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En 1939, cuando el general Francisco Franco ganó la Guerra Civil española y les arrebató el poder a los republicanos, los funcionarios en exilio formaron un gobierno paralelo, con funciones estrictamente simbólicas y que tuvo su sede primero en Ciudad de México y más tarde en París. Un proceso parecido se viene cocinando en Bogotá con el Poder Judicial de Venezuela, que desde hace un mes acogió a los miembros exiliados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo organismo judicial del vecino país.
El 20 de julio de este año, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, designó a 13 magistrados titulares y 20 suplentes, argumentando que los actuales fueron nombrados de manera ilegítima.
No les falta razón: esos jueces que hoy defienden al gobierno (nunca fallan en su contra) fueron nombrados días después de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) arrasara en las elecciones legislativas y ganara la mayoría del Parlamento. El gobierno de Nicolás Maduro, en una sesión exprés, se aseguró el control de la máxima Corte nombrando a jueces chavistas.
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Algo que condenó incluso la exfiscal Luisa Ortega Díaz y que la actual AN intentó cambiar con el nombramiento de los nuevos magistrados. Una medida catalogada como “subversiva” por los magistrados del TSJ files al oficialismo.
La Sala Constitucional del tribunal solicitó a las autoridades que aplicaran “acciones de coerción” contra el Parlamento y los jueces por el delito de “usurpación de funciones”. Un paso más en el proceso de persecución a los diputados, que comenzó el año pasado cuando el TSJ declaró en desacato al Parlamento y asumió varias de sus funciones. Según la Constitución de 1999, el TSJ tiene la facultad de bloquear cualquier disposición del Parlamento, por eso, tener al tribunal en el bolsillo le permitía a Maduro blindarse de cualquier decisión adversa que emitiera la oposición.
“Cuando salimos de la juramentación el 20 de julio de este año, el Tribunal Supremo de Justica había dictado una decisión donde nos advertía que estábamos en curso de un delito de usurpación de funciones”, recuerda la magistrada en el exilio Evelina D’Apollo, quien cuenta cómo Maduro los acusó de traición a la patria, un delito que contempla penas de hasta 30 años de prisión. “Nos bloquearon las cuentas, no nos permiten hacer ninguna transacción”, añade la magistrada, quien insiste en que se les violó el derecho a la una defensa y al debido proceso. Las fuerzas de seguridad venezolanas allanaron sus casas y las de sus familiares, y empezó la cacería para detenerlos. “La aspiración de todo abogado es llegar al puesto más alto de la magistratura”, dice Gonzalo Álvarez, otro de los magistrados hoy perseguidos. “En ese momento ser magistrado era un riesgo, pero lo asumimos”, asegura.
Un riesgo que crece luego de que Maduro instalara la polémica Asamblea Constituyente. Lo primero que hicieron sus 537 miembros fue ratificar a los magistrados chavistas. Por eso, los jueces nombrados por la AN terminaron en la clandestinidad, algunos buscando refugio en embajadas y otros reunidos en pequeños grupos en países como Colombia y Estados Unidos.
“A Ángel Zerpa, uno de nuestros compañeros, lo detuvieron de forma ilegítima. Lo mantuvieron días en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) […] en un cuarto de un metro por un metro que compartía con otra persona en medio de condiciones deplorables”, dijo la magistrada D’Apollo sobre su colega, quien fue puesto en libertad condicional después de una larga huelga de hambre.
Esa persecución llevó a siete jueces a cruzar la frontera con Colombia de manera clandestina. Del lado colombiano sellaron su entrada al país como turistas a pesar de que, oficialmente, nunca salieron de Venezuela. El principal argumento del régimen para perseguir a los magistrados exiliados es que su nombramiento fue extemporáneo y, por lo tanto, ilegítimo. Los miembros del TSJ elegidos en 2015 tienen un período de 12 años, del que les restaría 10 antes de ser reemplazados. Sin embargo, según Rafael Ortega, otro de los magistrados en Colombia, los miembros del TSJ que sigue funcionando en Venezuela no cumplen los estándares para el cargo.
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“Dentro de los requisitos está que no hayas sido juzgado penalmente”, dice el jurista en referencia al caso de Maikel Moreno, actual presidente del TSJ oficialista y quien, además de haber tenido abierto un proceso por homicidio en los 90, también habría sido parte de una banda de apartamenteros. “Tampoco se puede tener doble nacionalidad o haber formado parte en 2015. Era un diputado del partido de gobierno que además votó por él mismo para ser magistrado”.
El grupo de siete magistrados radicados en Colombia ha hecho saber, en varios eventos públicos, como la plenaria de la Cámara de Representantes del pasado 13 de septiembre, que tiene la intención de quedarse en Colombia y de formar en Bogotá una sede paralela del Tribunal Supremo de Justicia.
“Si llegamos a constituirnos como un tribunal supremo en el exilio, no seríamos un tribunal ordinario, porque podríamos hacer pronunciamientos en conjunto”, afirma el magistrado Álvarez. La naturaleza de esos pronunciamientos estaría relacionada con solicitudes de investigación para casos de corrupción, lavado de activos y crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen, como lo aclaró para “El Nacional” el magistrado Miguel Ángel Marín.
El 13 de octubre se espera que los magistrados del TSJ en el exilio se encuentren en las oficinas de la OEA en Washington para tomar posesión de sus cargos. “Bogotá es la capital de un país hermano con el que nos une trayectoria histórica. No es lo mismo Bogotá que Estados Unidos porque la receptividad aquí es mucho más grande de la que hemos tenido allá”, afirmó el Magistrado Álvarez.