Los indígenas que no podrán graduarse de la U.

Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, de la Universidad de Antioquia, en una de sus clases. / Cortesía Sabine Sinigui

Marlenny Ortiz es indígena de la etnia senú y desde 2008 cursa la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra que imparte la Universidad de Antioquia.

Sus horarios, materias, trabajos y evaluaciones no son como los de pregrados tradicionales: Cada seis meses y durante doce días, Marlenny viaja desde el resguardo indígena de Volao, en Necoclí, Urabá antioqueño, al campus en Medellín. Allí recibe asesoría académica, fundamentos teóricos y propuestas metodológicas para profundizar los conocimientos sobre su propia sociedad, sus costumbres y su gobierno.

Posteriormente, tiene encuentros con otros estudiantes en una región del departamento y día a día debe compartir con los habitantes de su comunidad aquello que aprende en la licenciatura.

Las cátedras eternas, el salón de clase, la tiza y el tablero no son las herramientas con las que Marlenny tiene contacto.

Por ejemplo, esta mujer logró recuperar la tradición del Festival del Maíz en su territorio, incentivó el uso de métodos naturales para la agricultura y a los niños de la escuela les enseñó una enorme variedad de plantas medicinales de las que se había perdido el rastro en su comunidad.

Así las cosas, el pregrado se ha convertido en un espacio para pensar y resolver los problemas para 73 indígenas, entre profesores nativos sin capacitación, bachilleres jóvenes, adultos mayores o sabios, que son quienes enseñan las tradiciones y rigen el destino de las comunidades.

Sabine Sinigui, docente de la licenciatura, cuenta que el proyecto con la Universidad de Antioquia surge de la necesidad de crear un programa de educación propia y de frenar la deserción de decenas de estudiantes indígenas que ingresaban, sin éxito, a la educación superior por no encontrar una conexión entre sus saberes y los de la academia.

Sin embargo, un simple trámite, necesario para algunos, obsoleto para otros, se convirtió en obstáculo para que los 73 estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra reciban su cartón.

Aunque se pensaba que la graduación de la primera promoción sería la segunda semana de agosto (cuando ya han sido aprobados 63 proyectos de grado y el requerimiento de una segunda lengua, el español, está  avalada por la Universidad), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) recordó una exigencia: antes de cualquier ceremonia los estudiantes deben presentar el examen de Calidad de Educación Superior, Saber Pro.

La noticia, inesperada, teniendo en cuentas las características del programa, fue motivo de tensiones y discusión en la Universidad de Antioquia.

Abadio Green, coordinador del Programa de Educación Indígena de la institución, alega que el tipo de pruebas que exige el MEN no siempre corresponde a los intereses de los pueblos ancestrales: “el porqué de estos exámenes, cuál es el sistema al que se incorporan y a quiénes le sirven los resultados, por ejemplo, son distintos”.

De otro lado, asegura Green, “la historia ancestral como el hilo conductor para el tejido educativo, las perspectivas críticas, de género, generacionales y de la Madre Tierra, son asuntos de nuestra pedagogía que no sabemos cómo se evaluarían desde una prueba estandarizada”.

Asimismo, a los indígenas les preocupan aspectos técnicos de la prueba, ya que los estudiantes son portadores activos de su lengua materna indígena, el Embera Bedea y el Gunadule. “En este sentido, creemos que este tipo de examen exige un conocimiento previo sobre el modo de preguntar, la lengua y los conceptos utilizados, lógica que excluye de entrada a quienes no son funcionales al castellano desde el inicio de su escolarización”, concluye Abadio Green.

Con dichos argumentos, el Consejo de la Facultad de Educación de la U. de Antioquia extendió una carta a Alexandra Hernández, directora de Calidad del MEN; a Margarita Peña, directora del Icfes, y a Patricia Martínez, viceministra de Educación Superior. En el documento se solicita “eximir a la primera cohorte de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la presentación del examen Saber Pro” y adicionalmente se propone la construcción de un estudio específico que ayude a plantear caminos pertinentes de evaluar la formación de estudiantes indígenas.

Si bien hay una explicación clara del por qué de la petición, en oficio del 20 de junio de este año, el entonces director de Calidad para la Educación Superior, Carlos David Rocha, respondió que “no procede la recomendación de eximir el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior al grupo de estudiantes indígenas que cursan el programa”.

¿El argumento? Según la Ley 1324 de 2009, por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de educación, dicho examen es obligatorio como requisito de grado para todos los estudiantes que adelantan programas en instituciones universitarias. Para todos, sin excepción, incluso para quienes se rigen por lógicas distintas de aprendizaje, como las minería étnicas.

 Así, sin más justificación, y sin indicios de querer diseñar un estudio que defina  cómo evaluar a estudiantes indígenas, responde el MEN, organismo que tampoco se manifiesta frente a la solicitud de El Espectador sobre la inquietud de las alternativas que existen para los 73 estudiantes de la Universidad de Antioquia y los demás que cursen programas de etnoeducación en universidades del país.

Al respecto, Ana María Cadavid, jefe del Departamento de Pedagogía de la U. de Antioquia, considera “paradójica” la posición del Ministerio: “Por una parte, promulgan el reconocimiento de los pueblos indígenas a través de la Ley General de Educación, pero a la hora de hacer una exención de la prueba para comunidades ancestrales con unos argumentos válidos, no hay una respuesta”.

Cadavid reconoce que aunque en 2008, cuando inició el programa, había temor de que no hubiera recursos para el desplazamiento de los indígenas desde sus comunidades y de que la estructura curricular no fuera bien recibida, la metodología se desarrolló sin obstáculos y la Licenciatura fue aprobada por el MEN en la resolución 513 del 1 de febrero del 2011.

Sabine Sinigui, por su parte, afirma que “es evidente el desconocimiento por parte del Gobierno de otras maneras de educar, pero preocupa mucho más ver que el Ministerio no se está preparando para evaluar proyectos como el nuestro”.

Aunque universidades como la del Cauca, Bolivariana, Amazonia y Guajira, con programas de etnoeducación, dieron la misma pelea y “perdieron”, Sinigui dice que en la de Antioquia seguirán la batalla hasta obtener una respuesta favorable del Gobierno.

mescobar@elespectador.com

@marianaesrol