Proponen agencia para vigilar los recursos de la alimentación escolar

Ministra de Educación, Gina Parody.

Luego de que saliera a la luz pública los varios casos de corrupción relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la ministra de Educación, Gina Parody, propuso la creación de una agencia que permita bloquear las mafias que estaban apoderándose de los recursos. Lo hizo a través de un proyecto de ley que radicó este miércoles en el Congreso. (Lea 'Alimentación escolar, un drama sin responsables)

“La Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA) operará el programa de alimentación en aquellas regiones más vulnerables y donde alcaldías y gobernaciones decidan que no tienen la capacidad de hacerlo, aseguró Parody. (Lea Desenmascaran redes que se apropiaban del dinero para alimento de los niños)

De acuerdo a la Ministra, la idea es intervenir y tener mayor control de los recursos. Así, dijo, se puede frenar la contratación a dedo. El propósito es que haya contrataciones públicas donde hay muchos oferentes, prohibir los contratos con los municipios no certificados y que haya una estandarización de precios basada en estudios de mercadeo.

“Esto quiere decir que se va a buscar que se entregue lo mismo que una madre le incluye en la lonchera a su hijo. Con la ley se busca atraer a los mejores operadores y que no se pierda ni un centavo del dinero que se destina para la alimentación escolar”, explicó.

El proyecto de ley, de acuerdo al Ministerio, fue socializado con las Comisiones VI del Senado y Cámara, y con la Federación de Departamentos.

Ante las varias denuncias que aparecieron después del caso de la escuela de Aguachica, César, donde los estudiantes eran fotografiados con el mismo plato de comida, hace una semana la Contraloría anunció el primer proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el PAE. Lo abrió en La Guajira, contra exalcalde y exsecretaria de Educación de Uribia, y 11 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu. ¿El monto? $1.614 millones.

Además, los últimos días de abril, la Fiscalía realizó las primeras capturas por estos casos. Las realizó en Neiva, Huila, por irregularidades en un contrato de más de $2 mil millones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para la atención de menores y de madres gestantes.