Foto: EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, participa en el lanzamiento de la nueva red estatal Abastos Bicentenario, instalada en los 35 locales de la cadena Cada, de capitales franceses y colombianos, expropiada por su gobierno a principios de este año.

“Hedía como cien perros muertos”, dice Dayana Reyes, segura de que no ha exagerado lo suficiente. El olor que llegaba a su casa desde Puerto Cabello, era el de miles de toneladas de carne podrida. Este año, en el Estado de Carabobo, donde se halla el segundo puerto más grande de Venezuela, han sido localizadas 103.802 toneladas de alimentos putrefactos que el Gobierno de Hugo Chávez ha importado y abandonado dentro de contenedores en muelles y almacenes. Son millones de kilos de comida que debían ser vendidos a bajo precio en la red de mercados socialistas del Estado.

Los vecinos de la parroquia de La Fraternidad, que tienen por horizonte montañas de contenedores que sobresalen tras los muros del puerto, fueron los primeros en olerse que había algo podrido en las importaciones oficiales. En abril de 2009, les informaron de que el aroma provenía de 50 contenedores con alimentos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos -Pdval-, filial de la estatal Petróleos de Venezuela -Pdvesa-. Pero la noticia no se convirtió en escándalo nacional hasta hace pocas semanas, cuando comenzaron a aparecer cientos de lotes de contenedores cargados de comida descompuesta. Y lel pasado día 15 el Gobierno de República Dominicana devolvió a Venezuela un barco cargado con 60 contenedores con latas de atún, leche y pasta caducadas, que había sido enviados por el Gobierno de Chávez como ayuda humanitaria para Haití.

El asunto es grave, ha dicho el presidente-comandante, pero no demasiado representativo. “Estas toneladas son bastantes. No quiero minimizar en nada su gravedad, pero no representan ni el uno por ciento del inmenso caudal de alimentos que ahora sí les llega a ustedes (al pueblo) gracias a Mercal y gracias a Pdval”, dijo Chávez el pasado día 3, cuando salió en defensa del presidente de Pdvesa y ministro de Energía, Rafael Ramírez. Para Chávez, “la oligarquía” ha infla do el caso para desprestigiar la “lucha por la soberanía alimentaria del pueblo”. Desde hace siete años, Chávez intenta hacerse cargo de la producción, distribución y comercialización de alimentos para resguardarse del “sabotaje” del sector privados. En 2003, comenzó por crear la empresa Mercados de Alimentos -Mercal-, que instaló puestos de venta callejeros de comida a bajo coste por todo el país.

En enero de 2008, Chávez ordenó a la gerencia de Pdvesa que garantizara la “soberanía alimentaria” del país y creó Pdval.la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos -PDVAL- como apéndice de la petrolera, que se encarga desde las compras en el extranjero, hasta la venta de comida en mercados socialistas. Más del 70% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados y buena parte de estas compras las hace directamente el Gobierno en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, utilizando para ello una tasa de canje preferencial del dólar, en medio del férreo control de cambio que opera desde 2003. Ahora la revolución reconoce tímidamente que debió encargar de esto al Ministerio de Alimentación y no a la petrolera, que quizás por su poca experticia se pudrió la comida.

Otro tanto de responsabilidad le corresponde a la administración de los puertos, que fueron nacionalizados en 2009 y puestos a cargo de la empresa Bolivariana de Puertos, 51% venezolana y 49% cubana. Trabajadores de los muelles, que han pedido el resguardo de su identidad por temor a ser despedidos, afirman que Puerto Cabello funciona a media máquina desde que fue estatizado. “Por pura burocracia, la mercancía tarda entre uno y tres meses en salir del puerto”, dice uno de ellos. En la demora hay un gran negocio: el alquiler de cada contenedor le cuesta al Estado unos 150 dólares que, multiplicados por miles y hasta por un año, suman mucho dinero. Para soportar la espera, los contenedores refrigerados que transportan pollo y carne requieren de electricidad, pero durante dos horas al día se quedaban sin energía, expuestos al sol, por causa del plan de racionamiento del servicio que se aplicó hasta hace un par de semanas en Venezuela.

En medio de la polémica por las toneladas de pollos podridos, este sábado en la mañana Carmen hizo fila durante dos horas frente a un mercado de PDVAL para comprar uno en buen estado. Tiene 48 años, parece de 55, trabaja limpiando casas ajenas y gana unos 300 dólares al mes. El pollo le ha costado un dólar con cincuenta, más barato que los que venden por dos dólares en los supermercados privados. “Pero sólo te venden uno por persona. Por eso me traigo a uno de mis hijos a hacer las compras, pa’ poder comprar dos”, dice. En Venezuela no hay libretas de racionamiento, como en Cuba, sino racionamiento, a secas.

Es culpa de “los ricachones”, de las empresas privadas, que el país atraviese desde hace tres años periodos de escasez de harinas, leche, carne, pollo, mantequilla y arroz, y que la inflación acumulada de este año sea ya de 14,2%, dice el Gobierno. Por eso, en los últimos dos años, la revolución ha expropiado o intervenido 76 empresas y propiedades vinculadas al sector de alimentos. Entre las compañías afectadas se cuentan grandes procesadoras de cereales, café y tomate, como Molinos Nacionales -Monaca-, Cargill y Heinz, y cadenas de hipermercados, como las colombo-francesas Éxito y Cada. La empresa venezolana más grande del sector, Alimentos Polar, es la siguiente en la mira de Chávez.

El presidente-comandante les acusa de acaparar alimentos y de liderar la huelga que paralizó al país entre diciembre de 2003 y febrero de 2004. “-Lorenzo- Mendoza si tú crees que no soy capaz de nacionalizar a Polar, no te equivoques, porque te tengo ahí”, retó Chávez al dueño de la compañía el 3 de junio. Las empresas Polar fueron fundadas hace 70 años, emplean a unos 30.000 trabajadores y cuentan con 30 plantas industriales y más de 150.000 puntos de ventas, según datos de la compañía. En marzo, el Gobierno expropió algunas de sus propiedades en la ciudad de Barquisimeto, en el centro del país. Dos meses más tarde, la Guardia Nacional decomisó 120 toneladas de alimentos de los depósitos de alimentos y de inmediato Chávez pidió a la Fiscalía abrir un procedimiento contra la empresa por el delito de “acaparamiento”, por jugar tan descaradamente con el hambre del pueblo.