¿Por las buenas con Venezuela?

La pregunta ante las últimas escaladas venezolanas es: ¿por qué no se ha activado la Comisión Permanente de Conciliación?

Giovanny Vega-Barbosa*
29 de marzo de 2017 - 07:00 p. m.
Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela.  / AFP
Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. / AFP

El pasado lunes 20 de marzo, unos 60 militares venezolanos se instalaron en territorio de Colombia a la altura del caño Jujú, vereda Los Pájaros en el municipio de Arauquita. Lejos de tratarse de un hecho aislado, las poblaciones fronterizas confirman que los incidentes con los venezolanos son cada vez más frecuentes.

En los últimos 18 meses podemos contar entre esos “incidentes”, la interceptación de una aeronave de Avianca por parte por dos naves militares Sukhoi, la incursión aérea en la Alta Guajira de dos aeronaves militares venezolanas, los constantes choques entre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con supuestos contrabandistas colombianos, además de la intermitente expulsión de connacionales.

Si a estos hechos les sumamos una reciente declaración de altos mandos del ejército venezolano sobre la necesidad de fortalecer su capacidad militar, dada la presunta entrada de Colombia en la OTAN, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente está pasando en la zona fronteriza con Venezuela?

Aunque cada una de estas actuaciones genera problemas de derecho internacional y diplomático de alta gravedad, el Gobierno colombiano se ha conformado con actuaciones eficaces en el corto plazo, pero evidentemente incapaces de garantizar la no repetición o el escalamiento.

Vale decir que estas medidas parecen haberse afianzado en el tiempo al encontrar respaldo en una parte de la población colombiana, que entiende que actuaciones más agresivas podrían fortalecer la muy decaída imagen del Gobierno venezolano, así como validar la tesis del enemigo externo y otras maniobras de distracción frente a sus problemas domésticos.

Pero los hechos actuales han configurado una situación permanente que preocupa. Aunque ya eran graves las “acusaciones” por la presunta tolerancia a la presencia de Las FARC en territorio venezolano, hoy nos encontramos ante un hecho probado de ocupación militar y desconocimiento de una frontera territorial definida. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, lo justificó así: “Esa zona es “susceptible de alteraciones producto de cambios climatológicos que en el pasado derivaron en diferencias de interpretación. El cauce fluvial se modifica constantemente producto de la crecida del río”.

Sin embargo, el excanciller Julio Londoño lo explicaba así en El Tiempo: “se me hace que ha habido un error absolutamente evidente de los comandantes venezolanos, quienes deliberadamente mandan a unas tropas al otro lado con cualquier argumento que tengan en la mano. Eso no es factible porque el río Arauca, fundamentalmente, jurídicamente, desde 1891 en el Laudo Arbitral Español, y de ahí en adelante, ha sido la frontera entre los dos Estados”.

No es lo único. Hace rato que en Colombia preocupan cosas como las “Zonas de Defensa Integral Marítima e Insular” (ZODIMAIN), medida unilateral igualmente amenazante, que atenta contra la integridad de nuestro territorio. Esta actuación fue rechazada por la Cancillería colombiana mediante una nota diplomática del 17 de junio de 2015. La nota fue seguida por un Decreto venezolano de 6 de julio de 2015 que hizo caso de las exigencias colombianas. ¡Un triunfo para la Cancillería! En ese momento se invocó la “Comisión Presidencial Negociadora” e incluso se aplaudió una decisión del Presidente Maduro de conformar una “Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes”. ¿Y esto en qué quedó?

Con todo esto, le corresponde al Gobierno apelar al único mecanismo vigente que no ha utilizado: la Comisión Permanente de Conciliación, creada por el “Tratado de no agresión, arbitraje y arreglo judicial” de 1941. Aunque la Comisión no tiene competencia frente a asuntos territoriales, tiene competencia para todo lo demás. Se trata de un cuerpo a ser conformado por 5 notables, para adoptar decisiones por mayoría de votos, con capacidades de investigación y orientada por el propósito de la conciliación.

La pregunta es entonces si el Presidente está obligado a activar la Comisión.

Por virtud del artículo VI del Tratado, la Comisión debió ser creada el 12 de marzo de 1942, 6 meses después del canje de los instrumentos de ratificación. Aunque según el Profesor de Derecho Constitucional Leonardo Romero la acción de cumplimiento “nació muerta” y no permitiría conminar al Presidente a dar aplicación de la Ley 14 de 25 de agosto de 1941, por la cual se incorporó el tratado en Colombia, le asiste al Gobierno una obligación política de por lo menos promover el establecimiento y puesta en funcionamiento de la Comisión. Una exigencia popular al respecto resultaría justificada porque para nadie es un misterio que los mecanismos diplomáticos utilizados hasta la fecha no han permitido anticipar ni conjurar con vocación de permanencia instancias de afectación directa a la población civil y a otros intereses nacionales.

Pero hay algo más. Que el Tratado de 1941 no se haya utilizado en más de 70 años genera riesgos para su vigencia jurídica y práctica. Aunque débil como argumento jurídico, alguien podría alegar que en 70 años se ha configurado una práctica posterior entre los Estados que determina que, entre ellos, más allá de la consagración de la Comisión en un tratado antiguo, los problemas se resuelven por fuera de este. De otra parte, aunque el desuso de un tratado no se reconoce como una causal para su terminación, con cada incidente se afianza más entre los 2 gobiernos la falsa idea de que lograremos resultados distintos apelando a los mismos recursos. La realidad es que cada día se hace menos probable el recurso a mecanismos de vocación permanente. Cada día se consolida el desuso de la Comisión Permanente de Conciliación. También se hace claro que la tal “Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes” no existe.

Como van las cosas, lo único previsible es que se presenten más sobrevuelos, se reactiven los hostigamientos contra colombianos y se revivan o incluso fortalezcan los reclamos territoriales venezolanos. Para la mayoría de estos problemas un remedio sigue estando pendiente: la Comisión Permanente de Conciliación.  

*Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Colombia

 

Por Giovanny Vega-Barbosa*

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