Amnistía Internacional pidió este martes apoyos para su campaña a favor de que Puerto Rico cambie la legislación vigente y permita la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, así como de parejas cuyos miembros no hayan contraído matrimonio.
El año pasado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, basándose en el Artículo 138 del Código Civil, denegó el derecho a dos personas del mismo sexo a adoptar un niño.
"Esta decisión es prueba fehaciente de la necesidad de una Legislatura que se atreva a legislar basada en derechos humanos y no en prejuicios", defendió hoy el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Pedro Santiago.
En ese sentido, recordó que "estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas formas de crear una familia", por lo que "el estado debe reconocer este hecho y otorgar los debidos derechos a nuestra niñez".
"Todos los niños y todas las niñas merecen igual protección y la seguridad de su unidad familiar independientemente de su composición", defendió en un comunicado de prensa para recabar apoyos para un proyecto de Ley presentado en el Senado de Puerto Rico que busca permitir las adopciones con independencia del estado civil de los futuros padres o de su orientación sexual o identidad de género.
Ese proyecto busca eliminar de la Ley de Adopción la disposición que da prioridad a los matrimonios a la hora de adoptar y reconoce expresamente el derecho del niño a recibir pensión alimentaria con independencia del estado civil y el género de sus padres, a heredar bienes de ambos y a recibir beneficios como planes médicos y seguros sociales.
La campaña, que se puede firmar en la web de la organización, se lanza tan sólo unos días después de que dos mujeres demandaran a Puerto Rico ante un tribunal estadounidense por no reconocer el matrimonio que contrajeron hace diez años en Massachusetts.
Ambas fueron la primera pareja puertorriqueña en casarse en Massachusetts, el primer estado de EE.UU. donde se legalizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En las últimas semanas, multitud de organizaciones locales se han sumado a la petición de que al menos se reconozcan en Puerto Rico los matrimonio contraídos en otros estados, como un avance hacia la plena igualdad de derechos de las personas con una orientación sexual o identidad de género no mayoritaria.
"Es hora de que en esta patria podamos tener el mismo derecho que tienen las parejas heterosexuales de casarse y acceder a todos los beneficios, derechos y protecciones que el Estado confiere. Ya es hora de la igualdad", dijo recientemente Pedro Julio Serrano, portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s.
La pareja sostiene en la demanda que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece la libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden a homosexuales y lesbianas casarse legalmente.
Por ello, piden que se declare inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que estable el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.