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Hace dos años, el Ministerio de Educación anunció que debía imponerle medidas preventivas a un grupo de universidades en las que encontró varias irregularidades. Entre ellas se encontraba la Universidad Incca, una fundación universitaria fundada por Jaime Quijano Caballero en 1955 y que nació guiada por las revoluciones socialistas: tuvo nexos científicos con la República Democrática Alemana, con la Unión Soviética, con Cuba y con Bulgaria. En ese entonces el Ministerio advirtió que los problemas de la Incca eran varios. No tenía capacidad para sanear sus deudas a corto plazo, había matriculado estudiantes que no cumplían los requisitos internos y algunos directivos habían llegado a los cargos de manera irregular.
De lo que terminó de suceder con la Incca no se supo nada hasta mayo de este año, cuando la viceministra de Educación, Natalia Ruiz, levantó públicamente la vigilancia especial. La Universidad había cumplido en un 81 % con el Plan de Mejoramiento, lo que evidenciaba que “podía prestar el servicio educativo en condiciones de calidad”. Pero lo que sonaba como un parte de tranquilidad para las directivas, no lo fue para algunos docentes, especialmente para el sindicato de trabajadores (Sintraunincca), quienes empezaron a ver con temor que los problemas financieros en la universidad continúen a pesar de que se levantó la medida preventiva.
Según María Teresa Garzón, representante del sindicato, este año hubo retraso en el pago de los salarios incluso en los meses después de que se levantara la medida. En el segundo semestre de este año no les han pagado desde septiembre y, a pesar de que la semana pasada salieron a vacaciones, no les han dicho nada al respecto. Además, el miedo por la situación financiera se hizo mayor cuando les notificaron que la Incca le solicitó al Ministerio de Trabajo permitir el despido de 123 trabajadores de los 463 con los que cuenta la universidad.
“De estos 463, nosotros creemos que 220 son de catedra, otros 120 con contrato a término y los 123 que quieren sacar somos la totalidad de planta, los que tenemos contratos indefinidos”, comenta.
Por su parte, las directivas de la universidad explicaron que esta última medida lo que busca es ajustar los gastos, ya que cerca del 90 % de los ingresos de la Incca se destinan al pago de nóminas. “En los años de oro de la Incca, a finales de los 80, teníamos unos 9 mil estudiantes, pero las matriculas empezaron a caer. Hoy tenemos menos de 3.000 estudiantes y nunca se hizo ese ajuste”, advirtieron. Igualmente señalaron que “el pago de la seguridad social de todos los trabajadores está al día” y que se realizó el pago de nómina hasta el mes de noviembre “de los docentes de tiempo parcial, los pensionados y un grupo de trabajadores con condiciones de salud delicadas”.
Es por esta razón que Sintraunincca le ha pedido reiterativamente al Ministerio de Educación seguir vigilando de cerca la Incca. “En la parte financiera del plan de mejoramiento, la universidad sólo había cumplido el 40 %, pero a pesar de eso la dejaron seguir adelante”, comenta Garzón.
Ante esto, el Ministerio de Educación explicó que “la normatividad que rige estos procesos no establece un porcentaje específico que deba cumplirse para levantar las medidas” y que se seguirá adelantando un ejercicio de seguimiento y monitoreo permanente en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.
Pero más allá de los vacíos en la parte financiera, algunos docentes ven con malos ojos que varias reglas han empezado a cambiar desde que, en el 2014, entraron las nuevas directivas. Se trata de María Solita Quijano Samper, presidenta e hija del fundador, y María Carolina Villamizar, actual rectora. Según el sindicato ambas fueron nombradas de manera irregular, ya que no cumplían con los requerimientos necesarios que establecía el estatuto de la universidad (lo cual se convirtió en uno de los hallazgos por los que la Incca recibió vigilancia especial). Sin embargo, este estatuto fue reformado sin consultar con la comunidad el año pasado y les dio a ambas la condición de perpetuas en la Incca.
Las directivas explican que el nuevo estatuto hace parte del Plan de Mejoramiento y que este fue aprobado por el Ministerio. Igualmente, el Ministerio de Educación explicó que decidió ratificar ambos cargos, ya que sus perfiles se ajustaban a las funciones previstas, pero que igualmente hay una investigación en curso a cargo del Grupo de Investigaciones Administrativas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional para cerciorarse de que estos nombramientos no incumplan con el estatuto.
En lo que concuerdan ambas partes, por el momento, es que en el centro de todo esto están los estudiantes. Razón por la que las directivas de la Incca señalan que “esta situación no significa ni la quiebra, ni el cierre de la institución”.