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En un evento en Bogotá, con agua de panela, almojábana y queso campesino, se inició ayer la campaña por el referendo por el agro colombiano, promovido por distintas organizaciones de trabajadores y productores agropecuarios. El objetivo es modificar artículos de la Constitución Política de Colombia para que allí queden plasmados derechos que reclaman representantes del sector campesino. (Ver documento)
La iniciativa busca cambiar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Carta Política nacional, para que explícitamente se incluyan aspectos como que es deber del Estado proteger la producción agraria del país y privilegiarla por encima de las importaciones; asegurar a los campesinos el acceso al agua y a sistemas de riego; renegociar los tratados de libre comercio y tener en cuenta a las empresas, campesinos, indígenas, comunidades negras, pescadores artesanales y demás trabajadores colombianos.
Asimismo, buscan introducir garantías para la equidad de género y obligar al Gobierno a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley en pro de la agricultura familiar que contemple “el derecho de las comunidades a conservar y controlar la biodiversidad y conocimientos asociados que se encuentren en sus territorios”. Finalmente, se obligaría al Estado a garantizar el acceso a crédito a todos los sectores agropecuarios y a limitar “la propiedad, uso y aprovechamiento de la tierra, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales por parte de los extranjeros”.
La iniciativa es promovida por las dignidades agropecuarias, el Comité de Impulso Nacional por la Agricultura Familiar, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Corporación Nacional de Comerciantes de Alimentos (Conalco), con el apoyo de la ONG Oxfam. Al evento de lanzamiento de la campaña asistieron los parlamentarios del Polo Democrático Jorge E. Robledo y Víctor Correa Vélez y el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, conocido como “el concejal de la familia”.
De acuerdo con Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, el referendo “tiene su origen en las palabras que nos dijera en la mesa de Tunja en el paro de 2013 el (hoy) ministro de Agricultura (Aurelio Iragorri), que si queremos cambiar el modelo de desarrollo del país, la política de importaciones y modificar los TLC, primero tenemos que derrotarlos, y eso es lo que vamos a hacer: intentar derrotarlos a través del mecanismo de participación”. Este diario intentó conocer los comentarios del Ministerio de Agricultura pero no fue posible.
Según Dignidad, la idea no es satanizar las importaciones. “Uno va alcanzando la soberanía. Si puede producir lenteja y reemplazar la lenteja extranjera, se reemplaza. Pero si un año la producción de lenteja no fue suficiente y se necesita traer, pues se trae. Y sobre el argumento del Gobierno de que el que sale afectado es el consumidor, el punto es producir: en la medida que produzcamos lo suficiente, bajamos los costos”, agregó Gutiérrez.
La propuesta aparece en un contexto de un reciente paro agrario al que, por cierto, Dignidad Agropecuaria no adhirió y un debate alrededor de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Ley 1776 de 2016), promovida por el Gobierno y sectores de la agroindustria, que propone la creación de zonas en donde empresas y campesinos se puedan asociar, pero que ha sido criticada por aspectos como que supuestamente legaliza tierra acumulada de forma irregular. Dicha ley se encuentra demandada ante la Corte Constitucional por, entre otras cosas, no haber cumplido con la consulta previa.
La idea del referendo surge además luego de los resultados del Censo Nacional Agropecuario, que dio cuenta de que sólo 16 % de los productores rurales tienen maquinaria y construcciones y el 10 % y el 11 %, respectivamente, han recibido asistencia técnica y pedido un crédito. Por su parte, el Gobierno promueve la siembra de un millón de hectáreas nuevas de ahora a 2018, a través del Plan Colombia Siembra, que nació enfocado en cultivos como el maíz y la soya. Según cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el país importa cerca de 28% de los alimentos que consume.
Rafael Mejía, presidente de la SAC, aseguró que sabe de la iniciativa y que el grupo legal y económico del gremio que representa se sentará a estudiar punto por punto la propuesta para entender sus implicaciones. “Hay unas cosas que se pueden hacer y otras que no, unas que están en curso en otros proyectos y otras que no”, explicó.
La iniciativa de Dignidad y las organizaciones de trabajadores fue inscrita en la Registraduría Nacional el pasado 12 de mayo y desde ahora comienza la campaña de apoyo, que pretende en seis meses, a partir de junio, recoger cerca de 4,5 millones de firmas para que el debate sobre cambiar la Constitución llegue al Congreso de la República. De acuerdo con los voceros de la propuesta, esperan llegar a cerca de 900 municipios del país para recoger firmas.