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La polémica que se ha desatado a partir de la persistencia de Uber por operar en el país luego de haber sido declarada ilegal por el Ministerio de Transporte y de que la Superintendencia de Puertos y Transporte ordenara inmovilizar los vehículos que trabajen con esa plataforma, parece haber llegado a un punto en que los tecnicismos de unos, los argumentos de otros y la letra chica confunden a cualquiera.
Un grupo de taxistas empezó a asesorarse con la firma Mario Iguarán Abogados Asociados desde hace cerca de un mes y medio. “Me han contratado para acompañarlos, asistirlos y asesorarlos en las distintas acciones, sean administrativas, civiles o de cualquier índole en este proceso”, dijo a este diario el abogado del gremio en el conflicto con Uber, Mario Iguarán. “Se logró que el Ministerio (de Transporte) profiriera las resoluciones que han declarado ilegal el servicio de Uber”, añadió.
Pero, según dijo el líder de taxistas Hugo Ospina, la contienda no es sólo contra Uber, sino contra todas las plataformas que intermedian servicios de transporte. Eso incluye, afirmó Ospina, las aplicaciones como Tappsi e Easy Taxi. Todo sustentado en la circular 01 del 8 de enero de 2015 de la Supertransporte.
El documento ordena la “inmovilización de vehículos de servicio particular y/o público que presten servicio no autorizado a través de aplicativos o plataformas tecnológicas e informáticas que faciliten, promuevan, posibiliten o contribuyan a la prestación de servicios no autorizados”, de acuerdo con lo que establece la regulación para taxis (decreto 172 de 2001) y para servicio especial, reconocido por la placa blanca (decreto 174 de 2001).
Ospina dijo a El Espectador que la emprenderían contra Tappsi, Easy Taxi y similares, porque “no prestan servicios a los especiales (carros de placa blanca) pero intermedia (sic) el transporte. Eso es lo que está prohibido”. Sin embargo, como el viceministro de Transporte, Enrique Nates Guerra, clarificó durante una entrevista con este diario en noviembre pasado, “las aplicaciones como Easy Taxi o Tappsi no tienen ningún inconveniente, porque ofrecen un servicio de empresas que están legalmente habilitadas para prestar el servicio individual de taxi”.
Fuentes del Ministerio confirmaron que esa condición no ha cambiado, incluso luego de la expedición del decreto 348 de 2015, para servicio especial, y de las circulares expedidas por la Supertransporte en diciembre y enero. En pocas palabras, el problema no es que se use una plataforma tecnológica, sino que se esté haciendo el puente para que se preste un servicio de transporte para el que una empresa no está habilitada.
El abogado Mario Iguarán señaló que “lo que siempre hay que mirar es que esté debidamente reglamentado el servicio de transporte y a partir de ahí mirar si la plataforma está autorizada”, pero prefirió no referirse a ninguna plataforma aparte de Uber. “No me corresponde hablar de las otras plataformas”.
Sin embargo, las inconformidades del gremio no terminan. Dijo Ospina: “¿Qué están proponiendo las empresas de taxi?: ‘Volvámonos plataformas tecnológicas, acabemos con las empresas, que nos generan mucho impuesto, empleos, y todas trabajemos el despacho de taxis por plataformas tecnológicas y al usuario que se lo lleve el que lo trajo’”. Respecto a esto, el decreto 172 obliga a que del servicio de taxi se haga responsable una empresa de transporte legalmente constituida, no una tecnológica.
Easy Taxi y Tappsi le recordaron a El Espectador que para que un taxista trabaje con ellos debe pertenecer a una empresa legal de transporte y tener todos los papeles en regla. Tappsi, aplicación colombiana con más de 1’700.000 descargas en Colombia, Perú y Ecuador, comentó: “Muchos se desafilian del servicio de recibir carreras por radioteléfono, pero eso no significa que se desafilien de la empresa de transporte”.
Sebastián Salazar, gerente general de Easy Taxi, explicó: “Sólo ofrecemos un servicio de comunicación entre usuario y taxista”, y agrega que han visto cierta confusión “porque hay plataformas que son parecidas a la nuestra, incluso en algunos casos usan el mismo nombre. Hay una que se llama Easy Mototaxi, pero somos totalmente diferentes”.
El fin de semana, el Ministerio de Transporte y representantes del gremio de taxistas llegaron a un acuerdo de no paro con la instalación de una mesa permanente de trabajo en la que la idea es discutir cómo hacer frente a la ilegalidad y la informalidad que denuncian los conductores.
Ante el anuncio, Uber reiteró su inconformismo. La empresa comunicó que esas iniciativas “sólo serán legítimas si se asegura la representación de todas las voces que reclaman ser escuchadas, y que la única forma de defender el bienestar del ciudadano es hacerlo partícipe de las decisiones que lo afectan”.
Uber ha dicho en repetidas ocasiones que ha buscado espacios de conversación en el Ministerio de Transporte y que tiene la intención de discutir cómo pueden hacerse legales, ante una necesidad por parte de los usuarios, que incluso ha reconocido la ministra de Transporte, Natalia Abello, de tener un servicio de mayor calidad.
Sobre eso, aún con protestas de conductores en ciernes, se espera que próximamente entre a debate un proyecto de ley radicado por los senadores Andrés García Zuccardi y Mauricio Lizcano, que pretende crear la figura de un taxi (amarillo) de lujo.