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La magistrada María Dorian Álvarez, de la Sala General del Tribunal Superior de Bogotá, negó la tutela en la que un grupo de estudiantes del programa de Medicina de la Universidad San Martín exigían el derecho a la educación y pedían ser reubicados en otras instituciones de educación superior de Bogotá.
Según la juez, no hay motivos para considerar que el derecho a la educación de los alumnos está siendo vulnerado pues la Universidad San Martín sigue prestando el servicio a los alumnos que ya estaban matriculados como se lo había ordenado el Ministerio de Educación. Con la decisión, la magistrada le dio la razón al gobierno de mantener la suspensión del registro calificado del programa e impedir que la institución ofrezca el programa de medicina a nuevos alumnos.
En la página web, el Ministerio de Educación informó el Programa de Medicina ofrecido en la ciudad de Bogotá por la Fundación Universitaria San Martín se encuentra inactivo en el Sistema de Información de la Educación Superior, por vencimiento de su Registro Calificado.
La disputa entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Martín se remonta a junio de 2013 cuando se ordenó el cierre de siete programas académicos relacionados con el sector salud, en tres ciudades del país de esta institución. La decisión se tomó luego de una investigación que concluyó en que la universidad estaba incumpliendo “las normas que regulan los convenios docencia-servicio de los programas del área de la salud”.
La decisión afectó a 1.533 estudiantes que vieron en entredicho la reputación de los programas en los que estaban matriculados. Pero la sanción impuesta por el Ministerio era clara en que la institución debía asegurar el desarrollo de los programas para aquellos estudiantes que ya estaban matriculados en condiciones académicas de calidad hasta que terminaran de cursar sus carreras y posgrados.
Antes de esta radical sanción, la institución ya había sido sancionada por el Ministerio de Educación. Mediante Resolución 213 del 10 de enero de 2012, se canceló el programa de Ingeniería de Sistemas a distancia y más adelante, a través de la resolución 3140 del 4 de abril de 2013 recibió una multa por 100 salarios mínimos por no permitir “ejercer de manera oportuna y adecuada el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia.