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Tercera parte de la población norcoreana sufre grave escasez de alimentos

Ese país, en tensa situación con su similar de Corea del Sur, destina amplios recursos al campo militar.

Con información de EFE
26 de mayo de 2010 - 08:29 p. m.

Casi 9 millones de personas, más de la tercera parte de la población de Corea del Norte, sufre una grave escasez de alimentos, según se indica en el Informe 2010 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que se presentó este miércoles en Londres.

En el documento, Amnistía Internacional (AI) señala que "la escasez de alimentos afectó a la mayor parte" de Corea del Norte "y se temía que aumentase la inseguridad alimentaria por la deficiente gestión económica y la disminución de la ayuda internacional".

Miles de personas cruzaron en 2009 a China desde Corea del Norte, "fundamentalmente en una búsqueda desesperada de alimentos", se destaca en el informe de AI, que poner de manifiesto que la escasez de comida "afectó a la mayor parte" del país "y se temía que aumentase la inseguridad alimentaria por la deficiente gestión económica y la disminución de la ayuda internacional".

A su vez, manifiesta AI, las autoridades chinas "detuvieron y devolvieron a miles de norcoreanos, que fueron recluidos, interrogados y torturados" e incluso "algunas personas fueron sometidas a desapariciones forzadas que el gobierno se negó a reconocer". De hecho, apunta AI, "se desconocía el paradero de miles de norcoreanos devueltos desde China a lo largo del año".

Por otra parte, el régimen norcoreano está decidido a proseguir con sus pruebas nucleares pese al endurecimiento de las sanciones en la ONU, lo que complica de manera notable la entrada de ayuda humanitaria en el país. AI comenta que la ayuda internacional a Corea del Norte "disminuyó drásticamente" después de la prueba nuclear llevada a cabo en mayo de 2009 y "a causa del cansancio de los donantes".

Esto dio lugar a que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) "redujese sus operaciones de emergencia" y la ayuda sólo llegó a 2,4 millones de personas, frente a los 6 millones previstos en un primer momento, se indica en el documento. AI glosa unas declaraciones del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el sentido de que "los problemas humanitarios de Corea del Norte -como la escasez de alimentos, el desmoronamiento del sistema de salud y la falta de acceso al agua potable- dificultaban enormemente la realización de los derechos humanos de la población".

Por otra parte, AI denuncia que en Corea del Norte se han continuado practicando "detenciones arbitrarias por motivos políticos" y se evidencian "graves restricciones a la libertad de expresión y circulación", todo ello mientras las autoridades de Pyongyang continúan denegando el acceso al país a observadores independientes en materia de derechos humanos.

Por otro lado la organización pro derechos humanos denuncia un método de castigo aplicado en Corea del Norte y conocido como la aplicación del principio de "culpables por asociación", de tal modo que se castiga colectivamente a todos aquellos a quienes se relacione con personas hostiles al gobierno".

Asimismo, han continuado las ejecuciones en la horca o mediante fusilamiento y al parecer algunas de ellas se han llevado a cabo en público por delitos como asesinato, trata de personas, contrabando espionaje, divulgación de información " perjudicial" y difusión de material religioso y, según la información de medios de comunicación extranjeros, al menos siete personas fueron ejecutadas.

El gobierno norcoreano " continuó imponiendo graves restricciones a los medios de comunicación y castigando toda forma de asociación y expresión que considerase hostil, incluidas las prácticas religiosas", se destaca en el informe. En este sentido, AI denuncia que las autoridades norcoreanas "continuaron deteniendo a personas por poseer teléfonos móviles chinos no autorizados o vender vídeos surcoreanos".

AI destaca la contradicción que supone la supuesta práctica de todas estas violaciones de los derechos humanos con la reforma constitucional promulgada en abril de 2009 y en la que se indica que el Estado debe " respetar y proteger los derechos humanos".

Por Con información de EFE

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