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Que Venezuela ya tocó fondo es una frase que se dice cada semana. Cada situación, una más grave que la otra –escasez de alimentos, falta de medicamentos, racionamiento de agua y luz, violencia creciente– hace pensar que el país tendrá que olvidarse de sus divisiones políticas y encontrar una salida. ¿Cómo? Sentándose a conversar (oposición y gobierno) sobre las soluciones que los venezolanos requieren. Pero ningún intento ha funcionado y hoy el país está inmerso en una tensión que escala con el paso de los días. Esta vez el motivo es el referendo revocatorio, contemplado en la Constitución venezolana, pero que el gobierno de Nicolás Maduro califica como “no obligatorio”. “Aquí Maduro no va a salir por referendo, porque primero aquí no va a haber referéndum. (...) Ellos saben que no va a haber referendo, porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude”, aseguró el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Equivocado.
De acuerdo con las normas venezolanas, en total se necesitan 213 días para llegar a un revocatorio presidencial. Tiempo que incluye no solo los trámites básicos de recolección de firmas, sino todos los procesos administrativos de verificación y subsanación de recaudos que ha previsto el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su norma electoral del año 2007. Mientras el debate crece, el próximo 2 de junio será el día clave en que el CNE dé el concepto sobre su realización.
Sí en 2016
Desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, el pasado diciembre, anunció su intención de terminar con el mandato de Nicolás Maduro. Para ello activaron un mecanismo: el referendo revocatorio, que de acuerdo con las normas, se podía activar una vez el presidente cumpliera dos años en el poder.
Según sus cuentas, los tiempos sí alcanzan para que la consulta se realice este año. El primer proceso tiene contemplado un tiempo aproximado de 75 días. Aquí la oposición debía recabar las firmas y huellas de 1 % de los electores inscritos en el Registro Electoral (191.198 electores) para conformar una Agrupación de Ciudadanos que promoviera la iniciativa. Después tenían tres días para recoger las firmas del 20 % de los electores. Recogieron cerca de 2 millones de firmas. Si el CNE avala la conformación de la Agrupación de Ciudadanos, esta instancia podrá iniciar los trámites administrativos para solicitar la activación de un referendo revocatorio presidencial, entonces deberá autorizar la recolección de firmas y huellas del 20 % de los electores inscritos en el Registro Electoral (3’823.960 firmas).
Después tendrá 90 días para organizar la consulta popular. Si se cumple el principal requisito previsto en el artículo 72 de la Constitución Nacional, habría consulta en septiembre.
Las medidas desesperadas del gobierno
Por estos días la situación en el país no es fácil: varias empresas han cerrado por falta de insumos, la inflación crece y el desempleo también. Esto con el fantasma del referendo revocatorio a las puertas de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro decidió entonces otorgarse amplias facultades para preservar la seguridad y paliar la escasez de alimentos y medicinas en el marco de un estado de excepción con el que enfrentará la ofensiva opositora para sacarlo del poder.
Precisamente, amparado en esa medida, Maduro amenazó ayer con un decreto de conmoción interior, en caso de que se desaten hechos “golpistas violentos”.
El estado de excepción, vigente desde el pasado viernes por 60 días y publicado este lunes, faculta al mandatario a dictar las “medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”. Entre las justificaciones, el texto indica que la oposición –mayoritaria en el Parlamento– pretende “el desconocimiento de todos los poderes públicos” e impulsa la “interrupción del período” de Maduro. El mandatario llamó a los consejos comunales a tomar las fábricas paradas. Con ello puso en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar –principal productor de alimentos y bebidas del país–, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios. Además, convocó para el sábado a ejercicios militares.
Sólo en 2017
El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado una “matriz internacional” para sacarlo del poder y con este argumento ha descalificado la iniciativa de la oposición para convocar un referendo. También lo hizo Hugo Chávez en 2004, cuando se negaba a la consulta. Sin embargo, la presión internacional lo obligó a medirse en las urnas. La diferencia con Maduro es el respaldo popular y la situación del país. Hoy, sólo el 21 % de los venezolanos aprueban la gestión del heredero de Chávez y la escasez, la inseguridad y otros problemas hacen que muchos pidan un cambio de gobierno. Ante ese panorama, el oficialismo se unió para decir que no había tiempo para convocar la consulta.
Voces como la de Diosdado Cabello, segundo del chavismo, dicen que el referendo no es una obligación. El vicepresidente denunció fraude y falta de tiempo para activar la herramienta contemplada en la Constitución. ¿Se realizará? Analistas piensan que sí, pero en el 2017, cuando la ley establece que en caso de que el presidente pierda el referendo, su mandato debe ser terminado por el vicepresidente. Los planes, según Cabello, son que si Maduro pierde, sea reemplazado por Aristóbulo Istúriz, quien nombraría a Maduro en el cargo de vicepresidente para después renunciar y que Maduro termine el gobierno.