El decreto de ley aprobado por el consejo de ministros para exhumar al dictador Francisco Franco, en España, deberá ahora ser votado por la cámara baja del Parlamento. Los socialistas (quienes iniciaron el proceso) son minoritarios, aunque esperan tener la mayoría con el apoyo de la izquierda radical de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes.
Ante la prensa, la vicepresidenta, Carmen Calvo, explicó que el decreto ley tiene una caducidad de 12 meses, y que la exhumación tendrá lugar previsiblemente "a final de año".
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La medida choca con la oposición de la familia, que se niega a que Franco salga del Valle de los Caídos, un impresionante conjunto monumental ubicado a unos 50 km al norte de Madrid, y en cuya basílica yacen los restos del dictador desde que murió en 1975.
Calvo explicó que el gobierno está preparado para todas las eventualidades, y detalló que si la familia no indica ningún lugar para la reinhumación o se sigue oponiendo, será el propio ejecutivo "el que decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladan los restos mortales de Franco".
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"No podemos perder ni un solo instante", enfatizó la vicepresidenta, cargando contra la "tumba de Estado" de que goza el dictador en esta basílica abierta al público, y añadiendo que "no hay ni una sola democracia" comparable "que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de 40 años".
El real decreto ley aprobado este viernes consiste en la modificación de dos aspectos puntuales de la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. El decreto introduce un párrafo que señala "la urgencia" de la exhumación, indicó Carmen Calvo, e indica al gobierno el procedimiento para hacerlo.