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Hace un año, los puentes sobre el Bósforo en Estambul estaban bloquados por el Ejército. Por el cielo de la ciudad turca pasaban aviones de combate y helicopeteros mientras la ciudad se llenaba del ruido de disparos.
La primavera árabe había logrado ponerle fin a los regímenes autoritarios de Libia, Egipto y Túnez, pero lo que estaba pasando en las calles turcas era distitno. La noche del 15 de julio de 2016, un grupo de militares que se había tomado las intalaiciones del canal estatal anunció que se tomaría el poder para proteger la democracia del las garras del presidente Recep Tayyip Erdogan. En ese entonces, Erdogan llevaba diez y seis años en el poder y hoy sigue ahí, sin mostrar indicios de querer salir de ahí..
Para que el plan de los militares turcos prosperara habrían necesitado, por un lado, el apoyo de todas las fuerzas militaresn y, por otro lado, el respaldo popular. Ninguna de las dos pasó pasó. Horas después del anuncio que hicieron en televisión, los enemigos políticos de Erdogan salieron a condenar el ataque y cientos de personas se tomaron las calles y las redes sociales para pedir el regreso de la democracia.
La mañana después de las manifestaciones masivas, un académico le dijo turco le confesó al periódico británico The Guardian uno de sus mayores miedos: “Anoche existía la posibilidad de que el Gobierno utilizara esto para volver a usar un lenguaje unificador, para volver a hablar de paz, para unir el país. Sin embargo, hoy parece que van a usar el golpe para consolidarse en el poder”. Así fue.
Con una gran parte de sus adversarios en la cárcel, Erdogan empezó a impulsar un referendo para modificar la constitución. El objetivo, aunque se disfrazó con la idea de modernizar la constitución que había sido redactada por una junta militar en 1980, en realidad era incrementar los oderes presidente.
El 16 de aril de este año, al final de la jornada en las urnas, el 51.3% de los turcos votaron a favor de que Erdogan se convirtiera en el responsable de nombrar a los miembros de gabinete de ministros, a los jueces de alto rango y para aprobar el presupuesto de la nación, todo sin la verificación o beneplácito de ninguna de las otras ramas del poder del Gobierno turco.
El presidente, envalentonado por su buena racha, llegó a sugerir un segundo referendo para legalizar la pena de muerte, una jugada que se interpretó como un claro intento para,deshacerse, de una vez por todas, de quienes intentaron derrocarlo.
La crecida autoritarita de Erdogan no se queda allí. Según la BBC el régimen del presidente Turco es uno de los que más periodistas ha encarcelado alrededor del mundo, con una cifra cercana a laso 140.000 para abril de este año y a eso se suman sus recientes escaramusas contra los gobiernos Europeos.
En el frete internacional
En marzo, mientras Erdogan buscaba conquistar votos a favor en el referendo, cientos de cuentas certificadas en Twitter, entre las que estaban la la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, la revista Forbes y el servicio norteamericano de la BBC, fueron hackeadas para publicar un mensaje a favor del referendo turco y en el que, además, se acusaba de nazis a los gobiernos de Holanda y Alemania.En medio del ajedrez político del referendo, el voto de los más de 3 millones de ciudadanos turcos que viven en Holanda y Alemania era crucial. Por eso cayó tan mal la decisión de ambos países para limitar las manifestaciones políticas a favor del presidente Erdogan en sus territorios.
En el caso de Holanda, las represalias del gobierno turco llegaron al punto de prohibir el regreso del embajador holandés a Ankara, cerrar el espacio aéreo de Turquía para los vuelos diplomáticos y suspender las relaciones políticas de alto nivel. Adicionalmente, el vice primer ministro y portavoz del Gobierno turco, Numan Kurtulmus, llegó a amenazar con sanciones económicas, un gesto estrictamente político si se considera lo limitadas que son intercambios comerciales entre Holanda y Turquía.
Otra fuente de tensión es la crisis de inmigrantes provocada por los conflictos en Medio Oriente y el Norte del África. La Unión Europea pactó con Ankara que Turquía se encargaría de absorber parte de los inmigrantes que llegan a las costas del mediterráneo a cambido de 6.000 millones de euros, revivir las negociaciones (siempre infructuosas) para que Turquía se combierta en un estado miembro de la Unión y conceder la exención de visado para los ciudadanos turcos. Hasta el momento, Europa ha fallado en cumplir sus promesas.
Desorden y represión en casa
El día después del golpe Erdogan decretó el estado de emergencia. Desde entonces más de 130.000 personas han sido detenidas y otras 50.500 están en prisión preventiva.Según datos de Ministerio de justicia turco, mientras 47.000 personas siguen bajo el control judicial, 8.6000 ordenes de búsqueda y captura siguen vigentes por actos relacionados con el golpe.
El estado de excepción también ha provocado la intervención de casi mil empresas, 15 universidades, 156 medios de comunicación, 42 editoriales y más de 370 ONGs.
El golpe también trajo el despido de 130.000 funcionarios del estado a través de decreto.
Por otro lado, el terrorismo no ha parado de afectar a Turquía, con más enfrentamientos entre el ejército turco y las fuerzas separatistas Kurdas, en varias ciudades del sureste.
En un año, hubo siete importantes ataques terroristas desde el golpe, perpetrados por guerrillas kurdas y el Estado Islámico (EI), que han dejado más de 170 muertos y 770 heridos.