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“La independencia del sistema judicial de Venezuela ha sido socavada”
Eso dice un informe publicado esta semana por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el informe, la independencia del sistema de justicia venezolano ha sido afectada por "la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política".
En su presentación, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que esta situación “ha afectado gravemente la capacidad del poder judicial de actuar de forma independiente para proteger los derechos humanos, y está contribuyendo a la impunidad”.
El informe también dedica un espacio a las violaciones a los Derechos Humanos que se presentan en actividad minera en Venezuela, en especial la que desarrolla en el denominado Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y que cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
El Tribunal Supremo de Justicia versus la Asamblea Nacional
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por las recientes decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlada por la oposición, contra los partidos de oposición venezolanos.
La publicación de este informe tiene lugar una semana después de que el TSJ decidiera suspender la directiva del partido político del líder legislativo Juan Guaidó, Voluntad Popular, y entregara el control de esa organización a un rival (José Gregorio Noriega), a pedido del presidente Nicolás Maduro.
Semanas antes, el mismo TSJ había hecho lo mismo con los partidos Primero Justicia y Alianza Democrática, en los que designó nuevos dirigentes afines al chavismo.
“Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales”, dice el informe de la ONU.
El informe subraya además las dificultades para que el Ministerio Público (Fiscalía) investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos para acceder a la justicia
“Las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia”, indica el informe.
De acuerdo con la ONU, uno de los principales obstáculos es el hecho de que las investigaciones de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas están supeditadas al trabajo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el cual rinde cuentas directamente al Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Este ministerio supervisa otros organismos encargados de la seguridad, como la Policía Nacional Bolivariana y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), lo cual puede, según el informe de la ONU, “generar un potencial conflicto de intereses y comprometer la independencia de la investigación”.
Además, el informe destaca que hay una gran impunidad en los casos de militares detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos. En la información más reciente comunicada a la ONU por las autoridades de Venezuela se indica que, entre agosto de 2017 y noviembre de 2019, se pusieron en marcha procesos de investigación a 766 miembros de las fuerzas de seguridad. Como resultado de ello, 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y 127 condenados.
Pésimas condiciones de los mineros
Los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016, denuncia el informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", subrayó la alta comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La investigación destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos".
El informe indica que esos "sindicatos" aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.
Además, las Naciones Unidas alertaron sobre las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país. Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.
Manos amputadas como castigo
Dentro de las muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, las Naciones Unidas dijeron que la gran mayoría son resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
“Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”, afirmó Bachelet en la presentación del reporte.
Llamado al gobierno venezolano
A pesar de lo anterior, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó que la fiscalía venezolana "ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad".
Sin embargo, añade, "aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género".
Bachelet pidió al gobierno de Maduro que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia en 2020 “para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos.
El informe de la ONU fue solicitado en septiembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
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