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Jimmy Morales no es el primer presidente de Guatemala que termina en la cuerda floja por cuenta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El organismo de la ONU solicitó junto a la fiscal general de ese país que se suspendiera el fuero presidencial del actual mandatario, a quien piden investigar por la presunta financiación ilegal de su campaña, la CICIG, ya había estado detrás de la destitución de Otto Pérez, quien paga una pena de prisión por haber participado, desde la presidencia, en una red que se aprovechaba ilegalmente los controles aduaneros del país.
El acuerdo con el que la ONU y Guatemala crearon la CICIG se firmó en diciembre de 2006 pero llevaba varios fraguándose.
En 1996, al final del conflicto interno que enfrentó al estado de Guatemala contra la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), la paz llegó a Guatemala acompañada por un acuerdo de 17 puntos. Por primera vez en 36 años, el país se ponía ante un futuro sin guerra, pero la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad política hicieron que la dicha durara poco.
Según cifras de la ONU, en Guatemala mueren asesinadas unas 6.000 personas al año y sólo el 2% de esos crímenes terminan en un juicio, pero si la situación es mala, antes era mucho peor. En 2003, después de una oleada de atentados que terminaron con la vida de varios jueces, fiscales y activistas de derechos humanos, el gobierno guatemalteco permitió que la ONU y la OEA investigaran en el país para encontrar a los responsables.
El acuerdo con el que se permitía la cooperación de los organismos internacionales fue ampliamente rechazado por el Congreso y, más adelante, se encontró con un obstáculo insalvable cuando la Corte Constitucional dijo que el acuerdo violaba las funciones que la constitución guatemalteca le había encomendado al Ministerio Público.
En mayo de 2006 una versión corregida del acuerdo de cooperación llegó a la Secretaría General de Naciones Unidas. El acuerdo fue ratificado por el Congreso y entró en vigor en 2007.
La reacción del presidente Morales frente a la solicitud de la CICIG fue un claro ejemplo del estatus que ha alcanzado el organismo.
A la decisión presidencial de expulsar del país a Iván Velázquez, el exmagistrado colombiano al frente de la CICIG, le cayeron de todos lados. El procurador de Derechos Humanos, la comunidad internacional e incluso ministros del gabinete de Morales se opusieron a la declaratoria de persona “non grata” que finalmente fue reversada por la Corte Constitucional de Guatemala.
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En un evento en el que el comisionado Velázquez fue condecorado por las autoridades indíegenas de la municipalidad de Sololá, el pasado mes de julio, se destacaba el haber “despertado la esperanza de los guatemaltecos para luchar contra la corrupción” y le agradecían haberles mostrado “que sí se puede combatir [ese] problema”.
Los 71 alcaldes comunitarios de Sololá parecen tener razón: la CICIG no sólo ayudó a destapar la corrupción de la presidencia de Otto Pérez y ni está únicamente detrás de la que puede haber en la presidencia de Jimmy Morales. El organismo también ha ayudado a meter a la cárcel a Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de Antigua entre 2008 y 2013 y también ayudó a llevar ante la ley a 34 personas implicadas en la creación de una larga nómina de “fantasmas” que recibían sueldos por parte del Congreso de la República.
En una entrevista en la que reconocía la campaña negra que a través de las redes sociales se realiza en su contra, el Comisionado Iván Velásquez afirmó que el Ministerio Público de Guatemala, “ha tenido tradicionalmente un escaso desarrollo para tener capacidad para dar respuesta a amplios fenómenos no solo de corrupción sino de la criminalidad en general”.