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El chavismo inició hoy el cierre de su campaña electoral para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos comicios prevén se celebren este domingo, en medio de la huelga convocada por la oposición venezolana y que se cumple de forma parcial en varias ciudades del país.
En Caracas la candidata del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y primera dama, Cilia Flores, pidió a los simpatizantes opositores "rebelarse" y tomar parte de los comicios para sumar en favor de la paz de la nación petrolera.
"Sus líderes que lo que tienen es una cultura de la muerte y no les importa nada de lo que pueda sufrir el pueblo (...). Es el momento de la rebelión, nosotros el 30 de julio tenemos que rebelarnos, rebelarnos contra esa violencia, rebelarnos contra la anarquía", dijo Flores en un acto con seguidores.
La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue hecha por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo para promover la "paz", pero analistas y opositores denuncian que el proceso es ilegal por la manera como fue convocado y por el proceso elegido por el oficialismo para elegir a los 545 asambleístas. Todos saldrán de las toldas chavistas, lo que explican expertos, terminará con la redacción de una constituyente a favor del Gobierno y sus aliados.
Por eso, la comunidad internacional decidió alzar la voz y presionar a Maduro para que suspenda el proceso, algo que parece improbable. Maduro ha dicho que la elección de los asambleístas se llevará a cabo el 30 de julio "llueve truene o relampaguee". Pero la presión crece. El Departamento del Tesoro anunció sanciones en contra de 13 funcionarios y exfuncionarios del chavismo y además advirtió que podrían venir sanciones en contra del país (la industria petrolera, se prevé) si la Constituyente sigue.
El Gobierno de EEUU afirmó hoy que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya elección está programada para este domingo, podría marcar el "fin de la democracia en Venezuela", y advirtió que quienes participen en su organización o como candidatos se exponen a sanciones estadounidenses.
"Vemos la fecha del 30 de julio como una línea crítica que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela", dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, que pidió el anonimato.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su "preocupación" por los informes sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde los opositores se disponen este miércoles a iniciar una huelga de 48 horas contra Asamblea Constituyente.
"Ya es hora de poner fin a esta violencia", urgió la jefa de la diplomacia europea, quien llamó a Caracas a respetar "la Constitución y el Estado de derecho" y a garantizar "el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la manifestación pacífica".
Mogherini subrayó además que la Constituyente es una "medida controvertida" para la sociedad venezolana, por lo que urgió al gobierno a "tomar medidas urgentes para restablecer la confianza antes del 30 de julio, como hizo al permitir que [el opositor] Leopoldo López pasara de la prisión al arresto domiciliario".
La funcionaria europea reiteró el llamado de la UE a todas las partes a "abrir los cauces de diálogo", expresando a su vez su apoyo a "la creación de un 'grupo de amigos' regional" aceptado por gobierno y oposición para alcanzar una "solución pacífica, democrática e integradora".
A ellos se sumó un grupo de 13 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó al Gobierno venezolano a que suspenda el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.
"Instamos al Gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio", reza el texto, que no se someterá a votación.
La declaración fue leída en la OEA por el embajador panameño, Jesús Sierra, y la suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Estos 13 países pertenecen al grupo de 14 naciones que promueven la mediación de la OEA en la crisis de Venezuela, con la ausencia en esta ocasión de Uruguay, que no ha explicado, de momento, por qué se ha desmarcado.
El texto insiste en "la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y la oposición".
Además, las naciones firmantes expresan su "profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia".
"Hacemos un llamado urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional, incluyendo la separación de poderes y en este sentido condenamos el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violencia", señalan.
"Declaramos nuestra voluntad de apoyar iniciativas para atender las necesidades económicas, sociales y humanitarias más urgentes, especialmente el suministro de alimentos y medicinas", agregan.
Las misiones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua expresaron su rechazo a que el Consejo Permanente aborde una vez más la crisis de la nación petrolera sin el consentimiento de su Gobierno.
El gobierno de Venezuela ha sido claro: La Constituyente va. Al menos así lo han dicho varios representantes del chavismo. Otras voces disidentes dentro del oficialismo le han pedido a Maduro parar porque puede "aumentar la violencia", pero Maduro es claro: el proceso seguirá. Analistas consideran que, tras la consulta opositora (en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron esta herramienta y al gobierno), el chavismo necesita demostrar su fuerza en las urnas. Por eso, el mecanismo, rechazado por todos seguirá.