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La Corte Suprema de Brasil decidió por 8 votos contra 3 criminalizar la homofobia, un paso importante para las minorías sexuales en uno de los países con más asesinatos de personas LGBT del mundo.
El Supremo Tribunal Federal (STF) equiparó la homofobia al delito de racismo, hasta que el Congreso -actualmente de mayoría conservadora y con fuerte influencia de las iglesias pentecostales- formule una ley específica para castigar ese tipo de discriminación.
"Todo prejuicio es violencia. Toda discriminación es causa de sufrimiento, pero aprendí que algunos prejuicios causan más sufrimientos que otros, porque son heridas que castigan a la persona ya desde su hogar, aparta padres de hijos, hermanos, amigos, por la simple circunstancia de intentar vivir lo que se lleva como esencia y que no cumple con el disfraz sociopolítico determinante", afirmó la jueza Cármen Luzia al votar a favor. Vea también: El Brasil de Bolsonaro contra los derechos de la población LGBTI
Según la ONG Grupo Gay da Bahía (GGB), que recoge estadísticas nacionales desde hace cuatro décadas, en 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios por "homotransfobia", un 30% más que en 2016.
Esto implica la muerte por suicidio o asesinato de una persona LGBT (lesbianas, gays, bixesuales, travestis, transexuales, transgénero) cada 19 horas en Brasil.
La máxima corte del país consideró que el poder legislativo fue omiso al no aprobar hasta ahora una ley que permita castigar este tipo de conducta.
Los tres jueces que votaron en contra consideran, sin embargo, que la criminalización de la homofobia cabe al Congreso y no al STF.
"Solamente el Parlamento puede aprobar [la definición de] delitos y penas; sólo el Parlamento puede legislar sobre conducta penal", opinó Ricardo Lewandowski.
Los actos de racismo en Brasil son pasibles de uno a tres años de prisión o de multas. Esto valdrá ahora para los actos de "homotransfobia". La decisión del STF causó malestar en el Congreso, que se sintió despojado de sus funciones. Le recomendamos: El Brasil 'gay' de Jair Bolsonaro
"La Constitución asegura al Congreso Nacional la atribución de legislar. El Parlamento respeta la decisión del Poder Judicial (...) pero no puede aceptar la interpretación de que es omiso, ya que se guía por el debido respeto a la democracia y la pluralidad de opiniones, representadas en los diferentes legisladores electos por el pueblo", reclamó la presidencia del Senado en un comunicado.
La Cámara alta informó asimismo que existe al menos un proyecto en tramitación sobre la criminalización de la homofobia, pero éste aún no ha sido apreciado por la Cámara de Diputados.
Con una numerosa bancada que defiende sus intereses en el Congreso, las iglesias pentecostales -que han crecido exponencialmente en número de fieles en Brasil, el país con más católicos del mundo- asumen estar empeñadas en frenar iniciativas como la aprobada por el STF este jueves.
Para muchos líderes de estas iglesias, la criminalización de la homofobia podría restringir la libertad de culto de sus pastores, que temen ser penalizados por rechazar las uniones homoafectivas invocando textos religiosos.
Pero en el veredicto de este jueves, el STF dejó explícito que la criminalización de la "homotransfobia" no puede restringir la libertad religiosa, siempre y cuando los cultos no promuevan un "discurso de odio", es decir, que inciten a la discriminación, hostilidad o violencia contra personas debido a su orientación sexual o su identidad de género.