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Dos ingenieros colombianos son el punto de partida del programa que hoy tiene a 10.000 estudiantes de escasos recursos estudiando en las mejores universidades del país.
Esta semana, con el inicio de clases, la tesis de grado de Juan Felipe Penagos, estudiante de doctorado en ingeniería en la Universidad de los Andes (Bogotá), dirigida por Roberto Zarama, subdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad (Ceiba), pasó de ser una propuesta de inclusión social para las universidades condensada en el papel a un hecho que se proyecta como la política pública más ambiciosa liderada por el actual Ministerio de Educación Nacional.
“En 2012 comenzamos a investigar cómo funcionaba el acceso de los bachilleres a las mejores universidades del país y encontramos que 17.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que obtenían los mejores resultados en las pruebas Saber se quedaban sin acceder a la universidad por problemas financieros y personales. Así que, partiendo del programa de becas Quiero Estudiar, implementado en 2006 por los Andes, intentamos idear un sistema en el que los resultados de las pruebas Saber pudieran convertirse en una oportunidad para que estos jóvenes ingresaran a instituciones de alta calidad”, explica Penagos.
Este fue el estudio que Gina Parody, ministra de Educación, conoció en agosto del año pasado, durante una reunión en la que representantes de las diez principales universidades del país socializaron los proyectos de investigación que cada una estaba gestionando frente a las históricas problemáticas de la educación superior: deserción, falta de acceso de las minorías y regionalización. Parody se encariñó con la investigación de los Andes y al posesionarse como ministra invitó a Penagos y Zarama a unirse a su equipo para convertir su trabajo en un programa nacional, capaz de garantizarles a miles de bachilleres de escasos recursos un cupo en la carrera y la universidad que eligieran.
¿Cómo ven hoy este par de expertos la manera como se ha desarrollado el programa?
Tanto Penagos como Zarama coinciden en que las decisiones de los 10.080 bachilleres elegidos como beneficiaros comienzan a revelar tendencias que tendrán que ser analizadas a fondo y que posiblemente abrirán interesantes debates públicos sobre el estado actual de la educación superior del país.
Lo primero que les llamó la atención a los investigadores fue el hecho de que el 85% de los beneficiados eligieron estudiar en universidades privadas. El comportamiento histórico de las matrículas, unido a la modelación hecha por los investigadores, indicaba que la distribución de las becas iba a quedar en un 50% en universidades privadas y la otra parte en públicas.
“Lo que ocurrió es interesante y fue completamente inesperado. No hubo de parte del ministerio ningún mensaje que llevara a los estudiantes a preferir las instituciones privadas. Ellos tuvieron toda la libertad y la autonomía a la hora de elegir instituciones y programas. Creo que pudieron influir dificultades en los procesos de admisión de las universidades públicas y también el imaginario de que las carreras en estas instituciones pueden demorarse mucho más tiempo, pero también es evidente que un alumno que nunca se proyectó en una universidad privada sienta que debe aprovechar lo que considera un privilegio”, dice Zarama.
Por su parte, Penagos cree que esta tendencia revela un reto que tendrán que asumir las universidades al gestionar estrategias para atraer a estos estudiantes que representan una muestra del mejor talento académico. “Así como se les está diciendo a los estudiantes con este programa que ‘ser pilo paga’, el mensaje para las universidades es que ser una institución ‘pila’ también les va a traer a ellas el beneficio de recibir estudiantes de calidad financiados por el Gobierno”.
Aunque podría pensarse que la llegada de más de 9.000 estudiantes a instituciones privadas, con matrículas costosas, podría poner en riesgo la financiación del programa, Penagos asegura que esa variable fue tenida en cuenta y los $155.000 millones que el Gobierno destinará en este primer año de programa alcanzarán para cubrir matrículas y manutención.
“Los recursos son suficientes. Calculamos que, en promedio, el Gobierno invertirá $120 millones en financiar a un estudiante durante todo su pregrado, independientemente de la universidad que elija. Según nuestros cálculos, y a pesar de los imaginarios, encontramos que vale casi lo mismo sostener a un estudiante en una universidad pública que en una privada: mantener a un estudiante en la Universidad de los Andes durante un semestre vale $12 millones y medio, mientras que en la Universidad Nacional cuesta $11’900.000”.
Una de las principales preocupaciones que comparten los expertos es el problema de la deserción. Se estima que, en Colombia, la mitad de los bachilleres que entran a la universidad terminan abandonando sus estudios por razones económicas, pero también por problemas de adaptación.
“El reto de las universidades será encontrar estrategias para retener a estos estudiantes que llegan a diversificar el ambiente de muchas instituciones que por años sólo estuvieron reservadas a jóvenes con dinero. Sabemos que las instituciones están implementando estrategias porque son conscientes de que el reto es grande”, dice Penagos.
Ambos científicos reconocen que aún no es posible determinar el impacto de esta nueva política de becas masivas en las aulas de clase, pero los seis meses que comienzan serán claves para determinar su futuro.
acuevas@elespectador.com