Los Gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido utilizan información de servicios secretos extranjeros obtenida bajo tortura en la lucha contra el terrorismo, denunció hoy en un informe difundido en Londres Human Rights Watch (HRW).
El informe de 62 páginas, titulado "Sin preguntas: la cooperación en inteligencia con países que torturan", afirma que "Berlín, París y Londres deberían trabajar para erradicar la tortura y no confiar en la información conseguida bajo tortura en el extranjero".
Judith Sunderland, investigadora jefe de HRW para Europa Occidental, destacó que "aceptar la información de torturadores es ilegal y es algo intrínsecamente malo" y reveló que los servicios de inteligencia de estos tres países europeos no tienen directrices oficiales sobre cómo se deben manejar estos datos.
Sunderland explicó que la supervisión parlamentaria ha sido "inadecuada", pese a que los servicios secretos de estos tres países "han reconocido que es imposible conocer las fuentes y los métodos empleados para conseguir la información que se comparte".
HRW denunció también que este tipo de material ha sido utilizado en procesos judiciales contra acusados de terrorismo en Francia y Alemania, pese a que sus leyes lo prohíben.
Entre otros, se cita el caso de Djamel Beghal, cuyas declaraciones obtenidas mediante maltrato en los Emiratos Árabes Unidos fueron aceptadas en su contra en un tribunal francés, donde fue procesado por planear un atentado terrorista.
Otro ejemplo es que los tribunales alemanes han aceptado como prueba el contenido de los interrogatorios de sospechosos de terrorismo que estuvieron incomunicados en EEUU o las declaraciones de Aleem Nasir, un ciudadano paquistaní nacido en Alemania, cuando estuvo detenido por el servicio de inteligencia de Pakistán.
HRW lamentó que en la práctica el material obtenido bajo tortura pueda ser utilizado ante los tribunales de estos países, ya que corresponde a las defensas de los acusados demostrar que la prueba se consiguió de manera ilegal, "algo prácticamente imposible".
"Las reglas con las que se pretende excluir la tortura de los tribunales no funciona. Deberían ser las acusaciones las que demostraran que las pruebas que se originaron en países donde se tortura no se obtuvo mediante el abuso", dijo Sunderland.