¿Vale la pena el esfuerzo del Estado para financiar Ser Pilo Paga?

Cortesía Universidad EAFIT / Cortesía Universidad EAFIT

El programa de acceso a la educación superior Ser Pilo Paga (SPP), además de significar una oportunidad para miles de jóvenes colombianos que no hubieran podido hacer realidad su sueño de entrar a la universidad, abre la puerta a un interesante debate, en el que ha recibido un aguacero de críticas. Esta iniciativa, que nació en la Universidad de Los Andes, ha tenido que usar un enorme paraguas porque durante su primer año de funcionamiento han sido varios los expertos que han manifestado sus reparos.

Tal vez la mayor crítica que realizan los especialistas tiene que ver con el dinero. Durante cuatro años, alrededor de 40.000 jóvenes ingresarían a las universidades públicas y privadas sin tener que pagar un centavo, pues esta inversión la asume el Gobierno. María Patricia Asmar, consultora independiente y exsubdirectora del Icfes, opina que es una desproporción gigantesca que el valor total de SPP sea casi la misma cantidad que la que el Gobierno destina anualmente a las universidades públicas para formar un millón de estudiantes.

Desde esta perspectiva, resultaría más efectivo que el programa fortaleciera a la universidad pública con los recursos que hoy le entrega a la privada, para brindar más calidad y poder recibir un mayor número de alumnos que, incluso, no tendrían que trasladarse a otras ciudades del país.

Asmar ve esta iniciativa como una estrategia con un fin más político y publicitario, con un limitado impacto social. Quizás por eso no le da miedo aventurarse a realizar sus propios cálculos: “Cuando se mira la lista de los bachilleres que salen de los estratos 1, 2 y 3, estamos hablando de 482.000 jóvenes. Ser Pilo Paga da entre 10.000 y 12.000 becas. ¿Qué pasa con los otros 470.000? ¿Cuál es su opción? ¿Una universidad pública que no ha crecido o el SENA, que es educación para el trabajo? No hay una solución del problema estructural en Colombia”.

Más allá de los números también hay otras preocupaciones. Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, cree que el problema con SPP es que se trata de una política de Gobierno y no de Estado. “No hay una sola ley de la República que la respalde y en caso de que el actual o el futuro Gobierno desee suspenderla, los jóvenes podrían quedar en el limbo”.

También hay inquietudes acerca del concepto de calidad y las condiciones que impuso el Ministerio de Educación a los beneficiarios del programa. Uno de los requisitos es elegir una universidad acreditada. Para Lopera, esto sólo limita la oferta y aumenta el presupuesto de SPP, pues estas instituciones son mucho más costosas. Eso sin contar que acarrea dos consecuencias graves: La primera es que se establece una premisa errónea: Si la universidad no tiene una acreditación, es de ‘garaje’. La segunda es que muchos estudiantes de ciudades intermedias, en donde la mayoría de instituciones educativas no tienen acreditación, deben venir hasta Bogotá con el riesgo de no adaptarse. Esos lugares, afirma Lopera, podrían perder capital intelectual importante.

Otro de los asuntos que trasnocha a estos expertos es el retorno de la inversión realizada por el Estado. Para ellos resulta indispensable pensar en la forma como los estudiantes van a devolverle al país la oportunidad que recibieron. “Eso ayudaría, incluso, a crear una bolsa de oportunidades para nuevos pilos”, agrega el director.

No sólo los observadores externos tienen observaciones y críticas al programa. Las universidades que han recibido a los pilos también dan sugerencias. “Creo que habría que mejorar el aspecto vocacional. Son estudiantes que no pensaron que fueran a tener la oportunidad de acceder a la educación superior y cuando lo lograron, no tenían muy claro la carrera, ni tampoco identificadas sus fortalezas. Entonces terminaron apuntándole a profesiones que les permitieran ganar un buen sueldo para ayudar a sus familias”.

Las palabras son de Carolina Jaramillo, directora de Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Javeriana, quien agrega que otro aspecto que no hay que descuidar es la deserción. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el año pasado desertaron 22 estudiantes del programa. En el caso de la Javeriana, por ejemplo, se presentaron solo dos casos. “Uno de un joven que se encontró con que la carrera no era lo suyo y otro de una estudiante que tuvo que retirarse por problemas de salud”. Sin embargo, cuenta Jaramillo, ambos están en proceso para ser reubicados.

Un programa, no un sistema

Desde que comenzó a incursionar en el mundo de la educación, la obsesión del profesor Roberto Zarama, creador de SPP, han sido los sistemas complejos: ¿cómo cambiar lo que ya está establecido sin tener que crear nuevos sistemas? Después de mucho tiempo y estudio, descubrió que la clave está en las pequeñas perturbaciones.

Quiso, entonces, aplicar esta teoría a varios proyectos que creía podrían hacer la diferencia. Y así lo hizo con SPP. Zarama es enfático en que se debe hacer una distinción entre el programa y el sistema de educación a la hora de lanzar críticas. Recalca que gracias a SPP se ha logrado exponer los grandes vacíos que tiene la educación colombiana y que, indudablemente, han hecho que el debate sobre la calidad haya tomado fuerza una vez más.

En ese sentido, ha identificado algunas premisas que le gustaría ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, discrepa del argumento de que los pilos entran desorientados a las universidades, pues es un fenómeno que en realidad afecta a todos los estudiantes del país que comienzan la vida universitaria.

En cuanto al asunto de por qué se termina dándole más dinero a las universidades privadas que a las públicas, el profesor asegura que esto no lo decide el programa, sino el estudiante, quien escoge la institución y la carrera. La pregunta, reflexiona, sería más bien por qué los pilos no quienes ir a las instituciones, las cuales saldrían, incluso, más beneficiadas si pudieran seducirlos, porque SPP les pagaría el valor total de la carrera, un monto adicional al presupuesto que reciben. “Lo que deben lograr es que los jóvenes quieran ingresar a ellas. Pero esa cultura en las instituciones públicas no existe”.

Así mismo, Zarama desmiente que las privadas no hayan hecho un aporte grande y comenta que han sido ellas las que han costeado no sólo los cursos de nivelación, sino también los cambios de carrera. Pero tal vez la crítica que más le parece relevante refutar es acerca del debate de la inversión que hace SPP y su comparación con el dinero que se le entrega anualmente a las universidades públicas. De acuerdo con las proyecciones iniciales, la estrategia dura entre ocho y nueve años. En los primeros cuatro ingresan los 40.000 estudiantes y en el resto del tiempo se gradúan hasta que llegue la última generación. En ese período se hará una inversión de $3 billones. Anualmente, advierte, la educación superior pública recibe casi la misma cifra.

Para dejar el tema más claro y demostrar que el impacto de su proyecto es mayor, el matemático aclara su argumento con cifras: “Vamos a suponer que tenemos $150.000 millones, que es aproximadamente lo que invertimos al año. Si lo hubiéramos repartido en las universidades públicas, que son alrededor de 30, le hubiera tocado a cada una $5.000 millones ¿Esto hubiera tenido el mismo impacto que el de cambiarle la vida a 40.000 jóvenes que están estudiando en las mejores instituciones del país?”.

Zarama está convencido de que la educación de calidad cuesta y ni siquiera se desgasta en defender el requisito de acreditación para las universidades. Asegura que es evidente que éstas tienen mejores estándares porque tuvieron que pasar por filtros exigentes y contra pregunta: “¿Por qué esas universidades no se han acreditado?”.

Este pupilo de René Thom, padre de la Teoría de Catástrofes, cree que se debe mejorar el sistema, pero mientras esto es posible se cuestiona acerca de qué deben hacer los jóvenes que en este instante quieren estudiar: “¿Cómo pensar que es mejor decirles a los 20 niños que vinieron del Chocó que se queden allá en la Tecnológica del Chocó, pudiendo ir a una institución de mejor calidad?”.

El académico, sin embargo, es consciente de que el programa necesita transformaciones y las nombra sin miedo: generar un vínculo con las regiones, mejorar el proceso de selección de los estudiantes, convertirlo en una ley después de establecerlo como un sistema y, principalmente, encontrar la forma de retribuir ese dinero invertido. De hecho, ahora está pensando en dos proyectos: uno que tiene que ver con la forma de volver autosostenible el plan bandera del Gobierno en educación, y otro relacionado con los no tan pilos, porque a futuro su sueño es que todo bachiller tenga una alternativa para seguir formándose.