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¿Qué hacer con la violencia en las universidades públicas?

Mario Hernández Álvarez, médico e investigador, analiza las situaciones de exacerbada violencia que se vive en las universidades públicas.

Mario Hernández Álvarez*
28 de agosto de 2015 - 09:26 p. m.
La Universidad Nacional es el centro universitario de Educación Superior Pública más importante del país.
La Universidad Nacional es el centro universitario de Educación Superior Pública más importante del país.

Vuelven las amenazas a estudiantes y profesores de universidades públicas. Esta vez, un grupo violento que usa el nombre de “Águilas Negras, Bloque Capital”, envió un panfleto en el que se presenta con claridad una ideología de ultraderecha recurrente en esos sectores de la sociedad colombiana. Según esta ideología, las universidades públicas, en especial la Universidad Nacional, han sido formadoras de guerrilleros y deben ser “limpiadas” a través de medidas de fuerza.

El caso más reciente, según ellos, es el del profesor de sociología Miguel Ángel Beltrán, quien fue detenido ilegalmente en México, en mayo de 2009, quien fue señalado como miembro de las Farc, encarcelado por dos años, declarado inocente por la juez cuarta Especializada de Bogotá que determinó que no había suficiente material probatorio para condenarlo en 2011, pero después destituido por la Procuraduría General de la Nación acusado de hacer uso de su actividad como profesor de una universidad pública para “promover la subversión”.

Todos aquellos que defendimos en este caso la posición de respetar la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento, de investigación y de enseñanza, ahora somos amenazados por las supuestas “Águilas Negras, Bloque Capital” como cómplices o partícipes de la misma falta y debemos irnos de la universidad.

El conflicto armado que atraviesa la historia colombiana ha estado en el centro de este tipo de acusaciones y amenazas. Habría que reconocer que también se trata de una polarización ideológica que reaparece en cada intento de solución política del conflicto. Tampoco puede negarse que esta polarización se ha expresado en las universidades públicas de muchas maneras. Unas más violentas que otras, pero existen muchos ejemplos y de diferentes orígenes.

Con el más mínimo pretexto, en Colombia las personas quedamos atrapadas, a veces sin darnos cuenta, en la lógica del amigo-enemigo. Más aún. Cuando en el mundo parece dominar el pensamiento liberal y el capitalismo global, cualquier posición crítica respecto de sus lógicas y sus problemas es tomada como una visión retardataria, por fuera del “tren de la historia” o peligrosamente “revolucionaria” y por tanto “subversiva”.

Algunos interpretan el problema como el resultado de pequeños grupos que han permitido la “contaminación” de la academia con el activismo político desde la década del sesenta. Pero esta explicación desconoce las relaciones profundas entre academia y política, entre valores y saberes, aún en el campo de las ciencias naturales. Incluso, desde esta postura se niega lo político en el terreno de las políticas educativas o en los temas del gobierno universitario, que son asuntos claramente políticos en los que se presentan visiones diferentes de universidad, de sociedad, de Estado y de las relaciones entre estas realidades.

La polarización se convierte en inaceptable y preocupante cuando pasa del debate a la intimidación o al exterminio, a través de actos simbólicos como las amenazas o como lo han sido las tantas muertes de estudiantes y profesores universitarios de tiempo atrás.

La similitud con el conflicto armado….

Este problema en las universidades públicas –insistamos- tiene dimensiones y temporalidades similares a las del conflicto armado. Por esa razón no debe verse como un asunto exclusivo de las universidades y explicable sólo desde el comportamiento de algunos miembros de la comunidad universitaria. Debe ser asumido por la sociedad, por el Estado y en particular por el gobierno que lidera un proceso de paz como el actual, como un asunto de interés nacional.

Con o sin polarización, existen posiciones políticas que se relacionan con corrientes de pensamiento en la academia, a veces conscientes y explícitas, otras inconscientes e implícitas, pero allí están, y en ciertas coyunturas se profundizan.

¿Qué hacer?

Si se acepta el argumento anterior, deberá asumirse una consecuencia lógica: es necesario realizar en las universidades públicas procesos de deliberación y concertación que permitan pasar de la polarización intimidante y paralizante al desarrollo de una cultura académica de reconocimiento y construcción de universidad desde las diferencias. Este sería todo un laboratorio universitario para una sociedad capaz de tramitar las diferencias sin acudir a la violencia.

Procesos de este tipo se han intentado en diferentes formas y en varias universidades, pero con poco éxito. Con frecuencia, este tipo de procesos se desprestigian porque no logran verdaderos acuerdos o languidecen cuando no inciden en la vida institucional. Pero si se realizaran con reglas claras y legítimas, con representatividad, con metodología para identificar diferencias y encontrar similitudes, en fin, con capacidad para encontrar lo común en medio de la diversidad, es posible superar la vía violenta e intimidante para la superación de conflictos.

Ejercicios de construcción de cultura académica y democrática desde las universidades públicas contribuirían a la paz más allá del armisticio. Serían ejercicios de democracia que permitirían superar la polarización ideológica y recuperar la naturaleza pública de las universidades públicas, en sí mismas diversas y complejas.
Seguir pensando que la violencia en las universidades es un asunto de unos pocos, de falta de disciplina, de autoridad o de ineficiencia administrativa, no sólo sería ingenuo sino podría contribuir a profundizar la polarización inaceptable, aquella del exterminio y la intimidación.

Una política pública para una paz duradera debería incluir el tema de la conformación de laboratorios universitarios de paz, pero también, una inversión decidida del Estado en las universidades públicas para poner en marcha los acuerdos logrados y los compromisos con la sociedad a la que se deben. De otra forma se volvería a la frustración que resulta de grandes esfuerzos que no logran impacto institucional y social, a los que parece haberse acostumbrado la sociedad colombiana.

Una política pública para la paz tendría que avanzar de manera rápida y sostenida en lograr el acceso universal de los jóvenes a la educación superior, con la convicción de que la educación pública, no confesional, democrática y pluralista que pueden ofrecer las universidades públicas, contribuye a construir convivencia, solidaridad y equidad. Además a transformar la tendencia hacia el individualismo excluyente del “sálvese quien pueda”.

Entonces, ¿qué se puede hacer para superar la violencia en las universidades públicas? La respuesta puede ser construir paz desde la universidad y desde el derecho universal a la educación superior.

* Médico, Bioeticista, doctor en Historia, Profesor Asociado de la Facultad de Medicina, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública.

Por Mario Hernández Álvarez*

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