Gobierno venezolano ve ilegales las audiencias en la OEA

¿Qué tan cerca está Venezuela de ir a la CPI?

Hoy, la Organización de Estados Americanos comienza dos audiencias para evaluar si la situación de Venezuela amerita ser elevada a la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de lesa humanidad.

Durante las protestas en Venezuela de este año se denunciaron violaciones a los derechos humanos. / AFP

Corría el 2006 cuando Luis Moreno Ocampo, entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), desestimó una denuncia contra el presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Recibió duras críticas por su decisión, que defendió con un sencillo argumento: “Consideré que no estaba probada la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Once años después, Venezuela vuelve a su escritorio. Esta vez, Ocampo ya no es fiscal de la CPI, sino que fue nombrado asesor especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para temas de crímenes de lesa humanidad.

En el seno de esa organización en Washington comenzará hoy una serie de audiencias para evaluar si la situación “de violencia y represión” de Venezuela amerita ser elevada a la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de lesa humanidad.

Moreno Ocampo escuchará a partir de hoy en una audiencia pública a representantes de la sociedad civil venezolana y a miembros de las fuerzas armadas.

En las audiencias se abordarán las “privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que muestren un patrón de que han sido producidas como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”, explicó la OEA. Asimismo, se analizarán “homicidios que muestren un patrón de que han sido producidos como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”.

De acuerdo con la OEA, la misión de Moreno Ocampo será facilitar a través de un proceso imparcial e independiente la recolección de evidencia. Esta información recolectada será analizada por un pánel de expertos antes del 30 de octubre. Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI, que determinará si hay méritos para continuar con el proceso.

En su informe del 17 de julio de 2017, Luis Almagro, secretario general de la OEA, consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que, sostuvo, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la CPI.

En una entrevista con la revista Perfil, Moreno Ocampo, sin embargo, hace varias claridades: “No basta con probar delitos aislados, ya que la figura de crimen de lesa humanidad implica la comisión de delitos graves en el marco de un ataque masivo o sistemático contra la población civil como parte de una política de un cierto grupo u organización”.

Agrega a Perfil que “una eventual denuncia ante la CPI sería por decisión de los demás Estados parte. Y Venezuela es miembro de la CPI (...) La novedad en este caso es que ya no se indaga sobre la acción de Estado, sino de grupos e individuos”.

Venezuela, en los informes

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió en Ginebra una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela, estimando que puede tratarse de “crímenes contra la humanidad”.

El informe de Amnistía Internacional, presentado este año, destaca detenciones sin órdenes judiciales y “procesamientos por delitos contra la patria, de terrorismo o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles”. Para la organización es preocupante la “motivación política detrás de las arbitrariedades y que estas suelen estar asociadas con la crítica, la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales”.

El último informe de la ONG, Foro Penal Venezolano, presentado el 9 de septiembre, documenta 136 casos de personas que fueron asesinadas en el ámbito de las protestas que comenzaron el 19 de abril. El número total de arrestos arbitrarios fue 5.341; 822 personas permanecen detenidas. El número de presos políticos es de 590.