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Semanas después de que el gobierno de Pedro Sánchez diera como superada la crisis de los plagios académicos, un nuevo escándalo de unas grabaciones ha puesto contra las cuerdas a una ministra de su gabinete.
De acuerdo con unos audios publicados por el portal español Moncloa, la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, durante una visita a Cartagena en 2009, se habría reunido con un grupo de magistrados del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General españoles, quienes en ese momento estaban acompañados por jóvenes cartageneras menores de edad.
La confesión de Delgado se habría dado durante una comida informal con el exmagistrado español Baltasar Garzón y miembros de la Policía, entre ellos el comisario retirado José Manuel Villarejo. En el banquete, la ministra cuenta la anécdota que le ocurrió en la ciudad colombiana, en donde estuvo en dos oportunidades por razones de trabajo.
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Delgado les dice que durante un viaje de trabajo en Cartagena relacionado con el Programa Aula Iberoamericana (foro de formación e intercambio de jueces y magistrados iberoamericanos), ella y una magistrada de la Audiencia Nacional intentaron salir con compañeros de la delegación española, pero no pudieron concretar la cita por que los jueces no quisieron. “Estos tíos 'missing' en combate”, dice.
Dolores Delgado, ministra de Justica de España. Foto: AFP
La entonces fiscal continua el relato contando a Villarejo y al resto de mandos policiales que, ante la negativa de los delegados, ella y la magistrada fueron a hacer compras y a tomarse unos mojitos a un sitio que les habían recomendado. En el lugar, las dos mujeres se encontraron con una sorpresa: los jueces que les habían dicho que no.
“Nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentaditas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General”, cuenta Delgado, que es interrumpida por un mando policial que, al parecer sabía de lo que hablaba la entonces fiscal.
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Policía: “Con 17 años, eh…”
Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”.
Policía: “Nosotros, lo primero que preguntamos es si votan. Y si votan…tras”
Delgado: “Y las explicaciones: camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no se qué”.
Los grupos políticos y medios de comunicación apuntan a que la charla fue interceptada por uno de los asistentes: el excomisario Villarejo, quien se encuentra en prisión preventiva incondicional desde noviembre de 2017 acusado de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
Antes las acusaciones en contra de Delgado, el gobierno socialista ha salido en su defensa. "No nos va a marcar la agenda un corrupto", afirmó de forma tajante en Nueva York el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante las insistentes preguntas sobre si respalda a la ministra de Justicia.
Villarejo, del que ya se informó hace tiempo que controlaba un pequeño medio informativo digital que usaba para filtrar información que le convenía, ha sido relacionado ahora con la nueva web www.moncloa.com, desde la que se divulgan los fragmentos de grabaciones que han salpicado a la ministra y a otros miembros del alto gobierno.
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Ante la gravedad de la denuncia, el gobierno colombiano, representado por el procurador Fernando Carrillo, quien se encuentra en Madrid, afirmó que en caso de que se confirme que algunos fiscales y jueces españoles se relacionaron, supuestamente, hace años con menores de edad en Cartagena, las autoridades españolas proporcionen información para llevar a cabo la investigación.
"Si esos hechos se presentaron de la forma como se ha narrado en esas interceptaciones, por supuesto lo mínimo que pueden exigir las autoridades colombianas es que se sepa quiénes fueron los responsables, quiénes han sido los victimarios, examinar la fecha de ocurrencia de esos delitos, la forma como se cometieron", afirmó Carrillo.
Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, es una de las ciudades más afectadas por la explotación sexual. De acuerdo con cifras de UNICEF, cerca de 2.000 menores de edad son víctimas de este flagelo en la capital de Bolívar.