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La mayor crisis política de este siglo en Perú tiene fecha precisa: el domingo 5 de junio de 2016, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunciaba que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le ganaba la presidencia de Perú a Keiko Fujimori (Fuerza Perú) por tan solo 42.597 votos.
Un golpe imposible de asimilar para la heredera política del expresidente Alberto Fujimori, a quien se le escapaba de las manos la oportunidad más real de ser Presidenta para la que trabajó durante años: Keiko fue la congresista más votada en 2006, y gracias a la altísima popularidad de su padre entre algunos sectores peruanos, su triunfo se daba por descontado. Aunque no se quedó con el premio mayor, los Fujimori se quedaron con un botín nada despreciable: el 56 % del Congreso. Desde entonces Keiko Fujimori se convirtió en la mujer más poderosa de Perú y respaldada por ese poder legislativo quiso gobernar desde el Congreso, pasando por encima de su familia.
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La primera estocada la dio en marzo de 2018 cuando miembros de su partido, Fuerza Popular, presentaron unos videos y audios que evidenciaban que PPK —que meses antes había indultado al patriarca de la familia Fujimori— y otros congresistas (incluido su hermano y rival político, Kenji) habían negociado para votar en contra de la destitución del presidente Kuczynski, acusado de corrupción.
PPK tuvo que renunciar y entonces asumió el cargo el vicepresidente, Martín Vizcarra. Con la misión de enfrentar la corrupción, el nuevo presidente promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, que boicotearon varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.
Una trama corrupta
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht no sólo se llevó por delante a PPK; también arrasó con Keiko Fujimori, detenida desde octubre de 2018, investigada por lavado de activos y por haber recibido aportes irregulares de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.Ver más: ¿Por qué detuvieron a Keiko Fujimori?
En agosto de este año, los tribunales le negaron la libertad condicional a Keiko “por peligro de obstaculización de la justicia”. Se referían a sombra e influencia perversa de Keiko sobre el Congreso. En ese momento, Vizcarra y la bancada opositora estaban enfrentados porque el legislativo bloqueaba todas sus iniciativas. Para solucionar el bloqueo, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la Presidencia como el Congreso; pero la propuesta fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, dominada por los fujimoristas.
No sólo eso. En una jugada más del fujimorismo, los congresistas de Fuerza Perú comenzaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional. En un intento por bloquear esta jugada, Vizcarra presentó una cuestión de confianza.
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Los congresistas, en su mayoría fujimoristas, decidieron pasar por alto la petición de Vizcarra de reformar la elección de magistrados y nombraron como nuevo miembro del Tribunal Constitucional al jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olachea, uno de los fujimoristas más reconocidos.
Y ahí se desató la actual tormenta. El presidente peruano disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el 26 de enero; un grupo de congresistas lo suspendieron del cargo y juramentaron a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz. ¿Dos presidentes, a lo Venezuela?
El país está sumido en la incertidumbre: ninguna de las partes reconoce a la otra y todo indica que terminará en las manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar si Vizcarra hizo bien en cerrar el Congreso.
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De acuerdo con el periódico El Comercio de Perú, “una crisis política como la que el Perú atraviesa hoy debería dirimirse a través de los cauces institucionales y sin forzar ni estirar las costuras de la Constitución, más allá del clamor popular o de la desaprobación que arrastren nuestras instituciones en determinado momento. El cierre de un Congreso es tan lamentable ahora como lo fue hace décadas y, por eso, hemos perdido todos”.
¿Por qué el fujimorismo está dispuesto a seguir en la confrontación? De acuerdo con analistas citados por la televisión local, “debajo de todo el caos está la venganza coyuntural y la férrea voluntad de socavar la ley y las instituciones”.
El profesor peruano Alberto Vergara escribía en The New York Times que, “en resumen, el control total del parlamento utilizado para socavar el Estado de derecho ha dejado al país consternado. El fujimorismo afronta ahora, simultáneamente, el descrédito popular, procesos judiciales y una bancarrota electoral”. Un escenario que en otros casos marcaría un destino irremediable de derrota, pero que en el fujimorismo es solo un golpe más. Uno de esos de los que se levantan a punta de revanchas y malas jugadas.
Así lo decía el editorial del periódico La República de Perú: “Llegó el momento de superar el nefasto período que ha cumplido el Congreso disuelto, preñado de escándalos, acusaciones y abusos (...) Aunque doloroso, el parto de esa etapa se ha iniciado”.