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Los habitantes de San Lorenzo, en el norte de Ecuador, votaron sin inconvenientes en la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. Los militares y policías que monitorearon la seguridad en la ciudad, equipados con perros antiexplosivos y chalecos antibalas, empezaron a llegar el pasado 27 de enero, cuando un atentado con carro bomba destruyó la estación de Policía, dejó 28 heridos leves y provocó daños materiales en 180 viviendas, de las cuales 34 quedaron completamente destruidas.
En el asentamiento fronterizo, la campaña de los partidarios del Sí y del No en la consulta popular terminó una semana antes que en el resto del país, cuando el presidente Moreno declaró el estado de excepción en la región.
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Los 120 militares de las Fuerzas Especiales, 200 agentes especializados de la Policía y los miembros del Grupo Especial de Operaciones que llegaron a San Lorenzo y al cantón vecino, Eloy Alfaro, cumplieron con la misión de garantizar que los 8.000 ciudadanos habilitados para votar en los cuatro puestos instalados en la zona ejercieran su derecho. Aunque el operativo que se adelantó para asegurar las votaciones fue un éxito, el despliegue militar está lejos de llegar a su fin.
Como el estado de excepción, los militares seguirán en la zona al menos dos meses: vigilando los accesos ilegales en la frontera con Colombia y tratando de dar con el paradero de alias Guacho, un presunto exguerrillero de las Farc que, a cargo del negocio del narcotráfico en la zona, también habría sido el responsable del atentado del 27 de enero.
San Lorenzo no es el único cantón ecuatoriano que preocupó a las autoridades durante la campaña por la consulta popular. A más de 230 kilómetros del atentado con carro bomba, pero todavía en la provincia de Esmeraldas, está Quinindé, el pueblo donde tuvo lugar uno de los hechos de violencia más graves durante la campaña.
Mientras el expresidente Rafael Correa hacía campaña por el No en los micrófonos de Radio Mágica, en la calle, algunos habitantes de Quinindé lanzaron huevos y basura a las camionetas que transportaban al exmandatario. Correa sólo pudo salir de la estación cuando la multitud que lo insultaba fue dispersada con gases lacrimógenos, que, según el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, no eran “bombas policiales […], de acuerdo a nuestro personal de inteligencia fueron botadas por el cuerpo de seguridad del expresidente”.
Mantilla también anotó que se adelantan investigaciones para dar con los responsables del ataque, que fue condenado por el presidente Lenín Moreno y por la comisión de la OEA que llegó a Ecuador como garante de la jornada en la urnas.
Por su parte, Unasur, la otra organización internacional que llegó a supervisar la consulta popular, destacó la tranquilidad en la que se desarrollaron los comicios.
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Al proceso estaban convocados 13 millones de ecuatorianos que participaron masivamente, algo de esperarse en un país donde el voto es obligatorio y la multa por no presentarse en las urnas es de US$386.
En la consulta popular, los ecuatorianos estaban llamados a decidir sobre temas que iban desde poner límites a la explotación minera y hacer que los delitos sexuales contra menores de edad no prescribieran, hasta declarar la muerte política de las personas acusadas de corrupción y eliminar la reelección presidencial indefinida.
Aunque los resultados del conteo preliminar se dieron a conocer la noche del domingo, el CNE tiene planeado divulgar las cifras oficiales diez días después de los comicios, el 14 de febrero.