El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, acusó al Gobierno del presidente Evo Morales de torturas y de violación de los derechos de los indígenas durante el ataque policial que sufrieron el pasado 25 de septiembre.
Villena presentó a los medios su informe sobre "la violación de los derechos humanos" de los nativos amazónicos y andinos que entre agosto y octubre realizaron una marcha de 66 días, de la Amazonía a La Paz, para pedir a Morales que frene la construcción de una carretera financiada por Brasil en una reserva natural.
El informe indica que en la acción policial no solo hubo "una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes" porque "los testimonios dan cuenta que, además, hubo actos de tortura".
El operativo fue planificado no solo para la detención ilegal, sino para aplicar la imposición de "castigos destinados a causar dolores o sufrimientos intensos física, psicológica y moralmente" con el uso de la fuerza excesiva, incluso contra niños, añadió.
Villena señaló que el entonces ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti decidió y planificó la intervención policial junto a sus colaboradores y a jefes policiales el 24 de septiembre, un día antes del ataque policial sufrido por los indígenas.
Por ello, el Defensor recomendó a la Fiscalía General seguir con las "acciones penales" contra Llorenti y una decena de funcionarios, el comandante actual de la Policía, general Jorge Santiesteban, y otros siete jefes policiales.
Según el informe, el objetivo del operativo era detener la marcha y, además, "castigarla, intimidarla, coaccionarla o discriminarla" por lo que los agentes agredieron y lesionaron a los nativos, pero también los insultaron llamándolos "indios de mierda", "sabandijas de la tierra", "perros indígenas".
La intervención provocó una crisis en el gabinete de Morales con la renuncia primero de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien criticó el operativo, mientras que Llorenti dejó su puesto tras la ola de críticas en su contra.
Morales ha negado haber ordenado la represión policial y la tildó de imperdonable, pero también pidió perdón a los indígenas por lo sucedido, mientras que los dirigentes de las etnias lo han acusado de tener responsabilidad en la intervención.
Al ser consultado sobre por qué el informe no cita directamente la supuesta responsabilidad del presidente, Villena dijo que la Fiscalía General debe profundizar y ampliar las investigaciones.
Con su llegada a La Paz el 19 de octubre y la instalación de un campamento a las puertas del Palacio presidencial, la movilización obligó a Morales a emitir una ley para frenar la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
No obstante, en los últimos días Morales volvió a señalar que no existe una alternativa en el trazo para esa ruta que unirá las regiones de Cochabamba y Beni, mientras que los sectores afines al Gobierno demandan que la misma se construya por el Tipnis, al margen de los convenios alcanzados por el mandatario y los amazónicos.
Villena dijo que era "sumamente preocupante" que Morales vuelva a señalar que no hay otra opción, porque eso es una "contradicción de fondo" con las demandas de los indígenas que realizaron la marcha.