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Poco después de las 10 am (hora de Inglaterra), Julian Assange, el activista australiano y fundador de WikiLeaks, fue esposado y conducido a una camioneta de la policía de Londres, luego de que el gobierno de Ecuador le retiró finalmente el asilo político con el que estaba cobijado desde el 16 de agosto de 2012. Ahora, el programador y periodista enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos en la comisaría en la que fue detenido, por su trabajo con WikiLeaks, una organización que por medio de su portal publicó documentos de interés público. En el caso estadounidense, el más sonado, los papeles filtrados fueron principalmente sobre la actividad de ese gobierno en el exterior, en especial en las guerras de Irak y Afganistán.
Fueron casi siete años de encierro. Las imágenes en televisión mostraron a Assange, con una barba larga y el cabello recogido, gritando mientras era sacado de la embajada de Ecuador en Londres a la fuerza por la policía británica. WikiLeaks dijo, después de la detención, que el australiano no salió por su cuenta, sino que el embajador de Ecuador fue quien que le abrió las puertas a la policía londinense. Le recomendamos: Julian Assange, ¿víctima de la pugna entre Rafael Correa y Lenín Moreno?
El fundador de WikiLeaks llegó a la embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012, escapando de las denuncias hechas por las autoridades de Suecia por violación y abuso sexual, que ya han quedado archivadas. Tras conseguir el asilo por parte del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Assange denunció que había una “cacería de brujas” por parte del gobierno estadounidense en contra de él y WikiLeaks. En 2010, el sitio web publicó miles de archivos robados por la exanalista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos conocida como Chelsea Manning (anteriormente Bradley Manning), quien fue detenida en mayo del mismo año y posteriormente fue liberada el 17 de enero por el gobierno del presidente Barack Obama.
Con la liberación de Manning y el repentino abandono de las autoridades suecas en la investigación sobre denuncias de abuso y violación de Assange, se especuló que el activista pondría fin a su exilio. Assange dijo en 2017 que podría aceptar la oferta de ir a Estados Unidos siempre y cuando se respetaran sus derechos. El recién posesionado presidente de EE. UU., Donald Trump, había asegurado en campaña que le “encantaba WikiLeaks”, a pesar de que antes se había mostrado en contra de Assange y aseguró que era un “traidor” y que debería haber una “pena de muerte o algo” para su caso. Pero el cambio de opinión del republicano tenía una razón muy clara: el portal publicó correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton poco antes de celebrarse las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016, por las que Trump competía.
Sin embargo, la actitud positiva del gobierno de Trump con respecto a WikiLeaks volvió a cambiar cuando este llegó al poder. Dos de sus funcionarios, el exfiscal general Jeff Sessions y Mike Pompeo, exdirector de la CIA y ahora secretario de Estado, aseguraron en abril de 2017 que el arresto de Assange se había convertido en una prioridad para el gobierno estadounidense. Pese a sus declaraciones, las autoridades estadounidenses nada podían hacer, pues se enfrentaban al asilo que le daba Ecuador a Assange y a que el recién electo presidente de ese país, Lenin Moreno, había prometido no “extraditar a Assange”. Hasta ahora.
La relación del activista australiano con el gobierno de Ecuador se deterioró una vez Rafael Correa dejó el poder. En marzo de 2018, la embajada ecuatoriana le suspendió el acceso a internet a Assange y se quejó de que Assange interfirió con los asuntos de otros estados. Ese mismo mes, el gobierno del español Mariano Rajoy se contactó con su homólogo ecuatoriano para quejarse de que el activista había interferido con la política de ese país y había atacado a sus instituciones. Le puede interesar: Caso Wikileaks, el legado de Julian Assange en Colombia
Seis meses después, en octubre, Moreno activó un protocolo para regular aún más la estadía de su huésped en la embajada de Ecuador en Londres. Se le limitaron los pronunciamientos, visitas, comunicaciones, y se le notificó que a partir del 1° de diciembre de ese año, el gobierno ecuatoriano ya no se haría cargo de sus gastos de lavandería, aseo y comida, que ahora pasaría a asumirlos personalmente. Tras esas limitaciones, Assange acusó al gobierno de Moreno de violar sus “derechos y libertades fundamentales”.
En noviembre de 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos nombró inadvertidamente a Assange en un documento judicial, lo que algunos asumieron era la preparación de una acusación penal que el gobierno estadounidense buscaba hacer en secreto. El activista y sus partidarios han acusado reiteradamente que el gobierno estadounidense lo quiere procesar en secreto. El 23 de enero de 2019, los abogados de Assange tomaron medidas para que el gobierno de Trump revelara esos cargos, pero no tuvieron tiempo de hacerse públicas.
Desde el pasado 5 de abril se comenzó a rumorar que Assange sería expulsado de la embajada de Ecuador. WikiLeaks había alertado que el gobierno de Moreno utilizaría el pretexto de los “INA Papers”, un caso que vincula al presidente Moreno quien presuntamente se habría beneficiado de la adquisición de bienes a través de empresas con ventajas fiscales, una denuncia que hizo un diputado correista.
El abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, aseguró que su cliente no tuvo nada que ver con la publicación de los INA Papers. Moreno se ha defendido de las acusaciones de estos documentos y asegura que son “rumores sin fundamento”. Sin embargo, no se ha salvado de la polémica, pues el escándalo continúa debatiéndose en su país.
Poveda ha dicho que “si el presidente Moreno quiere terminar ilegalmente el asilo de un editor refugiado para encubrir un escándalo sobre empresas con ventajas fiscales, la historia lo condenará”. El expresidente Correa también se ha pronunciado sobre el caso y afirmó que “como Moreno está desesperado, busca desviar la atención, desfogar su frustración y por eso arremete contra Assange”.
Lenin Moreno aseguró que la finalización de la cooperación con Assange se debió a la “conducta irrespetuosa y agresiva” del activista y a “declaraciones descorteses y amenazantes de su organización, así como la transgresión de convenios internacionales han llevado a la situación en que el asilo es insostenible”.
Assange se enfrenta ahora a una pena de cinco años por delitos de filtración de documentos secretos del gobierno estadounidense. Además, aún existe la posibilidad de que las autoridades suecas reabran en su contra el proceso por violación. Sin embargo, el activista insiste que su trabajo ayudó a exponer crímenes de guerra.