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“En el fragor de la campaña se alcanzó a mencionar que se entregarían 600.000 cupos universitarios a los mejores estudiantes pobres; en el discurso de posesión la cifra bajó a 400.000, y el miércoles el presidente anunció 10.000, con lo que el Gobierno se queda muy corto. Hay una gran distancia entre las expectativas y lo que se dio a conocer. Esperábamos que mínimo se anunciaran 100.000 becas por cada año de gobierno”, dice Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).
Arango se refiere al anuncio del miércoles pasado en el que el Gobierno explicó que, con el objetivo de alcanzar la meta de convertir a Colombia en un país más equitativo, entregará un paquete de becas créditos 100% condonables, con las que se cubrirá la matrícula anual de 10.000 bachilleres de los estratos más bajos, elegidos entre los mejores puntajes de las Pruebas Saber 11 que se presentaron en agosto.
Según explicó la ministra de Educación, Gina Parody, al conocerse el anuncio, “a partir del análisis de los resultados de las pruebas Saber de 2012, 17.000 de los mejores 27.000 puntajes los registran estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Pero hoy, dos años después, cerca de 4.000 de esos jóvenes no han tenido acceso a la educación superior debido a que no cuentan con recursos económicos suficientes. Esto no puede seguir pasando en Colombia si queremos ser la nación más educada en el futuro”.
Aunque los rectores de las universidades públicas consideran muy positivo que más estudiantes pobres accedan a la universidad, el presidente del SUE señala algunas fallas en el proyecto que podrían discutirse.
En primer lugar, expone el rector, los cupos que se quieren abrir no mejorarán de ninguna manera las tasas de cobertura, pues la estrategia no contempla que se abran nuevas plazas en las carreras, sino que se redistribuyan las que ya existen. “Las universidades tendrán que reservar parte de los cupos que ya tienen para estos becarios, así que ofrecerán menos plazas en los procesos de admisión”.
Pero si el Gobierno habla de inclusión, tendrá que hablar de aumento de cobertura y eso implica inversiones. “Cada año están ingresando más o menos 400.000 estudiantes al sistema universitario. Para recibir 400.000 más en los próximos cuatro años se tendrán que aumentar los cupos en un 25% por cada año de gobierno”.
Por otro lado, el presidente del SUE cree que los dos salarios mínimos que el Gobierno entregaría a los becarios cada seis meses (que representarían unos $205.000 mensuales) no lograrán suplir las necesidades básicas de sostenimiento de quienes tengan que desplazarse del campo a la ciudad y encontrar un lugar donde vivir, así como garantizar su alimentación y transporte.
Además, dice Arango, este es un programa que está beneficiando a las universidades privadas, pero no a las públicas, pues a las primeras se les garantizará el pago de un número de matrículas costosas que serán asumidas en su totalidad por el Estado, pero en el caso de las públicas, donde se pagan matrículas muy bajas, no se recibirán otros incentivos de financiación por recibir a estos estudiantes.
Con este argumento coincide el grupo de expertos en educación que conforman el Observatorio de la Universidad Colombiana, quienes hicieron público un documento en el que analizan los puntos positivos y negativos del programa educativo.
Los expertos destacan que algunos estudiantes pobres podrán acceder a carreras universitarias, y no técnicas o tecnológicas, ofrecidas por instituciones de alta calidad —pues sólo las 33 universidades del país que cuentan con esta acreditación los recibirán—, pero, en esa misma vía, el programa no es equitativo en la medida en que los estudiantes de departamentos y municipios que no cuentan con universidades acreditadas, como Armenia, Pasto y Santa Marta, quedarán por fuera.
Para hablar de los recursos que se destinarán a la implementación del programa, el Observatorio explicó con un cálculo muy básico que los $155.000 millones prometidos no serían suficientes:
Si se otorgaran las 10.000 becas créditos para programas de un mínimo de nueve semestres, con un promedio (bajo) de matrícula de $5 millones (promediando públicas y privadas), y a esto se suman los subsidios de sostenimiento, el monto que debería invertir el Gobierno estaría cercano a los $600.000 millones. Para los expertos, esta cifra aumentaría si los estudiantes se inclinaran por las universidades privadas de alta calidad, que resultan más costosas.
Y hay un último punto que ya comienza a generar controversia. Académicos y expertos se preguntan por qué las becas se les entregarán únicamente al grupo de estudiantes que tuvieron la fortuna de haber presentado las Pruebas Saber (antes Icfes) en agosto pasado, dejando por fuera a cientos de buenos bachilleres.
acuevas@elespectador.com
@angelicamcuevas