Siete sirios torturados por el ejército del presidente Bachar al Asad presentaron ante la Fiscalía General de Alemania la primera querella criminal a escala mundial basada en el principio de justicia universal contra seis militares de alto rango de su país.
Según explicó en un comunicado el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), la denuncia es un primer intento de "perseguir los crímenes internacionales cometidos en Siria", donde el régimen es "responsable de torturas sistemáticas y extendidas contra opositores y activistas" desde hace "décadas".
"No debemos mirar pasivamente al horror en Siria. Tenemos que describir lo que está pasando en Siria con palabras y categorías legales", aseguró el secretario general del ECCHR, Wolfgang Kaleck.
A su juicio, "Alemania puede y debe reaccionar ante las graves violaciones de los derechos humanos, como torturas, masacres y violencia sexual en Siria".
Los denunciantes buscan por un lado la emisión internacional de órdenes de detención de estas personas -"ejemplos del sistema de torturas bajo el régimen de Al Asad", según el comunicado- y el inicio de una investigación sobre los militares identificados como responsables de los crímenes que se les imputan.
La denuncia se centra en seis altos cargos de los servicios secretos militares de Siria, a los que se cita con nombres y apellidos, pero también apunta a otras personas, a las que no se identifica completamente.
Los denunciantes aseguran que fueron torturados o que fueron testigos de torturas en las prisiones del servicio de espionaje del régimen sirio.
La querella cuenta con el apoyo legal del ECCHR y de dos abogados sirios, Anwar al-Bunni, del Centro Sirio de Investigaciones y Estudios Legales, y Mazen Darwish, del Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión.
Darwish destacó que "en Siria hay una impunidad total, lo que produce más violencia", y observó que "sin justicia no habrá solución política al conflicto".
Al-Bunni, por su parte, consideró que "las enormes violaciones de los derechos humanos no deben quedar sin respuesta" y que "Alemania debe enviar una señal".
Alemania ha aplicado ya en una ocasión el principio de justicia universal, basándose en una revisión de 2002 de su código penal que contempla el uso de este recurso para casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
De esta forma, el líder rebelde ruandés Ignace Murwanashyaka fue condenado en 2015 a trece años de cárcel.
El principio de justicia universal, o de jurisdicción universal, permite la persecución judicial de crímenes contra la humanidad independientemente del lugar donde se cometieron y la nacionalidad de las víctimas y victimarios.