En una de las más graves sequías que ha vivido el país, ¿qué se está haciendo para proteger el agua?
Hemos sacado un conjunto de normatividad dirigida a toda la cadena, no sólo a los ciudadanos. Primero, para la gente, desde el año pasado estamos trabajando para que no haya derroche de agua en el país. En Colombia se estaban derrochando más de 7’800.000 metros cúbicos, según la CRA. Gracias a que ya tenemos más de 1’200.000 sancionados, la gente está entrando en conciencia. El primer resultado positivo es que se bajó casi el 98%. Se sacó un nuevo marco tarifario para los acueductos, en donde se le dice a las empresas que, si no son eficientes en la distribución de agua potable, se les va a tocar sus finanzas. Además, lo que hemos aprendido de esto es que si no hay conciencia de ahorro, pues no hay agua para atender a toda la población.
También se adelantó una normatividad que obliga a las empresas a tener planes de emergencia y contingencia activados. Eso nos ha permitido avanzar y sacar a muchos municipios que estaban en riesgo. Y lo otro es que cada municipio tiene que mirar sus fuente hídricas, que puedan suplir a la fuente que está mandando el agua a la bocatoma. Lo otro es que estamos trabajando con las corporaciones autónomas regionales para que se congelen las concesiones de agua.
¿Eso qué significa?
Que si un municipio tenía concesiones de agua para cultivos de arroz, para cultivos de peces o para un proceso industrial, pues se cancelan esas concesiones.
Muchos empresarios se quejan porque se frena la producción de alimentos, baja la oferta y sube la inflación...
Pues a mí lo que me toca controlar es que haya agua en las bocatomas, que los ciudadanos tengan agua potable. Y eso me ha dado un resultado importante: cuando empezó el fenómeno de El Niño había 312 municipios con riesgo de vulnerabilidad, y gracias a medidas como estas hemos sacado 190 de ellos del estado de vulnerabilidad. Como Gobierno hay que priorizar: que haya agua en las casas sobre el uso de actividad industrial. Se ha pedido aplazar cosechas.
¿Hay sancionados que reinciden?
Trabajamos con alcaldes porque encontramos que particulares que hemos desconectado del servicio de agua potable se conectan ilegalmente. Pedimos ayuda a la Fiscalía para sancionarlos.
¿Van a meter a la cárcel a quienes se estén apropiando del agua?
Claro, las conexiones ilegales y derivaciones de ríos pueden llevar a un delito contra el medio ambiente y contra el acueducto. Estamos pidiendo investigaciones penales.
¿Cómo está el país hoy?
Estamos en el fenómeno de El Niño más grave; los ríos Magdalena y Cauca están en sus niveles más bajos; ciudades como Cali, Medellín y Santa Marta ya empiezan a tener síntomas de racionamiento porque no hay agua suficiente para atender las necesidades, y si la persona derrocha agua, pues lo que va a pasar es que ya no le va a salir más agua de la llave, se va a tener que bañar con totuma. Estamos en la etapa más grave del fenómeno.
En el gobierno de Gaviria nos racionaron la energía. ¿Vamos para el mismo escenario, pero en agua?
Buscamos que más del 90% de la población no tenga racionamiento, sin embargo, en algunos municipios ya tenemos algunos impactos fuertes, como los municipios categoría 4, 5 y 6. En la provincia del Tequendama (Cundinamarca), en Santander, en la región Caribe, que tiene sus afluentes totalmente secos, y frente a ellos tenemos el plan de contingencia, en el cual se reparten más de 700 millones de litros de agua potable, hay más de 477 carrotanques funcionando, repartimos más de 465 tanques estacionarios, cada uno de 5.000 litros, y trabajamos en la perforación de pozos.
¿Cuántos municipios están racionados de agua?
Ciento siete. Por eso necesitamos que la gente ahorre.
¿Y qué pasa con el monopolio del líquido que tienen las grandes empresas? Sacan agua de los afluentes para venderla en botella, carísima, o como base de la gaseosa y los jugos, o el té. ¿Estamos en crisis y ellos lucrándose del agua?
Sin lugar a dudas los que menos consumen agua son los acueductos; es más grande en agroindustria, energía, piscicultura. El consumo humano es el 10%. Hay que hacer un trabajo muy fuerte, pero no está en cabeza del Minvivienda, está en cabeza del Minambiente, donde se tiene que hacer una regulación cada vez más importante; primero, para que haya una retribución, porque a veces el sector agrícola no paga por el uso del agua; segundo, es importante ver si las industrias están pagando un precio justo por el agua que están utilizando y a quién están dirigiendo esos recursos, si a reforestación, cuidado de cuencas o más ecosistemas protegidos. Pero esa pregunta debe ser para quien regula el agua.
¿Cuánto está invirtiendo el Gobierno para proteger el agua del país?
Desde el Ministerio de Vivienda, con inversiones por $700.000 millones, hemos priorizado más de 176 proyectos a nivel nacional. Desde otros sectores, casi $400.000 millones. Eso es más de un billón en lo que tiene que ver con carrotanques, perforación de pozos, tanques, etc.
Se criticó al Congreso por derrochar el agua lavando las fachadas. ¿Cómo está ahorrando el Gobierno?
Este ministerio ha disminuido en casi 20% el consumo de agua, bajando consumo de energía, apagando los computadores. Lo que hay que buscar es que todas las instituciones, empezando por el Congreso, den ejemplo, y lo que hizo fue dar un mal mensaje a la opinión pública.
En la minería, junto con el agro, es donde más se usa agua. ¿Cómo se le está poniendo control a este consumo en actividades legales que usan mucha agua?
Por eso estamos restringiendo las concesiones de agua. En el Minambiente han liderado un trabajo para acordar con los gremios la disminución del consumo y protección del recurso.