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Las reacciones a las declaraciones que entregó la ministra de Educación, Gina Parody, sobre las universidades que serán investigadas no se detienen. Durante la rueda de prensa en la que Parody reveló que la Fundación Universitaria San Martín no podrá matricular estudiantes para el próximo semestre, resultado de sus históricas y graves irregularidades administrativas, también señaló que varias universidades, entre las que se encontraban la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Incca (Bogotá) y la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena), podrían ser sometidas a sanciones similares, lo cual provocó conmoción en las instituciones.
Aunque las directivas de la Rafael Núñez no se han pronunciado sobre los señalamientos, en el caso de la Universidad Incca y la UNAD las respuestas no se hicieron esperar.
María Carolina Villamizar, quien hace dos meses se posesionó como rectora de la Incca, le pidió a la ministra que explique por qué dice que va a sancionar a la universidad si “no tienen pruebas” de irregularidades. Para Villamizar, Parody está generando “un pánico académico sin tener decisiones de jueces en la mano”.
En entrevista con el diario El Tiempo, Villamizar dijo que su universidad sí tiene una investigación preliminar abierta por un “supuesto incumplimiento de contrato”, pero confía en que eso se resuelva pronto, pues es sobre “un contrato que no se suscribió”, y remató diciendo: “Yo llegué a poner orden en una serie de irregularidades administrativas que la Incca tiene desde la administración pasada. Hay problemas, pero no requieren intervención; son problemas de gestión”.
Sin embargo, a diferencia de lo que dice la rectora, la comunidad académica cree que ya es hora de que el Ministerio de Educación centre su atención en lo que está ocurriendo dentro de la universidad.
“El contrato que está investigando el ministerio revela la manera como se viene manejando la universidad. El exrector Enrique Conti pretendía ofrecer en Facatativá unos programas académicos, y para ello negoció con la Corporación Desarrollo Educativo y Social —Cordes S.A.S.—, empresa de su hijo, Iván Conti, la ejecución de ese contrato. Hay que aclarar además que Iván Conti era empleado administrativo de la Incca. Como el negocio no resultó, porque los registros calificados de las carreras de la universidad no se avalaron para ser ofrecidos en Facatativá, la empresa de Iván Conti demandó a la universidad por la suma de $21.000 millones, alegando incumplimiento de contrato”, explica María Teresa Garzón, presidenta del sindicato de trabajadores.
El lío causó la salida de Enrique Conti de la universidad en septiembre de este año, pero además avivó la desconfianza por parte de profesores y alumnos sobre la manera como ésta se estaba administrando.
“En ese momento anunciaron que iba a llegar como presidenta de la universidad María Solita Quijano Samper, la hija del fundador, quien podría solucionar la situación, pero vimos que contrató como rectora a María Carolina Villamizar, hija del cuestionado rector de la Universidad San Martín, y al mismo tiempo nombró a Jairo Cotrina, uno de los asesores de esa universidad como vicerrector. También nombró vicepresidentes a sus familiares Jaime Quijano Samper y Pedro Quijano Samper. Aunque los maestros y los alumnos protestaron porque con estos nombramientos deliberados se violan los estatutos universitarios, los directivos no tuvieron en cuenta el sentir de la comunidad. Ahora todas las decisiones las toman estas personas y los representantes de maestros y profesores están excluidos”, dice la profesora Sonia Jimena Moreno, representante de los docentes.
Según los maestros, es tal la presión en la universidad que los directivos repartieron una circular —conocida por El Espectador— en la que les advierten a los empleados, entre maestros y administrativos, que quienes hagan declaraciones a medios de comunicación sin tener el consentimiento previo podrán ser sancionados disciplinariamente. “Con la nueva administración, la universidad comenzó a manejarse bajo un estilo autoritario en el que no se puede hablar de nuestras inconformidades. Somos una universidad con buenos profesores y egresados destacados; nuestra crisis no es una crisis académica sino administrativa, y la ministra debe aclarar esto. Porque nuestra calidad no está comprometida, tenemos todos los registros calificados al día, pero sí queremos que miren cómo se está administrando la institución”, dice la profesora Moreno.
La reacción de la UNAD
Por otro lado, después de las declaraciones de la ministra Parody, las directivas de la UNAD colgaron un comunicado en su página web en el que aseguran que los señalamientos sobre irregularidades no son ciertos. “Son totalmente infundados y han sido promovidos por personas que de manera malintencionada buscan afectar la dignidad de las directivas, docentes, estudiantes y egresados, y la bien ganada reputación institucional durante sus 33 años de existencia. La UNAD no ha sido objeto de ninguna sanción por parte del Ministerio de Educación Nacional, ni institucionalmente, ni en ninguno de sus programas; como tampoco posee sanciones por parte de ningún organismo de control (Procuraduría, Fiscalia y/o Contraloría)”, dice el texto.
Según le dijo a este diario Jaime Leal, su rector, “el único reporte del que hemos tenido conocimiento es un informe de la Contraloría en el que presentan unos hallazgos que ellos deben evaluar internamente, pero que aún no han desembocado en ninguna sanción o investigación”.
Leal se refiere a los cuestionamientos que hizo hace más de veinte días el ente de control por la actuación de las directivas y la inversión de $6.230 millones para crear una sede en Florida (Estados Unidos) “de naturaleza privada y regida por las leyes y normas de ese país”.
“Pero nosotros tenemos todos los argumentos para demostrar lo contrario. Lo único que hemos hecho es un ejercicio transparente en el uso de los recursos”, asegura el rector. Con él concuerda Víctor Hugo Peña, representante de los estudiantes ante el consejo académico.
Sin embargo, Luis Fernando Páramo, rector encargado de la institución en años anteriores, piensa de forma muy distinta: “Es posible que la universidad no haya actuado de forma ilegal, pero sí puede haber procedido de manera impropia en algunos casos. En la sede de Miami, por ejemplo, se han gastado recursos de manera innecesaria. Han hecho viajes para llevar a cabo varias reuniones que se pudieron hacer de manera virtual. Además hay problemas de acreditación con algunos programas. La ministra, entonces, tiene toda la razón y está en la obligación de investigar”.