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El Ministerio de Educación sorprendió esta semana a la comunidad universitaria al anunciar la cancelación de siete programas de la Fundación Universitaria San Martín, una medida inusual y extrema. Por si fuera poco, también se supo que una comisión del Gobierno inició una investigación integral a esta institución fundada desde hace 30 años y que cuenta con más de 22.000 alumnos distribuidos en 22 municipios del país.
La historia detrás de esta drástica medida comenzó en septiembre de 2010, cuando la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que agrupa a representantes de los estudiantes de medicina del país, se quejó ante el Ministerio de Educación, porque la Fundación Universitaria San Martín no estaba pagando la seguridad social de los médicos que se especializaban en sus programas de posgrado.
Esa era apenas la punta del iceberg de los problemas que enfrentaban a diario los estudiantes de medicina de la institución en las sedes de Sabaneta (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Bogotá, según el informe elaborado por los pares académicos Nelly Lecompte, Rodolfo Adrian Cabrales, María Alexandra Matallana y Benjamín Herrera.
Las fallas
La lista de irregularidades detectadas por los pares académicos es larga. A la no afiliación de estudiantes de posgrado a la seguridad social se suman convenios vencidos con clínicas y hospitales donde los estudiantes deberían hacer sus prácticas médicas, estudiantes sin servicios de alimentación y parqueadero como corresponde a estudiantes de posgrado, falta de acceso a Internet, ausencia de bases de datos de consulta académica y pólizas de seguro de accidentes personales vencidas, entre otras.
Con base en este informe, en marzo de 2012 la sala de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) emitió un concepto en el que ratificaba los incumplimientos de la Fundación Universitaria San Martín.
Aunque los representantes de la Universidad presentaron descargos, sus razones no terminaron por convencer a los representantes del Ministerio de Educación. Así que luego de un largo análisis de la situación, el Gobierno decidió tomar la drástica decisión de cancelar siete programas en el área de la salud. Entre ellos: Medicina (Sabaneta, Antioquia, y Cali, Valle del Cauca), especialización en Anestesiología (Bogotá), especialización en Ortopedia y Traumatología (Bogotá), especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva (Bogotá), especialización en Pediatría (Bogotá), especialización en Cirugía General (Bogotá) y especialización en Oftalmología (Bogotá).
No ha sido una noticia fácil de digerir para los estudiantes matriculados que ven comprometida la reputación de su alma máter. Mucho menos para los directivos que ahora buscan salidas a la crisis de credibilidad de toda la institución.
Los argumentos de la San Martín
Juan Carlos Mahecha, representante legal de la Fundación San Martín, calificó de subjetiva la evaluación realizada por el Ministerio de Educación y anunció que van a usar todos los recursos legales disponibles, pues consideran que “hay un tufillo de mala intención por parte del Ministerio, no sólo con la comunidad estudiantil, sino con toda la comunidad de las 22 ciudades donde está presente la universidad”.
En un comunicado público, las directivas de la Fundación San Martín argumentaron que son las evaluaciones de Saber Pro (antiguos exámenes Ecaes) la verdadera prueba de calidad de las instituciones de educación superior, y allí sus estudiantes figuran en el quinto lugar entre las universidades privadas. Al respecto, el Icfes aclaró que no existe un ranquin oficial del desempeño universitario y cualquiera depende de los parámetros que se utilicen para su construcción.
El otro argumento con el que se ha defendido la Fundación San Martín es que los están culpando por deficiencias en la red hospitalaria. Mahecha se pregunta: “¿Por qué la red hospitalaria no sirve para nosotros, pero sí sirve para los estudiantes de otras universidades que hacen prácticas en el mismo lugar?”. Aunque esto puede ser cierto con respecto a algunos lugares de prácticas médicas como el hospital San Blas en Bogotá, también es cierto que la Fundación presentó contratos de convenios vencidos con otros hospitales. Además, como caso particular, el hospital Simón Bolívar en Bogotá se quejó por el incumplimiento de obligaciones por parte de la universidad.
Lo cierto es que en los últimos seis años la Fundación Universitaria San Martín ha sido sancionada seis veces (ver cronología) y aún está por superar la mayor prueba. Por medio de una resolución con fecha del 17 de junio, el Ministerio de Educación decidió encargar una “investigación integral” que pretende evaluar desde el personal docente que trabaja allí hasta los recursos financieros y, lo que podría ser más grave, una presunta oferta y desarrollo de programas académicos sin registro calificado vigente. En la escala de posibles sanciones está la cancelación de la personería jurídica de la institución. En los últimos tres años, el Ministerio ha cancelado la personería a ocho instituciones en el país.
En medio del caos que generó la decisión, el representante legal de la San Martín envió un mensaje de tranquilidad a los estudiantes e insistió en que van a utilizar todos los recursos legales para demostrar que se trata de una decisión equivocada por parte del Ministerio.