La espera de una madre colombiana en Venezuela

Juan Pedro Lares tiene 17 días detenido y su familia no tiene información sobre su estado. / Cortesía

El conteo regresivo empezó el día en que Ramona Rangel le pidió a su hijo, Juan Pedro Lares, que pusiera las “trancas” de protección que tiene la puerta de su casa. A las 2 de la tarde del 30 de julio, más de 100 funcionarios de la Guardia Nacional y el Sebin intentaban entrar en la vivienda de los Lares a punta de fuerza, disparos y detonaciones de humo. Todos escaparon, menos Juan Pedro, el que puso las trancas y, según Ramona, el más noble de los hijos del mundo.

No era un día normal. La oposición invitaba a su gente a las calles para frenar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Decía Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, que ese día en Venezuela se oficializaba un gobierno de dictadura. Los Lares olían la tensión y fueron a casa a resguardarse.

En efecto, los hombres armados iban tras uno de ellos. El objetivo era el papá de los Lares, Ómar, el alcalde del municipio de Campo Elías, en el estado de Mérida. Y fue Juan Pedro, su hijo de 24 años, quien terminó preso, pagando el precio de la polarización del país. En Venezuela, tal y como ha documentado la organización Foro Penal, la justicia es administrada por el gobierno y está arrodillada a su servicio. “El único pecado de mi hijo es ser el hijo de Ómar Lares”, comenta Ramona.

Astrid, la mayor de los hermanos Lares, estaba en la casa del frente, donde vive su tía, cuando llegaron a romper la seguridad de su casa. Y fue la tía, hermana de Ómar, la que llamó a Ramona y se lo dijo:

- Es la guardia, tienen que salir.

Aprovecharon las dimensiones de su casa colonial. Más o menos una cuadra de distancia separaba la puerta principal de la trasera. Allá llegaron corriendo y se encaramaron en el techo para escapar. Pero Juan Pedro no llegó. Sólo días después les informaron que había sido trasladado a Caracas, a la cárcel del Helicoide.

Ramona está segura de que lo “secuestraron”. Y tiene argumentos: no existía una orden judicial ni cargos en su contra. A la fecha no le han dado ninguna información sobre la situación de su hijo, aun cuando la ley establece que antes de 48 horas debía ser presentado ante un tribunal. No se sabe nada de su estado de salud y no tiene visitas autorizadas, ni siquiera de su abogado. Ramona cree que la desinformación es un mecanismo de presión del gobierno para hacer que su esposo, actualmente refugiado en Colombia, se entregue. “Los hijos son sagrados. Con los hijos no se vale”, dice Ramona. “Le pido a Dios que ninguno de los funcionarios que dirigieron ese operativo tengan que vivir lo que estoy viviendo”.

Hace 17 días irrumpieron en su casa. Ella lleva la cuenta, porque desde el 30 de julio no duerme y tiene el corazón funcionando a medias, “arrugado”, “angustiado”.

El comienzo de la historia

Dos generaciones antes de Juan Pedro, Bárbara Colmenares de Rangel decidía abandonar su ciudad en Colombia, porque las cosas no andaban bien. Ella se sumó al éxodo de colombianos que buscaban una mejor opción de vida, en una Venezuela que hace seis décadas prometía mucho. Ahora, con 80 años, no sabe lo que está pasando con su nieto. Mejor así, dice Ramona, para cuidarla.

Gracias a Venezuela, Ramona logró construir una familia y una vida estable, con el papá de Ramona, quien nació en Venezuela. “Pero mi mamá siempre quiso que tuviera nacionalidad colombiana”, cuenta.

A Ómar lo conoció en el cuarto año del bachillerato. Y aunque en principio no le llamaba la atención, la fue conquistando. “Me conquistó con sus ocurrencias”, dice. Se casaron muy jóvenes, recién desempacados del colegio.

También me conquistó la idea del trabajo en conjunto”, comenta Ramona, quien cree que su marido y ella comparten ideales de país, de sociedad, de familia. Por eso se ha quedado a su lado, y junto a sus hijos, en todo el proceso que supone ser la compañera de vida de un activista opositor en Venezuela.

No es la primera vez que los Lares pasan por una situación como esta. En 2005 Ómar recibió tres disparos y siguió siendo víctima de amenazas contra su vida. En 2010, presuntos integrantes de colectivos armados por el gobierno, le robaron e incendiaron su vivienda.

La incertidumbre regresó el 1° de abril, cuando empezaron las protestas ininterrumpidas contra Maduro y su Constituyente. El llamado opositor fue salir a la calle, sin pausas, para exigir un cambio de gobierno. Las manifestaciones han dejado más de un centenar de muertos a la fecha y la ONU publicó un estudio donde asegura que el gobierno tiene responsabilidad en ello, pues ha hecho uso excesivo de la fuerza.

Y la cifra más grande de las protestas, la que ahora engrosa Juan Pedro Lares, es la de presos políticos. Van 676, según Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

Así, al empezar las manifestaciones, empezaron de nuevo los hostigamientos contra ellos, según ha denunciado la familia. Las amenazas empezaron a llegarle a Ómar Lares a través de llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales. Por eso tenían medidas de seguridad en su casa, que les alcanzaron a todos para huir, menos a Juan Pedro.

Cuando nació Juan Pedro, Ramona hizo lo mismo que su mamá con ella. Le dio la nacionalidad colombiana. Es así como, en medio del desespero y la desinformación, con la ayuda de la ONG Provea, Ramona decidió pedirle ayuda a la embajada colombiana en Venezuela. Juan Pedro es colombiano. Ayer en la mañana la Cancillería respondió que tiene una visita consular autorizada, en las instalaciones del Sebin, hasta agosto 29.

Mientras tanto, Ramona dejó su casa y está en Caracas a la espera.