El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la mayor parte de los grupos del Parlamento Europeo, apoyaron el examen por presunta discriminación contra Francia que lleva a cabo la Comisión Europea a raíz de las expulsiones de gitanos de este verano.
La presunta vulneración de valores de la UE y sus libertades fundamentales por parte del Elíseo en el asunto de los gitanos ha centrado buena parte de las intervenciones en el debate en el que la Eurocámara ha analizado la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
"La prohibición en todas las formas de discriminación basada en nacionalidad o etnia es uno los principios fundadores de la UE", afirmó rotundo ante la Eurocámara el presidente del Consejo.
Al dar cuenta de las conclusiones alcanzadas en la cumbre comunitaria, Van Rompuy apuntó la voluntad de los Veintisiete de seguir trabajando sobre el asunto de los gitanos y también "el derecho y la obligación de la CE de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria".
Aunque en los medios toda la atención se ha dirigido a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, y sus polémicas declaraciones en las que comparó la situación con la Segunda Guerra Mundial, es ante el Tribunal de la UE donde podría librarse la batalla entre la CE y París si finalmente se abre un expediente contra Francia.
Bruselas hará público la semana próxima su análisis legal para comprobar si debe denunciar a Francia por vulnerar el principio de no discriminación y la libre circulación de ciudadanos con la expulsión de gitanos de Rumanía y Bulgaria de su territorio.
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Maros Sefcovic señaló en el debate que el Ejecutivo comunitario "tiene claras sus responsabilidades" y que las disputas entre instituciones "no pueden desviar la atención del elemento esencial, la integración del pueblo gitano".
La mayoría de los grupos de la Eurocámara defendió la investigación de la Comisión y censuró las críticas a Viviane Reding, quien ayer se defendió de los ataques y dijo que había salido "reforzada" de la polémica.
El presidente del grupo Socialista, Martin Schulz, pidió que se proteja el principio de libre circulación de personas "con el mismo celo con el que se hace con la circulación de capitales".
Schulz añadió que la "renacionalización" de la política europea que, según él, pretende Sarkozy "se topará con la resistencia europeísta de la Eurocámara".
Por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE) afirmó que los gitanos, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen derechos pero también obligaciones impuestas por las leyes como escolarizar a sus hijos.
Fuera de la polémica, en el plano de la gobernanza económica, Van Rompuy defendió ante el PE las medidas comunitarias adoptadas para hacer frente a la crisis como "el gran logro" de los primeros ocho meses desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
"Aunque hay quienes dicen que tardamos en tomar una decisión, comparado con las negociaciones para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 hemos sido muy rápidos", señaló.
"Hace unos meses nadie hubiera creído que el PIB iba a crecer así", señaló Van Romuy, quien reconoció pese a todo que "muchos países todavía sufren la crisis y el desempleo".
Finalmente, el presidente del Consejo Europeo respaldó el trabajo de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, en el objetivo común tras Lisboa de tener una voz en Europa y dejar claros los objetivos y prioridades comunitarias a los socios estratégicos en las cumbres bilaterales.