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El Ministerio de Educación continúa con su tarea de encontrar las universidades de garaje que continúan operando en el país para que no se siga viendo perjudicado el derecho a la educación de los jóvenes a causa de personas inescrupulosas que se aprovechan de la situación.
La viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, anunció el cierre total de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (UNICJAO), ubicada en Montería, debido a que no cuenta con la autorización del Ministerio para prestar el servicio público de educación superior.
Además fueron sancionados los directivos de esta institución porque teniendo conocimiento que no cumplían con los requisitos para la creación de una IES indígena, ni los registros calificados correspondientes ofrecían a través de distinta publicidad los programas académicos de medicina, derecho, trabajo social y psicología, hasta ofertaron maestrías y doctorados.
Desde el pasado 27 de julio de 2015 el Ministerio de Educación había ordenado la cesación de actividades de la UNICJAO, lo cual no fue acatado por lo que se le impuso a la UNICJAO como persona jurídica, una multa de 300 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigente equivalentes a $193.305.000 y multas sucesivas de 400 SMLMV, equivalentes a $207.740.000 por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal, lo cual será verificada por el Ministerio.
A su vez el representante legal, Elías José Villalba en su calidad de rector, presidente de la Junta Directiva y representante Legal, deberá pagar alrededor de $51.548.000 y multas sucesivas de 100 SMLMV, que corresponden a $64.435.000, por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal.
Así mismo, el Ministerio compulsó copia de la Resolución de sanción a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue si las irregularidades de la UNICJAO trascienden al ámbito penal.
Alrededor de 732 estudiantes se verán gravemente afectados porque no se les podrá otorgar un título profesional legítimo debido a que la universidad no tiene la autorización legal para prestar el servicio de educación superior.