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La Universidad Autónoma de Colombia está viviendo la peor crisis financiera desde su fundación, en 1971. En noviembre de 2018, las directivas dejaron de pagar la cuota pensional de los 357 profesores y 186 trabajadores de planta de la institución. En diciembre se suspendieron los pagos de salud y seguridad social. En febrero de este año se dejaron de pagar los salarios de los profesores y en marzo los de los trabajadores. Se les deben, además, las dos primas laborales a las que tienen derecho y no se han pagado los servicios externos de aseo y celaduría.
La deuda total de la universidad asciende aproximadamente a $22.000 millones, de los cuales $15.000 millones son obligaciones con los empleados y $7.000 millones son pasivos con proveedores y déficit de funcionamiento.
El pasado 20 de mayo, en medio de la crisis, los profesores y trabajadores de la Uniautónoma entraron en asamblea general y declararon huelga por el no pago de salarios. El sindicato que la promovió obtuvo mayoría absoluta en la votación.
A partir de ese momento se cancelaron las clases y se cerraron las oficinas de la universidad. Un mes después, varios estudiantes se unieron a la protesta y decidieron hacer un campamento y encadenarse en la entrada de la sede principal, en la calle 12B con carrera 4ª, en el centro de Bogotá. Diez días después, David Santiago Sanabria, estudiante de noveno semestre de derecho, entró en huelga de hambre.
“Estamos en crisis por los malos manejos que han tenido las últimas tres administraciones. Se han privilegiado los intereses de los socios fundadores de la universidad, con cargos y contratos entre ellos, y no los intereses colectivos de estudiantes, profesores y trabajadores. Están dilapidando las matrículas que pagamos nosotros”, dijo Sanabria, quien lleva 15 días sin comer y le ha exigido al Ministerio de Educación que remueva la junta directiva actual de la universidad, en cabeza de Eduardo Hoyos.
A los reclamos públicos de Sanabria se han unido las peticiones oficiales de los líderes sindicales de trabajadores y maestros, así como las denuncias de otros socios fundadores que afirman que Hoyos ha incurrido en conductas ilegales y está llevando a la universidad a un punto crítico sin retorno.
Vladimir Castiblanco, presidente del sindicato de trabajadores y bibliotecólogo de la universidad, denunció que en medio de la crisis la nueva administración ha creado 41 nuevos puestos por encargo para contratar amigos y familiares. “El problema no solo es de falta de dinero, es de corrupción. Si la universidad consigue un préstamo y la plata ingresa, pero sigue la administración, entonces no pasa nada. No cambia nada. Se siguen robando el dinero”, dijo Castiblanco.
El pasado 21 de junio, Jorge Federico Ramírez, hijo del fundador y miembro del consejo de la universidad, le envió un documento privado a Luis Fernando Salguero, inspector in situ del Ministerio de Educación, en el que respalda la denuncia de Castiblanco y añade otras adicionales.
Uno de los puntos del archivo, que está siendo evaluado por el Ministerio, acusa a Hoyos de nombrar a varios empleados y profesores en cargos altos sin que cumplan con los requisitos. Para respaldar la denuncia, Ramírez adjunta casos concretos. Acá reproducimos tres de los más significativos: “Juan Carlos Tapias, director del Consultorio Jurídico, no cumple los requisitos porque no ha sido profesor de la Facultad de Derecho por cinco años o más. Íngrid Terán Barrios, directora de la Unidad de Admisiones Control y Registro, no cumple los requisitos exigidos porque no tiene cuatro años de experiencia profesional en el área. Etna Polo, jefe del Área de Promoción Socioeconómica, no cumple los requisitos porque es abogada y no psicóloga, además no acredita experiencia de tres años en el cargo”, se lee en el documento.
En diálogo con El Espectador, Hoyos niega las acusaciones y explica lo que a su juicio está pasando en la universidad. “Esas denuncias están apartadas de la realidad. Si hay una administración que ha sido transparente ha sido esta. Nosotros tomamos medidas impopulares que no le gustan a un sector de la universidad”, dijo Hoyos. Y añadió: “Mis contradictores no están de acuerdo con la gente que está trabajando conmigo, pero en cualquier administración se trabaja con las personas de confianza, siempre que tengan el perfil que exigen los cargos. No voy a trabajar con mis enemigos. Eso no tiene sentido”.
Según Hoyos, las razones de la crisis de la universidad no son los malos manejos, sino un déficit financiero histórico. “En los últimos 10 años hemos perdido $50.000 millones. Hemos gastado más dinero del que nos ingresa. ¿Por qué? Porque hay una caída en el número de estudiantes de pregrado. En 2009 teníamos 10.000 estudiantes y ahora tenemos 4.500 y los mismos profesores”, dijo Hoyos.
Luis Felipe Millán, expresidente del Sindicato de Profesores de la Autónoma, asegura que se han despilfarrado más de $40.000 millones en programas de acreditación que no han tenido efecto. En la actualidad, la universidad tiene 16 programas y ninguno tiene acreditación de alta calidad. “En 2015, la exvicerrectora financiera denunció una fuga de $3.500 millones en investigaciones externas, ese es otro hueco por donde se sale la plata”, comentó Millán. “La Autónoma se parece a la Inca por la mala administración y a la San Martín porque los recursos se van a otras empresas”, concluyó Millán.
En el documento presentado por Federico Ramírez se hace alusión a los negocios externos que tiene Hoyos. “Este señor presenta a la Autónoma y a sus grupos de investigación como aliados estratégicos de una empresa de su propiedad llamada Corhumana, utilizando los desarrollos y el good will de la universidad en beneficio de sus intereses personales. Todo esto son presuntas faltas del Código Penal, en el aparte de corrupción privada”.
Hoyos se defiende de nuevo y explica algunas alternativas para resolver la crisis. “Nunca he utilizado mi cargo en la universidad para conseguir contratos para la corporación. Tenemos activos en infraestructura, propiedades, vienes raíces avaluados en más de $75.000 millones, y de esos no se usa ni la mitad, porque hay muy pocos estudiantes. Ya estamos tratando de venderlos.
Sin embargo, por ahora no parece haber una solución pronta y definitiva a la crisis de la universidad. Mientras los ministerios de Trabajo y de Educación siguen evaluando lo sucedido y reuniéndose con las partes involucradas, los profesores y trabajadores continuarán en paro hasta que les paguen lo que les deben. Los estudiantes, que no pueden seguir asistiendo a clase, serán sin duda los más afectados.