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De acuerdo con medios estadounidenses, los órganos federales aceleraron a fines del año pasado la contratación de personal, puesto que se preveía un congelamiento de la planta laboral. Desde el comienzo de su campaña, Donald Trump insistió en “drenar el pantano” de corrupción en Washington. Además de esta medida, el mandatario tendría pensado limitar el número de períodos que un congresista puede ocupar su escaño y también el tiempo que debe pasar para que un trabajador público se convierta en lobista de una firma privada. Hasta hoy, un trabajador público (por ejemplo, un congresista) tiene que esperar sólo dos años para pujar por los intereses de una empresa privada. Dicho círculo vicioso de influencias, según Trump, ha desecho la confianza de los ciudadanos en sus políticos. (Lea: Trump firma orden que impide a EE.UU. financiar ONG que apoyen el aborto)
Mientras firmaba este decreto Trump comentó ante la prensa que la medida no afecta al sector militar. Durante la campaña electoral, había sugerido que las áreas de salud y seguridad también quedarían libres de ese congelamiento.
El segundo decreto que firmó el mandatario limita la financiación de ONG extranjeras a favor del aborto. La orden impide que estas organizaciones, entre ellas asociaciones de planificación familiar y defensa de los derechos de las mujeres, reciban fondos federales. Buena parte del gabinete de Trump está en contra del aborto. Sin embargo, quien más ha apelado a legislar sobre normas que lo constriñan ha sido su vicepresidente, Mike Pence, quien como gobernador de Indiana solicitó en varias ocasiones que los dineros que se entregaban a estas organizaciones se reinvirtieran en asociaciones que “proveen asistencia a aquellos que buscan cambiar su comportamiento sexual”.
Esta medida fue instaurada por el republicano Ronald Reagan (1981-1989) y anulada por el demócrata Bill Clinton (1993-2001). El republicano George W. Bush (2001-2009) la volvió a implantar en su gobierno, pero su sucesor, Barack Obama (2009-2017), la suprimió de nuevo.
Apuntalados por la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre, los contrarios al aborto en Estados Unidos se han movilizado y ya adoptaron, el mes pasado, en los estados en los que gobiernan, duras y cuestionadas medidas antiaborto.
El nuevo presidente, por su parte, se apresuró a nombrar en el Tribunal Supremo un juez ferozmente opuesto al aborto, precisando que esta nueva relación de poder en la alta jurisdicción podría desembocar “automáticamente” en la anulación del fallo Roe V. Wade, de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos.
“Las mujeres más vulnerables del mundo van a sufrir esta política, que mina años de esfuerzos a favor de la salud de las mujeres”, reaccionó Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood, la red más grande de planificación familiar de Estados Unidos.
“Esto va a provocar cierres de clínicas en el mundo entero, y un aumento de los embarazos no deseados y de abortos altamente peligrosos”.
El decreto firmado por Donald Trump “representa una agresión contra la salud de las mujeres”, juzgó por su parte la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).