Diseñan un protocolo para denuncias

Encuesta realizada por U. Nacional encontró 105 presuntas violaciones a estudiantes

Un estudio desarrollado por Bienestar Universitario, Sede Bogotá, exploró la violencia sexual que sufren sus estudiantes. Es una de las primeras investigaciones en abordar un tema del que poco se habla.

El estudio de la Unal fue aplicado a 1.602 estudiantes. Pixabay.

En enero de este año la Universidad Nacional publicó un estudio que pasó desapercibido. Desarrollado por la dirección de Bienestar Universitario, sede Bogotá, un grupo de investigadores se pusieron la misión de averiguar lo que pocas universidades parecen estar dispuestas a conocer: ¿Cuántas estudiantes dentro de su propia sede han sufrido algún tipo de violencia sexual?

La respuesta resultó alarmante: el 54 % de las 1.602 mujeres encuestadas afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual dentro de la universidad o en actividades relacionadas con esta. Y aún más preocupante: 105 admitieron haber sido violentadas sexualmente en el entorno universitario.

De ellas, 86 respondieron sí a la pregunta de si habían sido besadas, acariciadas, tocadas u obligadas a mantener relaciones sexuales mientras estaban inconscientes, dormidas o bajo los efectos del alcohol. Mientras 19 dijeron que habían sido obligadas a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, mediante el uso de la fuerza o de un arma.

Los datos, aunque publicados hace unos meses, fueron revelados esta semana por los periodistas Tania Tapia Jáuregui y Camilo Jiménez Santofimio, como parte de una extensa investigación sobre violencia sexual en las universidades que la revista Vice ha desarrollado desde principio de año. En las diversas publicaciones, Vice ha ido presentando casos de acoso sexual en distintas universidades del pais.

En el caso de las encuestas de la Nacional, que fueron realizadas a mujeres estudiantes de pregrado y posgrado matriculadas en el tercer período de 2016, se puede ver que la mayoría de ellas se han sentido acosadas. El acoso más repetitivo fueron los piropos, con 368 estudiantes que respondieron haberlos recibido una vez y 494 más que afirmaron recibirlos dos o más veces. A esto le siguen los abrazos y las caricias sin consentimiento (362-266), los regalos incómodos (248-129) y las llamadas sexuales indeseadas (145-89).

Aunque el manoseo o la relación sexual mientras estaban inconscientes (86-30) y ser obligadas a tener relaciones sexuales por medio de la fuerza (19-2), son los menores, también resultan más graves. Sobre todo, cuando las encuestas reportan que sólo 54 estudiantes presentaron algún tipo de denuncia.

“(…) uno denuncia y no pasa nada, primero la universidad no mueve el proceso y segundo uno sale perjudicado porque es una simple estudiante y el abusador es un docente importante en la UN que no se puede tocar. Además, profesionalmente me puede perjudicar porque son personajes con influencia en el medio”. es uno de los testimonios que dio una de las estudiantes en la encuesta.

En cuanto a los lugares donde la violencia sexual es más frecuente, el análisis de la encuesta encontró que se dan más en los salones, seguidos de las fiestas o salidas recreativas, las zonas en obras y la “plaza del Che”. “Esto muestra que el acoso sexual y/o los actos sexuales no consentidos no están precisamente relacionados con los lugares”, afirma el estudio.

Los perpetradores más frecuentes, por su parte, son los estudiantes, seguidos de personas desconocidas que están en el campus, el personal de construcción y los guardas de seguridad, casi a la par que los docentes. Sin embargo, el documento aclara que “este resultado no nos permite inferir que los estudiantes acosen más que los otros miembros o integrantes de la universidad, solo que, al ser el grupo mayoritario de la comunidad universitaria, aparece con un número más alto de reportes”.

No obstante, y a pesar de que las cifras parecen alarmantes, tener este diagnóstico le ha permitido a la Universidad Nacional hacer algo al respecto. Según explicaron Martha Lucía Alzate, directora nacional de Bienestar; Óscar Oliveros, director de Bienestar sede Bogotá, y Natalia Guzmán, directora nacional de veeduría disciplinaria, hay varios frentes en los que la universidad viene trabajando.

Desde el 2012 el Consejo Superior Universitario firmó el Acuerdo 35, con el que se buscó adoptar medidas referentes a la discriminación de género. Igualmente, en ese año se planteó la creación del Observatorio de Asuntos de Género, que empezó a operar en el 2016. A lo que se han venido sumando cursos, maestrías y grupos de investigación específicos en violencia de genero.

Además, desde principios de este año y ya con un diagnóstico realizado, crearon una Mesa para que bienestar, administrativos, docentes y estudiantes, entre otros, puedan definir un protocolo que deje clara la ruta a seguir cuando se denuncia la violencia sexual. La idea es tenerlo listo para noviembre.

“No es que en este momento no exista nada”, aclaran, pues la Universidad cuenta con un área de acompañamiento psicológico y jurídico para estos casos, así como las consecuencias disciplinarias. Sin embargo, la idea de este protocolo es articular todos estos esfuerzos y darle la suficiente visibilidad para que los estudiantes conozcan exactamente cuál es la ruta de denuncia, hayan sido violentados sexualmente o no. Un punto muy importante, además, es evitar la revictimización.

“Todas las universidades están relacionadas con la violencia sexual y lo que se hizo desde la sede en Bogotá fue tener un estudio que nos permitiera conocer la percepción en nuestros campus”, aclaran. A diferencia de muchos otros casos, la Nacional no ha volteado a mirar a otro lado.

Pues si bien este informe es revelador, es prácticamente el primero en su tipo en el país. Colectivos de las distintas universidades del país vienen denunciando la necesidad de conocer a fondo un problema invisibilizado. Para Nathalia Guerra, del colectivo Rosario sin Bragas de la Universidad del Rosario, lo primero que hay que hacer es saber qué entienden los miembros de la institución educativa por acoso.

Según Guerra, “en algunas carreras, como medicina o derecho, el acoso está más normalizado que en otras. En estas carreras es especialmente evidente el poder de los profesores en el ámbito laboral, por lo cual es mucho más difícil que alguien denuncie, pues puede ver su futuro profesional amenazado”.

Por esta razón, el colectivo está diseñando una encuesta para medir la percepción de acoso dentro de la universidad y para que estudiantes les cuenten qué situaciones de acoso han vivido allí. La idea, comenta Nathalia Guerra, es que varias universidades realicen estudios internos para que, con datos estadísticos en la mano, puedan exigir a las autoridades diseñar líneas de atención con enfoque de género.

Angélica Cocoma, integrante del colectivo No es Normal de la Universidad de los Andes, le dijo a este diario que, además, los colectivos planean hacer un pliego de peticiones conjunto para que el Ministerio de Educación trace unos lineamientos institucionales que permitan hacer frente a este tipo de acoso en las universidades. Estos lineamientos, llamados “Construcción de un enfoque de género y diversidad sexual para los lineamientos de educación superior inclusiva”, están engavetados en el Ministerio desde el año 2015, según la publicación de Vice.