:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/rha8IVWlJ4RStJ6wlrlaTe9CD6w=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/7RFXLSKGDRB6PJSUANZ6IJ2XB4.jpg)
Discriminación, violencia, desigualdad, conflicto, inseguridad, pobreza, daños medioambientales y falta de garantías respecto a la justicia por las violaciones de derechos humanos. Todos son calificativos usados por Amnistía Internacional para describir la situación de derechos humanos en América, que, según su informe anual lanzado este miércoles, está lejos de mejorar a causa, sobre todo, de la ineficiencia de los Estados.
En un extenso informe incluye capítulos especiales de países como Colombia, en donde lanzan algunos dardos al Estado por su participación activa en violaciones de derechos humanos y al acuerdo de justicia alcanzado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. (Vea aquí el panorama de Colombia según este informe)
Y es que ciertamente la región es una de las más violentas y desiguales no solo en términos económicos, sino de acceso a la justicia, por lo que, esta vez, el informe señala que no solo los derechos humanos están en peligro en Latinoamérica sino, además, las leyes que los protegen.
“América Latina y el Caribe albergan a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos -Brasil, Colombia, México y Venezuela— se comete uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial”, señala el estudio de la entidad que revela cifras más preocupantes, pues dice que “sólo 20 de cada 100 homicidios en América Latina desemboca en una condena; en algunos países, el porcentaje es incluso menor”.
Para Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América, pese a que la violación de derechos humanos en América Latina no es algo nuevo, la razón por la que no se avanza es porque “las políticas de seguridad de los estados han generado contextos permisibles para la violación de los derechos humanos y la respuesta de estos Gobiernos ha sido una respuesta militarizada que busca, equivocadamente, el uso de la fuerza para atender problemas sociales”.
(Archivo AFP)
“Ese uso de la fuerza ha generado en sí mismo situaciones de violación a los derechos humanos, en una región en donde la impunidad sigue siendo uno de los temas más profundos que estamos enfrentando, con sistemas de justicia que no garantizan imparcialidad en la toma de decisiones y en llevar a estos perpetradores ante la justicia”, añade Guevara Rosas en entrevista con El Espectador.
En el informe cada país tiene su pecado, por ejemplo, Amnistía Internacional critica al Gobierno mexicano por su falta de acción efectiva en contra del crimen organizado, pero sobre todo, por su presunta participación en desapariciones forzadas que ya alcanzan una alarmante cifra. En tanto en Paraguay alerta sobre el riesgo en el que se encuentran los derechos de salud sexual y reproductiva, esto después del “caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada repetidamente -presuntamente por su padrastro-, y que tuvo una gran repercusión internacional, y puso de relieve la necesidad de revocar la draconiana ley contra el aborto de ese país. Las autoridades se negaron a permitir un aborto a pesar de la evidencia de que la vida de la niña corría peligro debido al embarazo”.
Cuba, pese a su apertura internacional evidenciada en 2015 con la descongelación de las relaciones con EE.UU. no se quedó atrás pues, “aun así, las autoridades sofocaron la disidencia y siguieron deteniendo arbitrariamente a miles de personas por el simple hecho de manifestar su opinión de forma pacífica”.
Venezuela también es otro de los casos que más preocupan a la entidad puesto que aún no hay culpables tras las violentas represiones ocurridas a principios de 2015 y que dejaron más de 40 personas muertas y, según Amnistía, siguen siendo visibles los casos de represión en contra de los opositores de gobierno.
“Se ha generado una situación realmente critica. Estamos viviendo una crisis de derechos humanos que lamentablemente se invisibiliza en la retórica de los estados frente a supuestos progresos económicos, excusas que realmente no están afectando positivamente a las mayorías”, apunta Guevara quien añade que “la influencia del crimen organizado se ha vuelto una excusa para que los Estados ejerzan estas políticas de seguridad represivas en donde terminan reprimiendo a los que se oponen a las políticas de Gobierno”.
La organización no gubernamental parece haber puesto el dedo en la herida para alertar a toda América de una crisis “de mayores proporciones” que toca muchos ángulos, incluso, tal como recalca Guevara, frente a una crisis de refugiados que no solo se está viviendo en el Mediterráneo sino también en el continente americano con miles de personas que intentan huir de la injusticia social, la violencia y el hambre.
“Los focos están en los refugiados sirios, pero, si vemos de cerca, esta realidad no dista mucho de la latinoamericana (…) lo triste es que esto no ocupa los asuntos número uno en la agenda de los gobiernos porque, lamentablemente, hemos normalizado estos temas. Pero hay una crisis y las personas están sufriendo y buscando protección internacional. Los desafíos son enormes”, concluye Érika Guevara.