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Hace exactamente 20 años, en julio de 1994, con Gabriel García Márquez a la cabeza, un grupo de “sabios” que conformaban la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo le entregó al presidente de la época, César Gaviria, una carta de navegación de 150 páginas en las que anotaron sus propuestas para reformar la educación del país.
“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”, escribió Gabo en aquella ocasión.
Las condiciones en realidad no estaban dadas y es difícil pensar que el país les hizo caso a aquellos sabios. En diciembre del año pasado, para citar sólo una cifra cruda y dura, Colombia se miró en el espejo de las pruebas internacionales Pisa para descubrir que estaba entre los peores cinco sistemas educativos de los 65 países que las presentaron.
Un nuevo acuerdo
Veinte años después de aquella carta de navegación, el país vuelve a intentar un cambio de rumbo, a soñar con que las condiciones están dadas. Este viernes los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) le entregarán al presidente Juan Manuel Santos un documento que han titulado Acuerdo por lo superior 2034, que tiene 250 páginas y sintetiza en diez grandes temas y 136 lineamientos los principios que deberían orientar la política pública educativa del país en las próximas dos décadas.
El documento es el resultado de los diálogos y debates entre rectores, maestros, estudiantes, el sector productivo y el Gobierno, los cuales comenzaron hace tres años tras el fallido intento de reforma al sistema impulsado por la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Según el Cesu, en total participaron unas 33.000 personas en los 155 espacios de diálogo que se promovieron en todo el país.
“Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de una política pública de educación superior, en el que se movilizaron los diferentes actores y sectores de la sociedad”, comentó un vocero de la Secretaría Técnica del Cesu. El Movimiento Amplio Nacional Estudiantil (MANE), que lideró las protestas en 2011 y 2012, no participó en este acuerdo y ha intentado formular por su cuenta una propuesta de ley de educación superior que todavía no se conoce.
Las principales propuestas
Una de las grandes metas trazadas en el documento es la cobertura, que hoy ronda el 46% en educación superior y la meta que se plantea es llegar al 60% antes de que acabe este gobierno y a 84% en 2034.
En cuanto a calidad, se propone la creación de una agencia nacional que agrupe todos los esfuerzos que se hacen hoy desde distintas instituciones, además de hacer un ajuste en las tipologías de las instituciones y eliminar la categoría de “instituciones universitarias” en la que hoy caben unas 100. Estos centros educativos podrían convertirse en universidades o instituciones técnicas o tecnológicas.
El modelo que plantea el Cesu tiene un gran énfasis en regionalización y busca combatir la inequidad. En el actual sistema nacional universitario el 48% de los recursos van a tres universidades: la Nacional, la del Valle y la de Antioquia.
En cuanto a financiamiento, uno de los temas más polémicos en el sector, el documento plantea que el sistema sea “de corresponsabilidad y autosostenibilidad”, que tanto el Estado como los padres, los empresarios, los actores locales y los exalumnos aporten para su fortalecimiento. Una filosofía que marca un camino muy distinto al que reclamaba la MANE y que exigía gratuidad total y financiamiento estatal absoluto.
Según cálculos preliminares del Cesu, que deberán ser validados en la segunda fase del proceso, se estima que se necesitan entre 40 y 50 billones de pesos adicionales para alcanzar las metas aquí previstas para los próximos 20 años, y unos 5 billones en el cuatrienio que se inicia.
¿Una nueva ley?
La pelota ahora está en la cancha del Gobierno, que deberá decidir qué hace con la propuesta. Si decide adoptarla como propia, una vía sería insistir en una ley de educación superior, con el riesgo que existe siempre al llevar algo al Congreso: se sabe que entra pero no que sale. Esto sin contar con que podrían darle la excusa perfecta a algunos sectores sociales inconformes para salir a marchar de nuevo.
El otro camino es comenzar a hacer gran parte de los ajustes del sistema a través de herramientas que ya existen, como resoluciones ministeriales, y eventualmente presentar una ley con unos pocos puntos para ajustar aspectos puntuales de la Ley 30 de 1992 que rige el sistema de educación superior.
El viernes, el presidente Santos tendrá el documento en la mano. Ojalá esta vez no se vuelva a cumplir lo advertido por García Márquez hace exactamente 20 años, que “somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”.
El Cesu responde: "No es una ley"
¿Es esta una reforma a la Ley 30 de 1992?
No. La propuesta de reforma que el Ministerio de Educación presentó en 2011 fue retirada por el Gobierno Nacional, a petición de estudiantes y algunas comunidades académicas. Esta es una propuesta de política pública.
¿En qué consiste una política pública para la educación superior?
La política pública corresponde al curso de acción prioritaria que debe asumir Colombia para orientar su educación superior en las próximas dos décadas. Responde al consenso de todos los actores. Debe ser el norte que queremos para nuestra educación superior.
¿Cuál es la diferencia entre una reforma de ley y una política pública?
Una reforma a la ley que actualmente rige el esquema de educación superior, la 30 de 1992, implica legislar para complementar o cambiar aspectos puntuales contemplados en dicha ley, nada más. La política pública va más allá de la Ley 30 y de otras leyes que se relacionen con la educación superior, y piensa en la educación superior de calidad que el país debe ir construyendo en los próximos 20 años.
¿Cómo se puede ejecutar?
Con distintos instrumentos vinculantes para su desarrollo como otras normas, decretos, acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, directivas, estatutos y reglamentos institucionales, programas y proyectos estratégicos.
¿Por qué 2034?
Los cambios en educación superior no son inmediatos y los lineamientos de política pública demandan inversiones y modificaciones en las estructuras de la educación superior.
¿Cómo garantizan que los próximos cinco gobiernos se comprometan con el acuerdo por lo superior?
Estamos seguros de que tanto el presidente Santos como quienes lo sucedan en el gobierno atenderán la voz del país que se unió en torno de sus expectativas en el tema.
¿En qué asuntos aún no hay consenso?
Todos los 136 lineamientos de política pública fueron aprobados con el consenso de todos los consejeros. Los temas que no lograron unanimidad en la votación sí obtuvieron los votos necesarios para ser aprobados y adoptados por el Consejo.
pcorrea@elespectador.com
@pcorrea78