasar de que el 25 a 50% la proporción de graduados del SENA que consiguen trabajo, y la meta para 2018 es elevar este indicador hasta el 75%.
Pasando al tema de la tan esperada reforma pensional, ¿cuál es el plan de trabajo el próximo año?
En marzo de 2016 vamos a llevar a la mesa de concertación una síntesis de todas las iniciativas que se requieren y se proponen en materia pensional. Se incorporarán medidas que armonicen el régimen de prima media con el del ahorro individual, las miradas de las entidades externas como el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE, y también los proyectos por fuera del Gobierno, como la ampliación de licencia de maternidad. Desde este momento comenzaremos a debatir con los gremios empresariales y los sindicatos para buscar un acuerdo de reforma pensional.
El malestar que hay con estos debates es que demoran tiempo, y ya van más de dos años que se ha venido prorrogando la reforma pensional. ¿No se está tardando mucho el proceso?
Existe una presión muy fuerte sobre la reforma pensional, no solo de medios, sino también por temas de sostenibilidad. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad Pensional comenzará a tener pérdidas en 2018 y actualmente el 16 % del presupuesto general de la Nación se dedica a pensiones. Por esto yo aspiro que a mediados de 2016, por lo menos antes del 20 de julio, podamos presentar un documento de reforma pensional. La cual ojalá sea concertada entre gremios y sindicatos, y si no se logra, redirigiremos el debate al Congreso, porque es un cambio que se requiere.
Además de concertar entre gremios y sindicatos, ¿no se debe también buscar una concertación con las entidades externas? Como la OCDE que propone elevar la edad de jubilación.
Estoy de acuerdo que las propuestas de los organismos internacionales no están para menospreciarlas, pero no nos dan cartilla porque cada país tiene características diferentes. Por ejemplo si se busca una normativa en materia de licencias de maternidad parecida a la de noruega, se debe tener una economía parecida. No veo el tema de la OCDE como una orden, y los cambios en materia pensional no se han visto como un condicionante para entrar a este prestigioso club de países.
¿Cómo tomaron los resultados del informe “Colombia Envejece”?
Fue un excelente informe que nos advirtió que la expectativa de vida de Colombia aumentó y que la fecundidad no es la misma de antes. Nos hizo reflexionar y por el momento no existen políticas públicas en este aspecto, por eso pienso meterme de lleno a la ley del cuidador para poder brindar ayudas a los colombianos de mayor edad.
En cuanto al salario mínimo, ¿cómo está el clima de negociación?
Es impresionante que se estén logrando avances en la negociación de la paz, pero que no se logren acuerdos entre legales. Me impresiona volver al mismo ritual en la negociación del salario mínimo. Por un lado están los empresarios diciendo que subir el costo por trabajador por encima de la inflación causada provoca desempleo, cuando está demostrado que en los últimos años siempre se ha elevado por encima de este porcentaje y el nivel de desocupación no se ha visto afectada por este factor, sino por otros determinantes más estructurales. Por el otro lado están los sindicatos, que proponen un alza de salarios alta, alegando recuperar todos los años que se han perdido en materia de remuneración laboral. Y el equipo económico del Gobierno no puede seguir buscando proteger las variables macroeconómicas del país a costa de la reducción del pago a los trabajadores.
¿Hay complicaciones para este año?
Estoy en medio de los carros chocones. La situación macroeconómica es mejor que la de muchos países de la región, pero no es la misma que la que se vivía hace un par de años. Sin embargo, seguiré en la tarea de buscar un salario mínimo concertado, aunque se tenga que negociar en medio del fenómeno de El Niño, la devaluación, las políticas de austeridad, y el alza de las tasas de interés. Y pese al escepticismo haré lo posible.
Teniendo en cuenta que hay varios retos económicos, ¿el ministro de Hacienda no debería hacer parte este año de la mesa de concertación?
La pregunta no es si estará el ministro de Hacienda, debe estar en la comisión de concertación porque es lo que dicta la ley. El año pasado no lo cité, pero en esta negociación sí hará presencia, porque el debate debe incorporar todo el panorama económico.
Se espera que la paz se firme en marzo de 2016, ¿la negociación de este año no debe incorporar esta coyuntura?
Para mí, la negociación de este año se hará como si no hubiera todavía un acuerdo cerrado. Mientras no se firme, no podemos llevar este factor a la mesa de concertación.
¿Cómo van las tareas pendientes del Ministerio?, ¿seguirán trabajando por el cambio de las horas extras?
Planteamos la propuesta bajar en dos horas el horario de las horas extras y no le gustó a los sindicatos porque era muy poquito, y los empresarios no querían ceder ni un minuto. Y dado que no hubo concertación lo llevamos al congreso, pero éste decidió no darle continuidad a ese debate en esta legislatura, no sé si se reanudará en el próximo. Sin embargo hemos venido cumpliendo en termines de formalidad, con debates de normatividad y también solucionando conflictos.
¿Hay empresas que estén considerando hacer despidos masivos?
Hay actualmente tres empresas pidiéndome despidos masivos: Hyundai pide 4.000, Pacific 3.200, y Archies 1.200. Y yo les he dicho que yo no soy un notario ni un liquidador, yo vengo a generar empleo y no desempleo. Lo cual me pone en un debate muy duro, porque me tienen que justificar muy fuerte esos despidos.
Anunciaron que se viene un censo sindical, ¿cómo piensan proceder?
La primera etapa comienza el próximo 9 de noviembre y durante un mes nos reuniremos con todos los presidentes de los sindicatos para pedir sus cifras de afiliados. Un sondeo que nos dará una idea de cómo el censo puede ir más allá.
¿El censo también busca detectar la ilegalidad de algunos sindicatos?
Sirve para conocer el verdadero estado del sector. Una cosa es tener libertad sindical y otra cosa es libertinaje. Cómo es posible que haya 53 sindicatos en el Inpec. Además, ya hay siete centrales sindicales que están legalizadas. Los fueros no pueden volverse un escenario de juego, es una institución que hay que respetar. También estamos muy críticos con las cooperativas en el sector de la salud.
¿Hay intereses de usar el censo como un instrumento para hacer cambios estructurales en los sindicatos?
Totalmente. No hacemos el censo sólo para hacer un registro en el archivo nacional, sino para hacer políticas públicas que sirvan para reconocer a los sindicatos y que no vivan en la ilegalidad. También para que se pueda forjar un sindicalismo sólido en Colombia y para que las empresas no lo vean como un enemigo.