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La Comisión Global de Política de Drogas presenta hoy su informe “Asumiendo el control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces”, en el cual insta a poner la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar, abandonando la vieja e inalcanzable meta de un mundo libre de drogas.
Tal como lo hizo en 2011, la Comisión —liderada por los expresidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo— hace un llamado urgente a dejar atrás las políticas prohibicionistas y probar con prudencia modelos de regulación responsable. Hace tres años, la Comisión hizo un llamado a romper el tabú; hoy insta a los países a tomar acciones.
¿Qué le dice el informe de la Comisión Global a la política de drogas en Colombia? El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado en múltiples espacios que es necesario el debate y que está abierto a explorar nuevas alternativas que conduzcan a una política de drogas más eficiente. La discusión ha avanzado hacia fuera, pero aún está pendiente la tarea de realizar cambios concretos hacia adentro. Hoy los desafíos son distintos y las nuevas realidades demandan ajustes de manera urgente.
No hay que negar que Colombia ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en lo que tiene que ver con la reducción de la oferta , así como en la ofensiva contra las organizaciones criminales de mayor tamaño. Sin embargo, como lo advierte el informe de la Comisión Global, el éxito de la política se sigue basando en los indicadores tradicionales. El número de hectáreas erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas continúan siendo los criterios para mostrar que el Estado está respondiendo.
Como lo señala el citado informe, estos criterios han sido insuficientes, han creado incentivos perversos y han hecho que los escasos recursos se enfoquen en las medidas represivas. En Colombia hay un fuerte desequilibrio en términos del gasto antidrogas, con solo el 4,74 por ciento enfocado en la reducción de la demanda. La mayoría del presupuesto se ha destinado a seguir al pie de la letra la bien conocida receta de la “guerra contra las drogas”, con enormes costos para el país.
En Colombia, en el período de 2008 a 2012, fueron capturadas 344.508 personas por delitos relacionados con drogas; 96% de estas aprehensiones fueron en flagrancia y relacionadas con delitos menores. En 2012 se incautaron 188 toneladas de cocaína, 348 de marihuana prensada y se erradicaron 30.487 hectáreas de cultivos ilícitos. Lo paradójico es que al mismo tiempo el consumo de drogas ha tenido aumentos significativos para el país. El índice de personas que en algún momento de su vida han hecho uso de drogas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) tuvo un aumento de más del 40 por ciento en un período de 5 años, de 2008 a 2013.
Como señala la Comisión Global, el régimen internacional de control de drogas se fundó con el objetivo principal de reducir las consecuencias negativas para la salud. Las cifras en Colombia muestran que la prevalencia del uso de drogas no solo no ha disminuido, sino que ha empeorado notablemente.
En cuanto a la seguridad, se podrá argumentar que el Estado derrotó a los grandes carteles y disminuyó los niveles de violencia. Sin embargo, la mirada regional obliga a matizar este balance. En 2013, la tendencia de cultivos de coca muestra un fuerte incremento en regiones donde se expresa intensamente, zonas donde el Estado no llega, rezagadas del desarrollo y expuestas a la influencia de organizaciones armadas de distinto tipo. No es un hecho menor que en los territorios donde se cultiva coca, las tasas de homicidio más que duplican el promedio nacional.
El mensaje de la Comisión es claro y contundente: “Poner la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere de una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, dejando de lado las fallidas leyes punitivas e impulsando intervenciones sanitarias y sociales basadas en evidencia”. Siguiendo esta recomendación, el país requiere asumir el control sobre su política de drogas, la cual hasta ahora ha estado en función de la confrontación armada, guiada por metas equivocadas y evaluada bajo criterios erróneos.
Asumir el control requiere romper la subordinación de las políticas de drogas a las políticas de seguridad, lo cual se ha traducido en un énfasis desproporcionado en la reducción de la oferta. Un paso alentador en este sentido es el liderazgo del actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la promoción de la “Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancia Psicoactivas”, que adopta la reducción de riesgo y daños como uno de sus ejes centrales. De la misma manera, un paso positivo es la discusión promovida desde el Ministerio de Justicia sobre la búsqueda de alternativas al tratamiento penal de los eslabones más débiles de la cadena.
El Informe de la Comisión Global, junto con el esperado informe de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, sin duda son insumos claves para hacer los ajustes necesarios y pasar del discurso a la acción. En el plano nacional, el actual proceso de paz abrirá espacios para la adopción de un enfoque basado en el territorio, que ponga las comunidades —y no el número de hectáreas cultivadas— en el primer lugar.
En el plano internacional, Colombia está llamado a tener un papel protagónico en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) de 2016. Pero para esto es necesario primero ordenar la casa, reorientar la política de drogas a nivel nacional y no cerrar el paso a la exploración de alternativas a la prohibición. El apoyo al proyecto de la legalización de la marihuana medicinal es un primer paso en este sentido. Como señala la Comisión Global, “es necesario que seamos audaces, pero también pragmáticos”, con la conciencia de que no existe una solución inmediata, ni un único camino para responder al desafío actual.
Juan Carlos Garzón Vergara*
@JCGarzonVergara
*Politólogo de la U. Javeriana, con Maestría en Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, Global Fellow del Woodrow Wilson Center y codirector del proyecto ‘Crimen Organizado y Economías Criminales’, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University.