El Ministerio de Educación decidió imponer medidas preventivas y sancionatorias a la Corporación Universitaria Rafael Núñez por irregularidades administrativas, especialmente financieras, que ponen la educación de sus estudiantes.
Tanto el rector como los miembros de la Asamblea General de la institución de Educación Superior, fueron sancionados y deberán pagar una multa de 122 millones de pesos por no salvaguardar los recursos destinados para la educación y usarlos con fines diferentes a los de su misión social.
Luego de una investigación exhaustiva, la cartera de Educación encontró que con recursos de la Corporación Universitaria - más de 6 mil millones de pesos - se efectuaron adecuaciones a edificaciones de propiedad de dos sociedades comerciales de la Familia Henríquez Emiliani, la cual controla la junta directiva de la universidad, para luego arrendarlas a la misma institución por hasta 150 millones de pesos mensuales. Además esos montos son distintos a los establecidos en los contratos de arrendamiento.
Por eso así como lo hizo en el caso de la San Martín, el Gobierno procedió a decretar medidas preventivas y de vigilancia especial a esta universidad porque encontró que el manejo que se la ha dado ha afectado gravemente su situación financiera especialmente el capital de trabajo y la liquidez, pues no tienen capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo.
Con esta medida impuesta por el Ministerio, la institución está obligada a en un plazo corto a:
- Presentar un Plan de Mejoramiento
- Constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
Si no se cumplen estas condiciones, el Ministerio podrá destituir a sus directivos y enviar un inspector in situ a esta institución.