La oposición venezolana quiere destituir a los magistrados (y le va a quedar difícil)

La mayoría opositora del Parlamento abrió un proceso para expulsar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Pero el efecto práctico de sus decisiones sigue siendo nulo.

redacción internacional
05 de abril de 2017 - 10:26 p. m.
Julio Borges, uno de los líderes de la oposición en el Parlamento venezolano, durante una rueda de prensa ante de la discusión del proyecto. / AFP
Julio Borges, uno de los líderes de la oposición en el Parlamento venezolano, durante una rueda de prensa ante de la discusión del proyecto. / AFP

Un reciente acto intensifica los roces entre los diputados opositores en Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): el Parlamento aprobó este miércoles un proyecto para destituir a los magistrados de ese tribunal. El argumento resalta que los magistrados fueron los encargados de ejecutar un “golpe de Estado” cuando decidieron transferir las funciones del Parlamento a sus propios dominios. Aunque fue reversada el fin de semana, la decisión amplió la ya mala relación entre los diputados, que son mayoría en el Parlamento, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El proceso que sigue, sin embargo, no promete ninguna buena noticia para la oposición. En su declaración contra los magistrados del TSJ, el Parlamento pedía también el restablecimiento del “hilo constitucional” y la liberación de los presos políticos, dos peticiones presentes desde sus primeros proyectos de ley. La realidad pragmática indica, pese a todo, que la petición y el proceso no arrojarán los resultados deseados.

Las razones son varias. La primera —y en cierto sentido la única y definitiva— es que las decisiones del Parlamento no tienen ningún efecto jurídico ni práctico. Desde enero de 2016, por sentencia del TSJ, el Parlamento fue declarado en desacato. Según el TSJ, los diputados incumplieron con las leyes al posesionar a tres diputados cuya elección fue rebatida por acusaciones de fraude. La oposición asegura que los retiró de sus escaños, pero el TSJ alega que el hecho nunca se realizó de manera oficial. Su situación de desacato significa que cualquier decisión que tome no es legítima. En ese sentido, el Parlamento es un fantasma: puede debatir, presentar proyectos de ley y decidir, pero el TSJ puede invalidar todas y cada una de esas decisiones, debates y proyectos de ley.

En cualquier caso, con la aprobación del proceso por parte del Parlamento, el siguiente paso es la evaluación de las acusaciones por parte del Poder Moral, conformado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró hace algunos días que la decisión de traspasar los poderes al TSJ violaba el orden constitucional. Fue el único funcionario de alto nivel que se pronunció contra la decisión jurídica. Ese voto, tal vez, estaría del lado de los diputados de oposición.

Los otros dos, sin embargo, están muy en duda. Tarek William Saeb, el defensor del pueblo, ha argumentado que no existió ningún “golpe de Estado” y que no hubo una “ruptura del orden constitucional”. Ese voto va por el no. Según el periodista de El País Alfredo Meza, el contralor general, Manuel Galindo, es muy cercano a la esposa de Nicolás Maduro. Su cercanía, entonces, podría invalidar su juicio. Se necesitan dos de tres votos para realizar la remoción de los magistrados.

Incluso si esta vía legal corre con buen destino, los opositores se encontrarían con la determinada negativa del TSJ, conformado por magistrados elegidos por el chavismo y cercanos a él, de reconocer cualquiera de sus competencias mientras se encuentre en desacato. Por ello, la oposición no está poniendo tampoco toda su fuerza en la resolución afirmativa de esta petición: sus esfuerzos de los últimos días están más centrados en una presión popular a través de marchas y mítines. Por eso, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo esta tarde: “No podemos fiarnos de un proceso institucional, porque actualmente no hay instituciones en Venezuela”. Luego aseguró que para que cualquier decisión del Parlamento tuviera efecto, tenían que salir a la calle.

Por redacción internacional

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